El vaciado de cinco embalses abre el debate sobre la titularidad de las hidroeléctricas antes el fin de las concesiones

El bajo nivel de los embalses hidroeléctricos ha disparado las alarmas en las confederaciones hidrológicas, que en la última semana han decidido abrir un expediente informativo a Iberdrola para determinar si la eléctrica se ha excedido en los límites de desembalse que le están permitidos tras el “drástico” vaciado del embalse de Ricobayo, en Zamora. 

A este se suman cuatro embalses más en Galicia que están siendo investigados por la misma razón. En Ourense Portas y Cenza, gestionados por Iberdrola, y Salas, a cargo de Naturgy, que también gestiona en Lugo el embalse de Belesar, según confirman a Newtral.es desde prensa de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Estos vaciados llegan, además, en un momento crítico para la gestión del agua en España: la época de sequía. 

Estas acciones tan bruscas en instalaciones hidroeléctricas ya amortizadas han vuelto a abrir el debate sobre el precio de la luz y la intervención del Estado para evitar situaciones como esta. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, planteó el pasado 12 de agosto en una entrevista en la Cadena SER la posibilidad de crear una entidad pública que agrupe las explotaciones hidroeléctricas según vayan expirando las concesiones. 

Esto coloca en el punto de mira a las confederaciones hidrográficas, las encargadas del control de estos embalses, que a su vez están pendientes de la aprobación de los planes hidrológicos de 2022-2027, por los que se espera que reciban inversiones de hasta 20.000 millones de euros para llevar a cabo cambios sostenibles en los ríos y litorales. 

El fin de las concesiones a hidroeléctricas 

Un total de 27 concesiones de grandes presas terminan en la próxima década, según han precisado desde el Ministerio a Newtral.es. De ellas, 11 lo hacen durante esta legislatura, aunque solo cuatro están asociadas a grandes embalses de generación hidroeléctrica. 

De acuerdo con Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo y especialista en derecho de aguas de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el fin de las concesiones puede provocar el fin de estos aprovechamientos. “Con la eliminación de concesiones obsoletas, está en manos de las administraciones decidir si se quiere o no eliminar lo construido en dominio público.” Esto tendría beneficios sobre todo en términos ecológicos y de restauración de ríos.

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Sin embargo, otros expertos no creen que la creación de una empresa pública sea la respuesta. “El problema está en el consumo, en que demandamos más que lo que se oferta y por cómo se fija el precio de la electricidad acabamos pagando más por energías renovables de coste cero”, explica Emmanuel Lázaro, director técnico de Nexia Renovables a Newtral.es. 

El vaciado de embalses

Los expedientes que se han abierto tanto a Iberdrola como a Naturgy a raíz de las actuaciones en embalses hidroeléctricos deberán mostrar si se ha violado alguna de las condiciones en las concesiones. Según Brufao, las confederaciones tendrán que examinar, entre otras cuestiones, si se han incumplido las “tasas de fluctuación”. “No se puede abrir de golpe un pantano, sino que tienen limitaciones de tiempo, para evitar cuestiones ambientales y de seguridad”.

El desembalse tan rápido de una instalación de tanta capacidad como Ricobayo, de 1.145 hm3, la octava más grande del país, supone generar mucha energía muy rápido. Las grandes presas tienen acumulada mucha agua y las empresas pueden elegir el momento en que el que turbinar, según dicen los expertos. “Me imagino que lo que están haciendo es turbinar este año más porque el precio [de la energía] está más alto”, apunta Lázaro. 

