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Isabel Franco: «El Gobierno de Moreno Bonilla ha privatizado 15 especialidades de hospitales públicos como el de Jerez»
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Isabel Franco: «El Gobierno de Moreno Bonilla ha privatizado 15 especialidades de hospitales públicos como el de Jerez»

La afirmación es FALSA. El último contrato del concierto público-privado en Cádiz es del año 2017, con el gobierno socialista de Susana Díaz, y está vigente hasta 2021. ACTUALIZADO A LAS 17:30 DEL 03/07/2020

Foto: Congreso

En un tuit, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco explicaba que «[sic] el Gobierno de Moreno Bonilla ha privatizado 15 especialidades de hospitales públicos como el de #Jerez derivándolas climixas privadas como Pascual».

La denuncia surge después de que en mayo se diera a conocer un comunicado interno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el que se indicaba que los centros privados-concertados dependientes de la empresa Jose Manuel Pascual Pascual se iban a convertir en las áreas de referencia de 15 especialidades.

El comunicado se refiere al nuevo módulo de citación que ha implementado la Junta de Andalucía para derivar a los pacientes a estos hospitales privados pertenecientes a la empresa José Manuel Pascual y Pascual. Pero solo se trata de una nueva herramienta para la gestión del sistema, no de una nueva concesión que afecte a la prestación de los servicios sanitarios. El concierto público-privado es anterior al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y el último contrato entre el SAS y la empresa se firmó en junio de 2017, con el anterior Ejecutivo de Susana Díaz (PSOE), con vigencia hasta 2021.

Un concierto antiguo

El 8 de junio de 2017 la Junta de Andalucía firmó un contrato urgente por el procedimiento de negociado sin publicidad con la empresa Jose Manuel Pascual Pascual para el «servicio de disponibilidad asistencial de los Servicios de los Hospitales Homologados Santa María del Puerto, Virgen del Camino y Virgen de las Montañas, de la provincia de Cádiz» por valor de 380 millones de euros.

Sin embargo, la relación de prestación asistencial de la empresa es anterior. En la Plataforma de contratación de la Junta figura un contrato por el mismo concepto de disponibilidad asistencial firmado el 30 de noviembre de 2011, durante el gobierno del socialista José Antonio Griñán. Aunque en esta ocasión está adjudicado por un valor de menos de la mitad del actual: 152,8 millones de euros.

En 2015, dos años antes de renovar el concierto, la expresidenta de la Junta Susana Díaz defendía en el Parlamento que «la financiación de obras e infraestructuras, mediante la colaboración de la Administración con el sector privado, evidentemente, es legal, útil y eficaz. Y, sobre todo, hace posible que se lleven a cabo determinadas inversiones en un momento de crisis económica o de dificultad económica. Y, mejorando aquello que se pueda mejorar, seguiremos apostando por ese sistema de financiación y de colaboración público-privada allí donde sea necesario y cuando la financiación propia no sea suficiente».

El cambio que ha generado confusión

El pasado 17 de mayo, algunos grupos como Adelante Andalucía cuestionaron las instrucciones que el Gobierno andaluz envió a los centros de salud de 14 municipios sobre el nuevo modelo para derivar la atención hospitalaria de pacientes de hasta 15 especialidades a los tres hospitales con concierto privado. «Se trata de una operación para entregar las listas de espera que se han visto considerablemente incrementadas por el COVID-19 a Clínicas Pascual», señaló la portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto.

La Junta remite a las declaraciones del consejero de Salud y Familia andaluz, Jesús Aguirre, en el Parlamento, donde defendió que se trata de un módulo de citación para que los centros de atención primaria puedan derivar a los pacientes directamente al especialista de los centros concertados e insistió en que forma parte del contrato. 

«Una de las razones que justificaron el incremento del precio de este contrato el año 2017, respecto al anterior, se fundaba en la mejora de la cartera de servicios preexistente y en el incremento de la misma. La memoria del contrato se refería a demora de la asistencia en los centros propios, aumento de los servicios prestados por los hospitales concertados y la incorporación de nuevas especialidades en el contrato«, afirmó.

José María Manzano, presidente del comité intercentros de UGT en la empresa, explicó a Newtral.es que «no se ha cambiado nada del concierto, ni el número de especialidades, ni eso supone un coste adicional para los andaluces, sino que simplemente se ha cambiado la manera de derivar a los pacientes. Simplemente se ha cambiado el sistema informático para que el propio médico de cabecera pueda mandarlo directamente». Antes los pacientes eran remitidos en bloques de listas y con esta nueva medida se busca reducir las espera, añade.

Quejas en el Consejo de Defensa de la Competencia

El concierto público-privado con los tres hospitales de la empresa JM Pascual ha sido polémico desde hace años y la empresa ha sido sancionada por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía por conductas anticompetitivas, ya que «durante tres años y medio aplicó precios abusivos por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva». 

La empresa recibió una multa de 5,3 millones de euros después de que el Consejo considerara que la empresa había aplicado de forma unilateral «unos precios excesivos que no guardarían relación con el valor de las prestaciones a retribuir». El beneficio ilícito, solo entre 2014 y 2016, habría supuesto 164 millones de euros, según se señala en el comunicado.

Además, la empresa incurrió en un supuesto abuso de posición de dominio. «La actuación de la entidad José Manuel Pascual Pascual, S.A habría respondido a una doble estrategia destinada a hacer del SAS un cliente totalmente dependiente de sus servicios, obstaculizando la competencia, así como a maximizar sus beneficios», concluye la Junta.

La respuesta de UP

Unidas Podemos señaló a Newtral.es que la fuente de información era un artículo publicado en La Voz del Sur. Después de la publicación del artículo, el partido ha señalado que la diputada se refería al cierre de plantas de hospitales públicos, que implica que deriven a los pacientes a los centros médicos concertados para que no aumenten las listas de espera. A comienzos de junio los medios locales publicaron la noticia de que el hospital de Jerez vuelve a cerrar plantas y reduce un 40% la actividad quirúrgica este verano.

Sin embargo, el contrato de disponibilidad asistencial con la empresa JM Pascual, al que corresponden las 15 especialidades señaladas por la diputada, fue firmado en 2017 por la expresidenta de Andalucía Susana Díaz y no por el actual Gobierno de Moreno Bonilla. El cambio actual no se refiere a un nuevo concierto, sino a un cambio en el sistema para derivar pacientes. Por tanto, consideramos que la afirmación de la diputada Isabel Franco es FALSA. 

Fuentes:

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