Priviet, Vin Doré, Innjoo, Hyperin… empresas que se transformaron con la pandemia para vender productos sanitarios

El contrato que desató el huracán en el seno del PP y que ha provocado la salida de su líder, Pablo Casado, se firmó el 1 de abril de 2020. La Comunidad de Madrid adquirió 250.000 mascarillas por 1.512.000 euros, IVA incluido, a Priviet Sportive SL, una compañía madrileña cuyo objeto social no es la distribución de material sanitario, sino la “venta al por mayor de textiles” y la “explotación agrícola”. No es la única. Otras empresas han suplido a las administraciones de material hospitalario durante la pandemia sin ser esta la finalidad para la que se constituyeron.

El momento era crítico. En plena pandemia, con los hospitales saturados y sin material sanitario. Las autoridades públicas requerían de equipos de protección individual y las empresas se postulaban para suministrárselos porque tenían la capacidad de llegar a acuerdos con proveedores. Y así se hizo, con tramitación de emergencia (sin concurso público), en muchos casos sin comprobar la capacidad de obrar de los adjudicatarios, como denunció recientemente el Tribunal de Cuentas.

De hecho, la Ley de Contratos del Sector Público contempla la contratación de urgencia y permite a la administración obviar las obligaciones del procedimiento ordinario, pero siempre se debe tener en cuenta la capacidad de los adjudicatarios para llevar a cabo el servicio, y si no es posible, debe estar justificado.

Priviet, de venta de textiles y explotación agrícola a importar mascarillas

El contrato que ha provocado uno de los mayores cismas en el PP se otorgó a una pequeña empresa madrileña cuyo único administrador es Daniel Alcázar, amigo de la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según citan distintos medios de comunicación. Ella misma ha declarado que su hermano cobró por realizar un trabajo de intermediación para llevar a cabo el acuerdo con la administración autonómica. La Fiscalía Anticorrupción está investigando los detalles del pacto.

Según los datos del Registro Mercantil, a los que Newtral.es ha accedido a través de la plataforma Axesor, Priviet Sportive comienza su actividad en abril de 1994 para comercializar con textiles, en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Según describe la propia empresa se dedica a la “confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora”. 

En 2017 Priviet amplió su objeto social e incluyó “la explotación agrícola, ganadera o cinegética, de fincas rústicas, por cultivo directo, aparcería, arrendamiento o cualquier otra forma contractual de las contempladas en derecho”.

La compañía tiene una peculiaridad más: la de la Comunidad de Madrid es la única adjudicación de la que se ha beneficiado Priviet Sportive SL con una administración pública desde su fecha de constitución. Los albaranes del contrato muestran que las mascarillas que llegaron procedían de China con sello KN95, es decir, “autocertificadas”.

No ocurre así con otras empresas que, como Priviet, vendieron material sanitario a los gobiernos autonómicos. Newtral.es ha localizado algunos otros ejemplos analizando los portales de contratación regionales y el registro nacional.

Vin Doré, de vinos con oro a productos sanitarios por 16,2 millones

Otra firma madrileña, Vin Doré 24K SL, ha pasado de vender vino espumoso con partículas de oro a entre 120 y 1.800 euros la botella, a ser uno de los proveedores de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde que empezó la pandemia.

Su fundador es Diego Suárez Liceras, quien la creó en junio de 2002. En su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores, aparece con famosos y políticos como Cristina Cifuentes, José Martínez Almeida, Begoña Villacís, Albert Rivera, Pablo Casado o Santiago Abascal, entre otros.

En el CNAE, Vin Doré está registrada en el comercio al por mayor de bebidas. Sin embargo, en 2020 cambió su objeto social, es decir la finalidad para la que está constituida. Ahora especifica que se encarga de la “compra, venta, importación, exportación, distribución y reparación de todo tipo de material radioeléctrico, centralitas telefónicas, equipos de proceso de información, impresoras y cualquier otro equipo eléctrico o electrónico. El transporte nacional e internacional y la realización de cualquier actividad relacionada con los servicios en el ámbito del sector de la distribución farmacéutica”. 

En total, la empresa ha sido beneficiaria de siete contratos con la Comunidad de Madrid por valor de 16,2 millones euros desde abril de 2020, según arroja el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid a fecha en la que se publica esta información. Newtral.es hizo la misma consulta el 21 de febrero de 2022 y solo aparecían tres de esos contratos.

El acuerdo más grande que ha suscrito con la Comunidad de Madrid era el suministro de dos millones de los test de antígenos de farmacia que se incluyeron en la tarjeta sanitaria madrileña en la pasada navidad, de forma gratuita, costó al ejecutivo de Díaz Ayuso 4.450.000 (a 2,23 euros la unidad).

La Plataforma de Contratación del Sector Público, que aúna los contratos de todas las administraciones, no muestra ningún contrato con Vin Doré, tampoco los de la Comunidad de Madrid.

[Los test de antígenos gratuitos repartidos en farmacias de la Comunidad de Madrid por Navidad costaron 21,2 millones]

La empresa ha tenido un único empleado desde 2016 a 2020 (último año disponible). A excepción de 2018, cuando tuvo tres, según los datos consultados en Axesor. Aún así, sus ingresos se han disparado hasta superar los 26 millones de euros en 2020, cuando no había alcanzado nunca el millón de euros de beneficios en los últimos cinco años.

