El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, señaló en el debate de Canal Sur “la gran deficiencia de los servicios públicos en Andalucía” para denunciar que “la gente tenga que pagar 3.500 euros por un curso de ciclo formativo”, de FP (minuto 42:00).
- El presidente andaluz, Juanma Moreno, contestó diciendo que esto era “falso” y Maíllo se reafirmó: “Tengo un alumno que lo hace, ¿cómo me va a decir que es falso” (él es profesor en la educación pública andaluza, como explicamos aquí).
Contexto. Maíllo criticaba la creciente privatización que ha vivido la comunidad en los últimos años y han denunciado varios sindicatos.
- El precio por matrícula que menciona es el registrado, de media, en los centros privados andaluces, no en los públicos, aunque la falta de plazas ha ido derivando la demanda hacia los primeros.
Los datos. Desde Comisiones Obreras (CCOO) señalaron en un informe de marzo de este año que “el coste anual de la matrícula en centros privados de Formación Profesional (FP) en Andalucía oscila entre los 1.500 y los 4.500 euros por curso, con una media de entre 3.000 y 3.500 euros”, según sus propios cálculos (página 16).
- Esto implica, según el sindicato, una segregación “de primer orden para el alumnado más vulnerable”, sobre todo por la “insuficiencia de plazas públicas”.
- “La escasez de oferta pública de FP excluye a muchas familias de la posibilidad de ejercer su derecho a la educación y les obliga a pagar más de su bolsillo o endeudarse” para acceder a este tipo de formación, añaden (página 22).
Otros sindicatos, como el andaluz USTEA, también han denunciado el encarecimiento de la matrícula de FP en los centros privados de la comunidad.
- En su caso, elevaban el coste máximo hasta los 9.000 euros por curso mientras los centros públicos dejaban sin plaza o en lista de espera a decenas de miles de alumnos.
En perspectiva. La privatización de la FP en Andalucía ha ido en aumento en los últimos años, tanto en la oferta de plazas como en el número de alumnos matriculados en estos centros.
- Así lo corroboran los datos de la Junta, los sindicatos y el Ministerio de Educación, como explicamos aquí.
