El BOE, ese “reloj suizo” al que los políticos marcan los tiempos

En España, hay una publicación que sale todos los días de lunes a sábado, impasible a las estaciones, los festivos o la situación que viva el país. Es la más antigua y relevante de todas las que hay porque recoge las normas que nos rigen a todos. Se llama Boletín Oficial del Estado. El BOE nuestro de cada día (con permiso de Civio). 

En sus números se publica casi de todo, desde las leyes que aprueban las Cortes Generales a los nombramientos del Gobierno, pasando por las sentencias de los órganos judiciales. En sus páginas también caben anuncios sobre casos muy particulares, como la solicitud del título de marquesa de Griñón que hizo Tamara Falcó tras la muerte de su padre; o la de una graduada en Educación Infantil a la que la Universidad de Málaga quiso advertir de que había perdido su título universitario. 

La puntualidad de “un reloj suizo”

La norma que regula cómo la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado tiene que confeccionar sus boletines concreta hasta el escudo que tiene que salir en sus páginas, pero no habla de plazos a cumplir entre que reciben el texto y su publicación. Sí que lo establecen a nivel interno en la propia agencia pues “disponer de los diarios, firmados electrónicamente, antes de las 24:00 horas del día anterior a su publicación o cuatro horas después de la última relación recibida del secretariado del Gobierno” es uno de los objetivos que se fijan anualmente. En 2020, aseguran que cumplieron el plazo referido a la medianoche en un 81,8% de los 591 diarios publicados entre el BOE (341) y el Boletín Oficial del Registro Mercantil (250). 

La codirectora de Civio y autora de ‘El BOE nuestro de cada día’, Eva Belmonte, -que ha leído la mayoría de esas ediciones- da fe de ello. Los retrasos son la excepción que confirma una regla. La de que “el BOE es un reloj suizo” al que son los políticos quienes le marcan los tiempos. 

Los boletines que se hicieron esperar. En 2020, año marcado por la pandemia, se emitieron 27 números extraordinarios del Boletín Oficial del Estado con medidas relacionadas con el COVID-19. En algunos casos, como el del parón de las actividades no esenciales durante el primer estado de alarma, la publicación se emitió pasadas las 23:00h, con empresas y empleados pendientes de a qué sectores consideraba el Gobierno indispensables para saber si al día siguiente irían o no a trabajar. 

Si esto fue así, según la Agencia, fue porque el Ejecutivo no les remitió el texto original hasta, al menos, las 21:00h. O eso se desprende de uno de los logros que se recogen de ese año: “Todos los diarios extraordinarios se han editado en un tiempo no superior a dos horas desde la recepción de los originales”.

Decretos leyes en el BOE: sobre el factor sorpresa y los cajones de sastre

En el día a día, las disposiciones que suelen generar más interés son los decretos leyes, quizá por el factor sorpresa que traen consigo. Los aprueba el Consejo de Ministros y, normalmente, entran en vigor de forma inmediata, teniendo como única referencia lo que ha querido contar el propio Ejecutivo después de su reunión semanal: “Entre lo que anuncian y lo que luego reflejan en el texto hay mucha letra pequeña, muchos matices y muchas puntos que no se han explicado bien”, reconoce Eva Belmonte. 

La Constitución reserva los decretos leyes para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, pero se trata de una formalidad que no ha respetado escrupulosamente ningún Gobierno. Todos han sido conscientes de que es mucho más cómodo aprobar una norma por esta vía inmediata que tener que someterla a una larga tramitación parlamentaria. 

Además, al ser un tipo de ley que se cocina única y exclusivamente en La Moncloa, a menudo se aprovechan como cajón de sastre para incluir en el texto todo lo que se pueda. Ejemplos no faltan: la transposición de ocho directivas de la UE de una sentada o la incorporación de un vicepresidente en la comisión del CNI solo solo algunos. 

Para la codirectora de Civio, se trata de una mala praxis a la que se recurre “muchísimo”, tanto actualmente como en otros tiempos: “Es un problema importante. Cuando metes muchas cuestiones en un decreto ley, hay alguna que puede que no sea de urgencia. Sin embargo, su convalidación se vota en bloque en el Congreso y, si llevas uno con la revalorización de las pensiones y otras 20 cosas, es muy difícil que se rechace”. En su opinión, estos ‘decretos leyes batiburrillo’ son una forma de “estafar un poco los cauces de la democracia”.

El caso que le hacemos: ¿realmente interesa el BOE? 

Es una publicación clave en el funcionamiento del país, pero son muchos los que nunca han consultado el BOE ni pretenden hacerlo. Para Eva Belmonte eso no es sinónimo de indiferencia: sostiene que a los ciudadanos les interesa cuando “les afecta directamente”. Menciona la situación excepcional de la pandemia, cuando salir a la calle o poder reunirse con la familia dependían de estas disposiciones. 

En esta línea, hay un dato muy significativo que facilita la propia Agencia: marzo de 2020, momento en que estalló la crisis del coronavirus, fue el mes en el que más personas se suscribieron al servicio de alertas del BOE desde que se creó en 2012. En total, 8.348.

Interés aparte, la otra gran barrera que se pueden encontrar los ciudadanos es la dificultad de entender lo que se publica, y no por falta de comprensión lectora. “El lenguaje administrativo es complicado y, encima, hay veces que si no se conoce bien el tema, tampoco se puede calibrar cómo te afecta”, expone Belmonte que, a su vez, hace una petición a los gobernantes: “Tendrían que tener más gente que sepa escribir leyes y menos de marketing o publicidad. En lugar de vender bien lo que hacen, deberían centrarse en hacer las cosas bien”.