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El PP niega que proponga “blindar” a las inmigrantes en situación irregular que den a sus hijos en adopción
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El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que su partido propone que las madres inmigrantes en situación irregular «que deciden entregar a su hijo en adopción, en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos que si estuvieran regularizadas«.

El PP niega que proponga “blindar” a las inmigrantes en situación irregular que den a sus hijos en adopción


El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este jueves que su partido propone que las madres inmigrantes en situación irregular «que deciden entregar a su hijo en adopción, en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos que si estuvieran regularizadas«.

Casado respondía así hoy en Valladolid a la polémica que ha provocado una de las propuestas incluida en su proyecto de Ley de Apoyo a la Maternidad que está elaborando su partido. El líder del PP ha rechazado que su partido haya propuesto «blindar» a las inmigrantes sin papeles que decidan dar a su hijo en adopción para evitar su expulsión, información que ha tildado de «fake news».

Lo que decían ayer

Tras recibir una solicitud a través de nuestro servicio de WhatsApp, Newtral verificó si era cierto que el PP había propuesto «blindar» a las mujeres inmigrantes en situación irregular que den a sus hijos en adopción y evitar así su expulsión. Preguntamos al gabinete de prensa del Partido Popular, que por escrito nos confirmó la noticia. Y publicamos en nuestra web su explicación íntegra:

 “La propuesta se refiere a que en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión. Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular. Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España”.

Tanto en esta respuesta como en la conversación telefónica que mantuvimos después, desde el gabinete de prensa del PP insistieron en remarcar que el citado “blindaje” del que hablaban era una medida que formaría parte de su Ley de Apoyo a la Maternidad y que estaría limitada en el tiempo, aunque sin especificar por cuánto ya que, dijeron, esa medida «no estaba redactada”. 

Lo que dijeron después

Horas después de publicar esta información, trascendía a la opinión pública una explicación adicional del PP – defendida hoy por Pablo Casado –  en la que se argumenta que su propuesta “persigue garantizar la confidencialidad en los procesos de adopción” y que pretenden ampliar a nivel nacional una medida que “ya existe en la Comunidad de Madrid desde hace tiempo”.

Lo que dice la ley

El PP asegura que el Protocolo Regional de Actuación de la Comunidad de Madrid garantiza la confidencialidad de los datos de las mujeres.  El protocolo afecta «a aquellas mujeres que pudieran encontrarse en situación ilegal en España, ya que su identidad quedará siempre protegida«. Casado, y distintos altos cargos de la formación, apuntaban hoy que su propuesta está relacionada con llevar esta normativa al ámbito nacional, rechazando cualquier otra interpretación al respecto.

En este sentido, sobre la protección de la confidencialidad de las madres a nivel nacional, un portavoz  del Ministerio del Interior ha explicado a Newtral que “las bases de datos en España no se cruzan” entre organismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos y especifican que, por tanto, “tampoco en un procedimiento de adopción se traspasan los datos de una mujer en situación irregular a la Policía”.

Además, también hemos preguntado al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, competente en materia de adopción, y nos han señalado que «las normas autonómicas sobre protección a la infancia contemplan la protección de los datos personales» (VER ANEXO abajo).

Por otro lado, nos han señalado que el art 180.5 del Código Civil (Sección 2.ª De la adopción) especifica que las autoridades “asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes del menor, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de su familia«. 

Estos datos se conservarán durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que la adopción se haya hecho definitiva, según establece este artículo, que regula a nivel nacional el proceso «solos a efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos».

Lo que dicen los expertos

La Federación Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento ha señalado a Newtral que todos los datos son confidenciales, desde el momento en el que la madre entrega a su menor por el motivo que sea. Los datos «solo los tienen los servicios médicos y los servicios sociales. Nadie más«. Desde la Coordinadora aseguran no tener conocimiento de que se haya producido un caso de vulneración de la protección de datos que pudiera justificar esta medida.

ANEXO

Regulación en otras Comunidades Autónomas de la confidencialidad en los procesos  de adopción

  1. Comunidad Valenciana: Disposición Adicional Única del Real Decreto 65/2011 de 27 de mayo.
  2. Andalucía: artículo 58 del Real Decreto 282/2002, de 12 de noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción.
  3. Galicia: arts. 3.10 y 13.6 del Decreto 42/2000, de 7 de enero que regula, entre otras cuestiones, la adopción de menores.
  4. País Vasco: el art. 38 del Decreto 114/2008, de 17 de junio también recoge la reserva de datos y su confidencialidad.
  5. Cantabriaart. 74 de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril de protección de la infancia y adolescencia
  6. Murcia: art. 3 del Decreto n.º 372/2007, de 30 de noviembre, que regula los procedimientos administrativos en materia de adopción, recoge la confidencialidad como principio rector de su actuación.
  7. Castilla y Leónart. 102.4 de la Ley 14/2002, de 25 julio 2002, de promoción, atención y protección a la infancia.
  8. Extremadura: art. 72 del Decreto 101/2018, de 3 de julio, por el que se regula la actuación de la Administración en materia de adopción de menores.
  9. Aragónart. 96 letra f) de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia
  10. Islas Baleares: art. 94 de la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia
  11. La Rioja: art. 3 del Decreto 31/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención Administrativa en Materia de Adopción
  12. Castilla-La Mancha: art. 91 de la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia
  13. Asturias: art. 59 de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero, de Protección del Menor
  14. Cataluña: art. 158 letra h) de la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.
  15. Comunidad Foral de Navarraart. 42 del Decreto Foral 111/2014, de 26 de noviembre, por el que se regula el procedimiento administrativo para la adopción.
  16. Canarias: art. 59 del Decreto 54/1998 de 17 de abril por el que se regulan las actuaciones de amparo de los menores.

Fuentes

  • Gabinete de prensa del Partido Popular
  • Gabinete de prensa del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
  • Gabinete de prensa del Ministerio de Interior
  • Gabinete de prensa de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha
  • Gabinete de prensa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia
  • Leyes autonómicas relativas a la adopción de menores, protección del menor, etc (Anexo)
  • Código Civil
  • Asociación Asturiana de Adoptantes
  • Federación Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento

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