Estados Unidos ha sancionado y prohibido la entrada en el país a cinco ciudadanos europeos, incluido el excomisario Thierry Breton, por su trabajo contra la desinformación. La administración de Donald Trump considera que estas personas, a las que se refiere como “activistas radicales”, forman parte de una estructura europea que promueve la “censura global”, tal y como recoge un escueto comunicado emitido el pasado martes por el Departamento de Estado y firmado por el jefe diplomático de la Casa Blanca, Marco Rubio.
El comunicado oficial no identifica a las personas sancionadas. De eso se ha encargado la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública, Sarah B. Rogers, que a través de la red social X ha ido dando cuenta de los ciudadanos europeos afectados por las sanciones, así como de las razones que esgrime Estados Unidos para imponerlas.
Los sancionados son el excomisario europeo Thierry Breton (Francia), impulsor de la ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés); el activista Imran Ahmed (Reino Unido), fundador del Center for Countering Digital Hate; la empresaria Clare Melford (Reino Unido), directora del Global Disinformation Index; la periodista Anna-Lena von Hodenberg (Alemania), codirectora de la ONG HateAid, y su socia en la misma organización, Josephine Ballon (Alemania). Según la administración Trump, todos ellos estarían implicados en lo que denomina “una censura extraterritorial de los estadounidenses”.
En particular, Estados Unidos justifica estas sanciones como una respuesta a la Ley europea de Servicios Digitales o DSA. Esta norma incluye una serie de obligaciones para aquellas plataformas que quieran operar en el mercado europeo —como X, Meta o TikTok—, las cuales deberán implementar medidas para mitigar la desinformación y el discurso del odio en internet, así como mejorar su transparencia en cuanto al funcionamiento de sus algoritmos de recomendación. Esta ley fija sanciones de hasta el 6% de su facturación global para aquellas plataformas que incumplan sus obligaciones.
Para el gobierno de Donald Trump, que en su toma de posesión se rodeó de los dueños de Facebook, Amazon y X —Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, respectivamente—, esta ley europea “coacciona a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir las opiniones” de sus ciudadanos, según expresa el comunicado firmado por Marco Rubio donde se anuncian las sanciones contra los cinco ciudadanos europeos.
La respuesta de la Unión Europea llegó el pasado 24 de diciembre. En un comunicado igual de escueto al publicado un día antes por Estados Unidos, la Comisión afirmó que “condena enérgicamente” la decisión de la administración Trump de imponer sanciones a los cinco ciudadanos europeos, incluido al excomisario Thierry Breton. “La UE es un mercado único abierto y basado en normas, con el derecho soberano de regular la actividad económica de acuerdo con nuestros valores democráticos y compromisos internacionales. Nuestras reglas digitales garantizan un campo de juego seguro, justo y equitativo para todas las empresas, aplicado de manera justa y sin discriminación”, respondió Bruselas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España también reaccionó con otro comunicado en el que expresó su “solidaridad con el excomisario europeo Thierry Breton y con los responsables de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio”, al tiempo que tildó de “inaceptables” las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.
Los sancionados por Estados Unidos
Thierry Breton. Este exministro francés fue comisario de Mercado Interior de la Unión Europea entre los años 2019 y 2024. Durante su mandato lideró el impulso de la DSA y fue especialmente beligerante con la red social X, Meta y TikTok, plataformas a las que envió cartas en 2023 advirtiendo de que su incumplimiento de la ley europea podría acarrear sanciones millonarias. Abrió un procedimiento formal a X por sus brechas a la hora de contrarrestar la desinformación y por un supuesto incumplimiento en sus obligaciones de transparencia.
Según el Departamento de Estado de la administración Trump, Breton es “el cerebro de la Ley de Servicios Digitales” y, por tanto, habría “impulsado medidas de censura”, razón por la que ahora le prohíbe la entrada en Estados Unidos. No solo a él, ya que el comunicado firmado por Marco Rubio señala que “ciertos familiares también podrían estar sujetos a estas restricciones”.
Imran Ahmed. Este británico es el fundador del Center for Countering Digital Hate. Su organización publicó en 2023 una investigación en la que reveló que, tras la amnistía concedida por Elon Musk a las cuentas de X que habían sido suspendidas, estos perfiles pasaron a generar millones de dólares en ingresos publicitarios para la plataforma. Según su informe, una decena de cuentas que fueron canceladas por publicar contenido de odio y conspiraciones peligrosas —como las de Andrew Tate, Robert Malone o Stew Peters—, pasaron a generar hasta 19 millones de dólares al año.
Para la administración Trump, Ahmed es un “colaborador clave en el esfuerzo de la administración Biden de utilizar al gobierno como arma contra los ciudadanos estadounidenses”. Además, le afea haber publicado un informe que pedía la suspensión de varios perfiles de redes sociales que publicaban contenidos antivacunas, entre los que se incluía a Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Sanidad del gobierno de Donald Trump y conocido por haber difundido multitud de bulos como que las vacunas provocan autismo o que las dosis contra la COVID-19 no habían sido sometidas a estudios con placebo.
Tras la orden del Departamento de Estado, Imran Ahmed se enfrenta a la deportación, ya que actualmente reside en Washington junto a su familia y la sanción que se le ha impuesto prohíbe su permanencia en Estados Unidos. Según la agencia Reuters, un tribunal federal de Nueva York ha frenado temporalmente la orden de detención que pesa sobre él.
Clare Melford. Esta empresaria británica lidera el Global Disinformation Index, una organización con sede en el Reino Unido que monitoriza “discursos de odio” y “desinformación” en internet con el objetivo de frenar los “incentivos financieros” que generan las webs que publican bulos. Es decir, trabaja para “desfinanciar” la desinformación incentivando a las marcas a eliminar su publicidad de aquellos sitios que difunden contenidos manipulados.
En el año 2022, esta organización publicó un informe que analizaba la desinformación publicada en varios portales conservadores de Estados Unidos. En él calificaba como de “alto riesgo” o “máximo riesgo” algunas webs asociadas al entorno de Donald Trump, como One America News Network (OANN), Newsmax, The American Conservative o el New York Post. Esto despertó críticas entre los republicanos. Ahora el gobierno de Trump sanciona a la persona que dirigió este informe y le prohíbe entrar en Estados Unidos.
Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon. La primera es periodista y la segunda es jurista. Ambas codirigen la organización HateAid, registrada en Berlín. Esta ONG apoya a víctimas de violencia digital y financia sus procesos judiciales. A principios de 2023, HateAid participó en una demanda contra X para exigir responsabilidades legales a la red social por “no haber eliminado contenido antisemita delictivo”. Según declaró Josephine Ballon, “desde que Elon Musk adquirió X, este tipo de contenido se ha vuelto más visible”.
El Departamento de Estado de la administración Trump afea a la ONG de Von Honderberg y Ballon estar asesorando a la Unión Europea para la implementación de la Ley de Servicios Digitales, la cual considera un instrumento de censura.
Elon Musk, el hombre más rico del planeta, ha reaccionado positivamente a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra estos ciudadanos europeos: “Esto es genial”, ha resumido.
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