En declaraciones a ElDiario.es, el empresario madrileño explicó que aparte de fabricar bebidas, llevan 20 años trabajando en China. "Fue un tema único de patriotismo y de pensar en nuestra gente. Paralizamos nuestra actividad, llamamos a la Comunidad de Madrid para ver si podíamos ayudar, nos pasaron el e-mail de contratación, mandamos oferta con lo que podíamos hacer y a partir de ahí nos pusimos a trabajar", declaró en la entrevista a este medio en julio de 2020.

Innjoo, de electrónica a producto sanitarios para varias administraciones

La empresa de origen chino Innjoo Technology SL vendió productos sanitarios en 2020 al Gobierno, la Generalitat de Cataluña, al Govern de Islas Baleares y al Gobierno de Canarias pero “no tenía la licencia correspondiente de importación de productos sanitarios otorgada por la Agencia Española del Medicamento cuando se le adjudicaron los pagos”. Así lo denunció la Sindicatura de Comptes de la Generalitat en un informe sobre la contratación de emergencia durante la pandemia en esa administración pública.

Según lo registrado en el Registro Mercantil, su objeto social es “la importación, exportación, distribución, instalación, fabricación y la comercialización por cualquier medio o canal de componentes, recambios, accesorios y productos finales de aparatos electrónicos, de telecomunicaciones y de procesamiento de información”.

De hecho, en su tienda online vende productos tecnológicos como ordenadores, tablets, aspiradores o relojes electrónicos.

¿Qué vendió durante la pandemia a la administración pública? Respiradores, equipos de protección individual y otros materiales sanitarios. En 2020, con la Generalitat de Cataluña firmó nueve contratos por valor de 33.297.408 euros, el mayor de ellos en abril de 2020 por 15,6 millones de euros.

Al Gobierno de Canarias, Innjoo suministró mascarillas, kits de diagnóstico rápido, batas o gafas de protección entre marzo y abril de 2020. Todo ello en siete contratos por valor de 7.829.106 euros. Lo mismo que al de Islas Baleares en la misma fecha. En este caso, en cinco contratos por 5.349.344 euros.

El Ejecutivo central también adquirió mascarillas y otros materiales para prevención de contagio del COVID-19 de la empresa Innjoo durante marzo y abril de 2020. Gastó 4.461.912 euros en estos suministros que contrató la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, Adif, la presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y la Presidencia del Organismo Público de Puertos y Estado.

Newtral.es se ha puesto en contacto con esta empresa para consultar los detalles de estos contratos y el motivo por el cuál no cambiaron su objeto social al hacer acuerdos con la administración. Innjoo no ha respondido en el momento en el que se publica esta información.

De venta de yesos a ventilación mecánica por 2,7 millones

La empresa madrileña Hyperin Grupo Empresarial vendió 144 dispositivos de ventilación mecánica a la Secretaría General de Sanidad del Gobierno el 25 de marzo de 2020 por 2.736.000 euros, pese a que se dedica a la “fabricación de elementos de yeso para la construcción”. Este es el único contrato suscrito con una administración pública en 2020, primer año de la pandemia.

Según la información obtenida por El Independiente a través de una petición de información tramitada a través del Portal de Contratación, este contrato no se llegó a realizar porque la empresa no pudo adquirir el modelo propuesto y el Gobierno aún no ha recibido el reintegro completo de la cantidad que pagó. No obstante, en los detalles del contrato publicados no se aporta por ahora ninguna de estas especificaciones.

Compra pública a empresas con objeto social distinto: posible pero con justificación

Tal y como ha denunciado la Autoridad Catalana de la Competència (ACCO), el principio básico de interés público que exige la contratación de emergencia “no puede convertirse en un cheque en blanco para los poderes adjudicadores”.

Javier Vázquez Matilla, abogado experto en contratación pública, explica a Newtral.es que la Ley de Contratos, en su artículo 66, lo deja claro: “Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios”.

Es decir, los diferentes gobiernos deberán atender al objeto social de las empresas para solicitar un servicio y que este se corresponda con la necesidad que tienen. La actividad en la que se clasifique la empresa en el CNAE no es lo relevante, explica Vázquez Matilla. En los casos antes citados “hasta que la empresa no cambie su objeto social, la administración no debería poder comprarle nada”, aclara.

Sin embargo, entra en juego la urgencia de la contratación. La Ley de Contratos determina sobre la tramitación de emergencia que se podrá hacer “sin estar sujeta a los requisitos formales establecidos” en dicha ley. Pese a ello, algunas administraciones como la de Aragón ha especificado que se debe “acreditar la solvencia y la capacidad” de las empresas antes de adjudicar contratos de emergencia.

Tal y como explica Javier Vázquez Matilla, “si bien no es obligatorio porque en los expedientes de emergencia no hay que seguir ningún tipo de requisito formal, en la medida de lo posible debe verificarse la capacidad de estas empresas o motivarse por qué no se está haciendo, de conformidad con el principio de buena administración”.

Lo mismo señalaba el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la contratación en las primeras olas de la pandemia. En este concluye que las entidades y organismos fiscalizados actuaron dentro del marco legal que les amparaba para realizar contratos de emergencia, pero en muchos casos no se comprobó la capacidad de los adjudicatarios, ni su solvencia económica, financiera y técnica.

Las entidades debieron hacer esta comprobaciones, indica el Tribunal de Cuentas, “salvo que tales comprobaciones fueran incompatibles con la urgencia que se quisiera atender en cada contrato; incompatibilidad que, en su caso, debería quedar acreditada”, añade.