Dos años del derrumbe en Zaldibar que dejó dos muertos y del que todavía se investiga un posible delito medioambiental

Han pasado dos años del 6 de febrero de 2020. El desprendimiento del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) costó la vida a dos trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Uno de los cuerpos todavía sigue sin haberse encontrado y permanece bajo la escombrera que está siendo sellada. Los responsables del vertedero aceptaron 6 meses de prisión por homicidio imprudente, pero el supuesto delito medioambiental aún no tiene sentencia. 

Te contamos las claves de un suceso por el que, dos años después, vecinos y familiares de las víctimas siguen reclamando responsabilidades. 

Dos años sin Joaquín Beltrán

Joaquín Beltrán y su compañero Alberto Sololuze quedaron atrapados bajo medio millón de metros cúbicos de tierra y residuos en el derrumbe. Ambos eran trabajadores del verteder0. El cuerpo de Alberto fue encontrado seis meses después, en agosto, pero Joaquín todavía sigue desaparecido.

Los restos de Beltrán continúan aún bajo los escombros. La búsqueda se suspendió el 14 de mayo del año siguiente, al no dar resultados. «Son fechas muy duras para la familia», han asegurado allegados a Sololuze a la Agencia EFE ante este segundo aniversario.

La escombrera está estabilizada y los trabajos de adecuación del vertedero se dieron por finalizados en agosto de 2021, como explica el Gobierno Vasco. 

Las responsabilidades por homicidio imprudente

Los tres altos cargos del vertedero, de la empresa Verter Recycling, propietaria de la escombrera aceptaron en septiembre de 2021 una pena de seis meses de prisión. Además, se acordó la indemnización a los familiares de los fallecidos y reconocer que la muerte de los trabajadores se debió a un homicidio imprudente. 

Esta pena, al ser inferior a dos años, supuso que ninguno de los tres entrase en prisión al carecer de antecedentes.

Dos años de Zaldibar: ¿un delito medioambiental?

Tras llegar a un acuerdo en el proceso penal por la muerte de los dos trabajadores, las miradas de familiares y vecinos están puestas ahora en otra causa por un presunto delito contra el medio ambiente y la salud pública en la gestión de este vertedero. Un Juzgado de Durango instruye el caso.

En este proceso figuran como imputados José Ignacio Barinaga, propietario de la empresa Verter Recycling; Juan Etxebarria, ingeniero jefe de la instalación, y la gerente de la empresa, Arrate Bilbao.

Y es que más allá del fallecimiento de los dos trabajadores, al desplome siguieron varios incendios y la recomendación de las autoridades de no realizar ejercicios al aire libre por la posibilidad de respirar aire contaminado.

El 14 de febrero de 2020 el aire incluía dioxinas en proporciones cuarenta veces superiores a las normales provocadas por los fuegos desatados en el vertedero, que desaparecieron una semana después, según la monitorización de la calidad del aire del Gobierno Vasco.

Gaizka Zabarte, miembro de la plataforma Zaldibar Argitu, personada como acusación particular en este proceso junto a Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales, asegura en conversación con la Agencia EFE que es necesario también dilucidar la responsabilidad del Gobierno vasco.

Asegura que en este proceso es necesario investigar si el Ejecutivo autónomo desempeñó de manera adecuada las labores de inspección de la escombrera para evitar que el 6 de febrero de 2020 toda su estructura se viniera abajo.