El Tribunal Supremo ha confirmado que el desalojo del centro social autogestionado La Ingobernable fue ilegal. La expulsión del colectivo que okupaba el inmueble situado en el Paseo del Prado número 30 se produjo en 2019, con José Luis Martínez-Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid. Un año después del desalojo, Almeida anunció que convertiría el legendario edificio en un museo judío y no en el centro de salud que había prometido en campaña. Actualmente, el inmueble está cerrado e inutilizado.
¿Qué ha ocurrido hasta ahora que se confirma la ilegalidad del desalojo de La Ingobernable?
El 13 de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Madrid desalojó el centro social La Ingobernable. En junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que el consistorio no tenía legitimidad para iniciar el procedimiento ni para ejecutar el desalojo del edificio. El equipo jurídico del Ayuntamiento presentó un recurso de casación contra esta sentencia, y es este recurso el que el Supremo ha rechazado ahora.
La sentencia que recurrió el Ayuntamiento de Madrid se basa en que el equipo de Almeida no tenía derechos sobre el edificio que okupaba el colectivo La Ingobernable cuando procedió a su desalojo, por tanto, ilegal. El inmueble estaba cedido a un tercero, la Fundación Ambasz. Es decir, debía haber sido la entidad privada la que iniciara el procedimiento de expulsión por vía de lo penal y no el consistorio.
Esta sentencia dio la razón al recurso interpuesto por el centro social en julio de 2019 contra las intenciones del Ayuntamiento para desalojarlos. Sin embargo, llegó tarde porque Almeida ordenó la expulsión del colectivo de La Ingobernable siete meses antes de que el TSJM se pronunciara.
Además, el TSJM resolvió otro recurso presentado por el centro social en noviembre de 2019 en el que no dictamina ningún tipo de medidas de restauración para compensar el daño que se había producido tras la expulsión, un extremo que la nueva resolución del Supremo modifica. “No cabe apreciar que se produzcan perjuicios irreparables si no se adopta la medida, ya que como bien dice el auto apelado, esos perjuicios son indemnizables si se llegara a estimar la pretensión deducida por la parte recurrente”, decía aquel recurso.
¿Cuál es la historia del inmueble que okupó La Ingobernable y que ahora se confirma que su desalojo fue ilegal?
Como explicamos aquí, la historia del colectivo La Ingobernable se remonta a 2015, tras el desalojo de Patio Maravillas, una asociación cultural, social y política que okupó varios inmuebles en el madrileño barrio de Malasaña.
Dos años antes, en 2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, había cedido gratuitamente el inmueble al arquitecto argentino Emilio Ambasz por un periodo de 75 años. La idea original contemplaba crear un Museo de las Artes, la Arquitectura, Diseño y Urbanismo (MAADU) impulsado por la fundación Ambasz.
Esto nunca se materializó y el edificio permaneció vacío hasta 2017, cuando varios colectivos populares, entre ellos Patio Maravillas, decidieron okupar el edificio, “devolver la vida” al inmueble y así evitar su abandono y su posible demolición. El legendario edificio fue denominado desde entonces La Ingobernable por parte de sus ocupantes.
¿Qué avala ahora el Supremo?
En la resolución firme del Tribunal Supremo del 6 de abril de 2022 a la que ha tenido acceso Newtral.es, en la que no cabe recurso, ”se acuerda su inadmisión a trámite [el recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid] por falta de fundamentación suficiente y por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos en que ha sido articulado por la parte recurrente”.
Desde la asociación de La Ingobernable han destacado en un comunicado que los jueces han reconocido la ilegalidad de la expulsión. “Hoy, 6 de mayo, sesenta meses tras la primera ocupación, anunciamos que el desalojo de la primera Ingobernable fue ilegal. Nos ha dado la razón el Tribunal Supremo. El Supremo ha confirmado a los okupas que la ley está con La Ingobernable, no con quienes nos desalojaron”.
Según indica el colectivo en una nota de prensa, esta decisión del Supremo supone la constatación a nivel judicial de que La Ingobernable tenía razón cuando denunció que el Ayuntamiento de Madrid liderado por Almeida estaba fuera de la legalidad para desalojar el espacio en 2019 y, aun sabiéndolo, procedió por causas ajenas a sus competencias al desalojo.
“Almeida desalojó La Ingobernable porque era una de sus promesas de campaña, la administración tenía que esperar una sentencia del TSJM que les iba a impedir desalojar el proyecto. Vemos así cómo los intereses partidistas están por encima de la legalidad, las garantías del derecho y el bien común”, explica Alberto Martínez, portavoz del centro social.
Según la resolución del Alto Tribunal, este aval implica la constatación de que se produjeron daños irreparables al desalojar La Ingobernable de manera ilegal. Según el texto del Supremo, el consistorio deberá pagar unas “costas procesales“ de hasta 1.000 euros, aunque no se detalla qué pasará ahora con el edificio que continúa vacío desde 2019.
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