Los 52 diputados de Vox en el Congreso han entregado la misma declaración de intereses económicos, sin añadir la información que se les solicita y justificando que ya han aportado los datos a través de la declaración de bienes.
El pasado octubre las Cortes Generales aprobaron el nuevo código de conducta para obligar a los parlamentarios a ser más transparentes con sus actividades bajo los principios de honradez y responsabilidad. Una de las novedades es la entrega de la declaración de intereses económicos, que se acaba de hacer pública en los perfiles de cada diputado.
En ella, deben incluir las actividades profesionales, o de otro tipo, desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño que puedan condicionar su actividad política o que les hayan proporcionado ingresos económicos. En el caso de que la actividad sea por cuenta ajena tienen que indicar el nombre del empleador y el sector de su actividad.
Sin embargo, ninguno de los diputados de Vox ha dado ningún dato.
Vox no aporta información de las actividades realizadas en los últimos cinco años
Todos los miembros del grupo parlamentario de Vox indican en su declaración de intereses económicos que no han desarrollado ninguna actividad durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario que pudieran condicionar su actividad política.
“Ninguna de las actividades desarrollada por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como jure en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”.
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Aquí puedes observar como es la declaración de intereses económicos que ha entregado el líder de Vox, Santiago Abascal.
En lo que respecta a aquellas actividades que le hubiesen proporcionado ingresos, comentan que ya están incluídas en la declaración de bienes y rentas. Pero en la declaración de bienes deben indicar el dinero que han cobrado en el ejercicio económico anterior a la fecha de entrega de este documento. En cambio, este nuevo documento tiene carácter retroactivo de hasta cinco años.
David Martínez García, Coordinador del Área de Transparencia e Integridad Corporativa en Transparency International España explica a Newtral.es que la declaración retroactiva de actividades debe ser incluida en este nuevo documento.
Además, cuenta con un apartado que tienen que completar con información relativa a las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que hayan obtenido también en los cinco años anteriores a la actividad parlamentaria.
En la declaración también se debe indicar cuáles son las fundaciones y otras asociaciones en las que haya contribuido, también en los cinco años anteriores, o a las que sigan contribuyendo en la actualidad, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados, y cómo se ha contribuido.
Si bien, los diputados de Vox no especifican si donan dinero a alguna entidad ni si colaboran con fundaciones o asociaciones porque consideran que no es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria.
En el apartado de fundaciones y asociaciones a las que hayan contribuido, copian y pegan esta línea de texto: “pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa”.
En cambio, los tres representantes que tiene el partido en el Senado sí incluyen alguna de esta información en la declaración de intereses económicos que también obliga a presentar la cámara alta.
Más información pero sin control
En el código se recuerda que “cada parlamentario se responsabilizará de la veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”. En caso de duda sobre si existe un posible conflicto de intereses, el parlamentario podrá dirigirse de manera confidencial a la Mesa de la Cámara, que se encargará de resolverlo.
No existe ningún tipo de control sobre la veracidad de la documentación presentada por los parlamentarios. Aunque este nuevo código crea la Oficina de Conflicto de Intereses, de nueva creación, no se especifican los mecanismos de verificación y comprobación de los datos.
En el nuevo código de conducta mencionan la elaboración de un informe sobre el cumplimiento del código que “deberá mantener la confidencialidad sobre los casos que se hayan planteado dudas de interpretación”.
Respecto a posibles sanciones, la Presidencia de la Cámara, a petición de otro parlamentario o de oficio, puede solicitar que se abra un procedimiento para ver si se ha producido una infracción del reglamento.
Será la Comisión del Estatuto o de Incompatibilidades quien se encargue de elaborar un informe sobre esta posible integración y la elaboración de un informe sobre la posible infracción. Para ello, la Comisión deberá oír al y, en su caso, proponer la sanción correspondiente.
