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Es falso que 4500 asociaciones feministas controlen 24.000 millones de fondos europeos
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Es falso que 4500 asociaciones feministas controlen 24.000 millones de fondos europeos

Nos habéis mandado un mensaje y una imagen que están circulando y que acusan a «asociaciones feministas vinculadas al PSOE» de controlar «24.000 millones de euros para la violencia de género» y que supuestamente habrían «cobrado de Europa». Una cifra que también aparece mencionada en el informe de un medio.

Esta información es FALSA.

1. Sobre la cuantía y la fuente de la ayuda

En primer lugar, la cifra de 24.000 millones de euros en violencia de género para España es totalmente ficticia.

Estos números salen del informe «Estimando los costes de la Violencia de Género en la Unión Europea» del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) que coge como ejemplo la inversión de Reino Unido en políticas contra la violencia en el ámbito de la pareja en 2012 para proporcionar «un cálculo aproximado de los costes en la Unión Europea».

Es decir, el documento mismo explica que, a través de una extrapolación de lo que Reino Unido invierte en este tipo de violencia, han estimado cuánto dinero destina cada uno de los países miembros en función del volumen de su población.

Por tanto, la cifra de 24.000 millones no está basada en datos oficiales ya que estos son «insuficientes», tal y como el propio Instituto reconoce. Tampoco provienen de ningún fondo europeo, en tanto que sería lo que cada Gobierno de forma particular invierte y que, como hemos dicho, es un cálculo estimado del EIGE.

2. ¿Cuántos fondos ha destinado la Unión Europea en combatir la violencia de género?

Fuentes de la Comisión Europea nos explican que en 1997 surgió en el marco europeo el programa Daphne con el objetivo de financiar proyectos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres. Desde su creación hasta 2013 en el marco de este programa y sus renovaciones (Daphne II y Daphne III), la UE ha dedicado un presupuesto total de 179,9 millones de euros en el conjunto de países miembros.

A partir de 2014, Daphne ha quedado integrado en el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que cuenta con un importe de 75 millones de euros hasta 2020,  dentro del cual «la lucha contra la violencia de género es un objetivo específico», añaden desde la Comisión Europea. Dentro de este programa, en las convocatorias de 2017 y 2018, España ha recibido 1.863.386 euros.

Por tanto, la cifra total que la UE habría destinado para combatir la violencia contra los niños, adolescentes y las mujeres desde 1997 y teniendo el cuenta el presupuesto hasta 2020, suma 254,9 millones de euros, y no «24.000 millones» para España.

3. ¿A quién se destinan los fondos?

La Comisión Europea nos explica que la adjudicación de estas ayudas se produce «tras convocatorias de propuestas competitivas, basadas en la pertinencia y la calidad de los proyectos» y que estas «están abiertas a las organizaciones, tanto públicas como privadas, de todos los Estados miembros».

Si leemos una de las imágenes que se ha viralizado, y que estamos verificando, se habla de cuatro supuestas federaciones vinculadas al PSOE «que actúan a través de miles de asociaciones» las que tienen acceso a estos fondos. Según el mensaje de WhatsApp, son «4.500 asociaciones de feministas». Esta cifra no se sostiene en ningún documento oficial o balance estadístico.

Respecto a la imagen, publicaciones en otros medios señalan que esas cuatro federaciones serían la Fundación Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD); la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y la Asociación de Juristas Themis (AJT). Hemos contactado con cada una de ellas y con el PSOE y todos nos han negado esta relación, de la cual no existe constancia en sus estatutos.

La vinculación con el PSOE

Aunque no forman parte del PSOE, sí hay ejemplos de miembros del partido que forman parte de ellas. Este es el caso de la eurodiputada socialista y ex vicesecretaria general, Elena Valenciano, vocal en la Fundación Mujeres; de Mª Ángeles Ruiz-Tagle Morales, vicepresidenta de FAMSD y diputada del PSOE en Cantabria en la I Legislatura; de Yolanda Besteiro Fuente, presidenta de la FMP y concejala socialista en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y de María Durán Febrer, vicepresidenta de la AJT y parte del Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad del PSOE.

Respecto a las 4.500 supuestas asociaciones, lo cierto es que tanto el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, como el Ministerio de Sanidad y la propia Unión Europea llevaban a cabo sus propias convocatorias para la adjudicación de ayudas. Por tanto, es difícil hacer un cálculo fiable sobre cuántas han sido beneficiarias y, más aún, porque no hay un marco temporal que nos indique desde cuándo deberíamos empezar a contar.

4. La fiscalización de las ayudas tanto a nivel nacional como europeo

En la imagen se afirma que esas asociaciones «viven del cuento». ¿Qué controles existen sobre estas ayudas? A nivel nacional, el Ministerio de Hacienda nos confirma que en la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003 se estipulan los controles de las subvenciones públicas que se otorgan en España.

Es una legislación que luego cada Comunidad tiene que implantar en su territorio con leyes autonómicas. Es decir, esta ley estatal obliga a que cada subvención que se otorga esté debidamente justificada y fiscalizada. En el artículo 44 b) de la citada Ley, se explica que “el control financiero de las subvenciones tendrá como objetivo verificar el cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención”. Puede leer más información en este fact-check. 

Desde la Unión Europea los controles que se aplican vienen recogidos en el artículo 12 del Reglamento por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía».  En él se explica que se aplicarán «medidas preventivas
contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal», como, por ejemplo, controles efectivos o la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente, cuando se detecten irregularidades.

También se añade que tanto la Comisión como el Tribunal de Cuentas tienen facultades para auditar
a todos los beneficiarios de subvenciones y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para realizar investigaciones, incluyendo controles y verificaciones in situ «con miras a establecer la existencia de algún fraude, corrupción u otra actividad ilegal».

Fuentes

 

 

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