Aunque cada presa tiene unas condiciones de explotación diferente según el caudal del río y la situación aguas abajo, entre otras, todas tienen que adherirse a una serie de normas de explotación y seguridad. El pasado mes de abril, el Gobierno aprobó un real decreto que incluía las normas técnicas para la seguridad de presas y embalses. Estas normas se aplican tanto a las presas estatales como a los concesionarios, y su negado cumplimiento puede derivar en expedientes sancionadores, de acuerdo con el artículo 9 de esta norma. “La aprobación ha costado mucho, casi diez años. En cuanto a la labor de mantenimiento de presas vamos muy retrasados, no es algo que se pueda retrasar tanto, sino que se tiene que hacer año a año”, insiste Raúl Herrero, ingeniero de caminos y profesional independiente. 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, insisten en que “las concesiones hidroeléctricas también tienen que adaptarse a la nueva realidad del cambio climático”, como señaló Hugo Morán, el secretario de Medio Ambiente, en la reunión con los alcaldes afectados por el vaciado del embalse de Ricobayo en Zamora.

El asunto ha llegado hasta la Comisión Europea por denuncias de vecinos, alcaldes afectados y grupos políticos nacionales. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmerman, ha contestado en una carta a los municipios afectados por el vaciado de Ricobayo, en la que ha enfatizado sus inquietudes ante la actuación de Iberdrola y ha remitido el caso a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que investigará lo sucedido. 

20.000 millones de euros para gestionar el agua de los ríos 

Los planes hidrológicos son los documentos que sintetizan las diferentes acciones que se llevan a cabo en los ríos de España. Estos reflejan las inversiones a medio plazo que el Gobierno planea para gestionar los retos en materia de agua. Los planes en vigor, aprobados en 2016, estimaban un total de 14.675,18 millones de euros en inversión para las distintas confederaciones hidrográficas, con una previsión de inversión a la baja en muchas para el siguiente ciclo en 2022-2027. 

Las confederaciones hidrológicas son la pieza clave para manejar los fondos. Son estructuras que, aunque dependen administrativamente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la práctica son autónomas y las responsables principales de las decisiones en materia del agua, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Aguas. 

La llegada de los fondos europeos les han cambiado la perspectiva, y ahora se tendrán que preparar para un aumento de su presupuesto hasta los 20.335 millones de euros, según el borrador para el periodo de 2022-2027. 

Más de la mitad de estas inversiones irían destinadas a los objetivos medioambientales, que incluyen la conservación y restauración de ríos, la recuperación y la depuración de vertidos urbanos. 

Casi 150 millones más para las confederaciones hidrográficas este año

De acuerdo con los Presupuestos del Estado de 2021, este año las confederaciones hidrográficas recibirán 148,99 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para actuaciones en infraestructuras hidráulicas y preservación de recursos hídricos. Esto forma parte de la inversión de 2.091 millones de euros recogida en el Plan de Resiliencia, el documento que el Gobierno ha pactado con Bruselas para la utilización de los fondos europeos. En su componente 5, el plan detalla inversiones en reutilización y saneamiento del agua, pero también una transición digital para controlar y vigilar el dominio público hidráulico, que incluye  los embalses hidroeléctricos. 

Pese a que todavía no hay proyectos específicos en marcha, sí que hay materias urgentes que los expertos piden abordar cuanto antes. Entre ellas, están la seguridad de las presas y embalses para evitar las previsibles inundaciones provocadas por el cambio climático. “No hay nada que se pueda hacer sobre esto, así que hay que adaptarse. Hay que eliminar las construcciones en suelo inundables y adaptar las infraestructuras existentes”, dice Brufao.

Gestionar los embalses hidroeléctricos frente a la amenaza del cambio climático

Uno de los grandes retos a los que se tendrán que adaptar tanto las confederaciones hidrográficas como las empresas de generación de energía son los cambios en los caudales de los ríos y su efecto en los embalses. Aunque todavía no hay proyectos aprobados en esta materia, la gestión del agua limita y amenaza la producción de energía hidroeléctrica, que en la península supone un 9,3% de la generación de energía renovable, según los datos de Red Eléctrica. 

De acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, la energía proveniente de los aprovechamiento hidroeléctricos está amenazada por la disminución en los caudales de los ríos. Una de las soluciones que se propone en el Plan para evitarlo es la reforma de las concesiones nuevas para cambiar las estrategias de bombeo y almacenamiento, aunque sujetas a las condiciones  ambientales.