Interior centra las reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Archivo de documentos
Archivo de documentos | Harry Huber (Shutterstock)
Tiempo de lectura: 9 min

Silencio administrativo, protección de datos o petición repetitiva son algunas de las excusas que dan las administraciones cuando no se facilita la información que se ha solicitado a través del Portal de Transparencia del Estado, ejerciendo el derecho de acceso a la información. Pero si no se obtiene respuesta o, en caso de obtenerla, no se está de acuerdo con ésta, existe una alternativa: acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, institución encargada de recoger la reclamación a este asunto y resolverlo dándole la razón a la administración o al ciudadano.

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[El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG):
una institución contra el secretismo
]

El fin del primer estado de alarma trajo consigo la vuelta de la transparencia, ya que desde el 14 marzo este servicio estuvo paralizado como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Te contamos cómo ha sido el trabajo del Consejo.

Entre los meses de junio y octubre de 2020, tras la finalización del primer estado de alarma y la reanudación de la actividad de transparencia, el Consejo ha emitido un total de 432 resoluciones, 17 más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en el mes de junio, cuando se emitieron 148 resoluciones, casi llegan a duplicarse respecto al mismo mes de 2019, cuando se publicaron 81. 

De las 432 resoluciones, un total de 194 han sido estimadas, es decir, han dado la razón a los ciudadanos y han instado a la administración correspondiente a dar respuesta a su solicitud. Por otra parte, 121 han sido desestimadas, lo que implica que han dado la razón a las administraciones y la petición no tiene por qué ser respondida con la información que solicitaba. En cuanto a las archivadas e inadmitidas, ascienden a 94 y 23 respectivamente. 

Interior, el ministerio al que más se exige transparencia

En 47 resoluciones el Consejo de Transparencia ha instado al Ministerio del Interior a que facilite la información que se pedía. Es así el ministerio sobre el que más resoluciones estimadas se han dictado en valores absolutos entre junio y octubre. Del total de reclamaciones recibidas, en el 54,6% de los casos consideran que se debe facilitar más información.

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Algunas de las solicitudes de información que ha recibido este organismo tratan asuntos como “denuncias de la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla” o “datos de policías y guardias civiles heridos tras la sentencia del ‘procés’ en Cataluña”. 

A este le sigue Sanidad con un total de 15 resoluciones estimadas, el 65% del total de las reclamaciones, entre las que se pide información sobre las reuniones de Fernando Simón e información y documentación relativa a la gestión del COVID-19, entre otros.

En el siguiente gráfico puedes consultar el total de resoluciones emitidas por ministerio y organismo en los diferentes estados en los que se encuentran.

Evalúa la transparencia pero no dicta sentencia

Si tras realizar una solicitud de información a la Administración se produce alguno de los tres supuestos de disconformidad —respuesta inexistente, denegada o insatisfacción con la información facilitada— se puede presentar una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De este modo, la reclamación es una forma de solicitar al Consejo que revise la decisión de la Administración sobre la petición presentada, quien se encargará de evaluar si toda la información o parte de ella debe ser facilitada. Sin embargo, esta institución no tiene competencias sancionadoras, por lo que se trata de una recomendación para velar por la transparencia.

Las reclamaciones pueden realizarse mediante la sede electrónica si va dirigida a la Administración General del Estado, o por correo electrónico completando el formulario de reclamaciones si va dirigida a una comunidad autónoma o entidad local. También puede hacerse mediante correo postal, o de forma presencial en un registro público o en las oficinas del Consejo. Además, el plazo para poder presentarla es de un mes desde el día siguiente de la respuesta. En caso de no obtenerla, puede hacerse en cualquier momento. 

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No obstante, no todas las peticiones de información tienen que ser admitidas. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno recoge entre estos supuestos que las peticiones que hagan referencia a información en curso de elaboración, que tenga carácter auxiliar o de apoyo, que requiera una labor previa de reelaboración o las que son reiterativas o abusivas, entre otros, pueden ser inadmitidas. En cualquier caso, siempre ha de comunicarse al solicitante de información el motivo por el que su solicitud no ha sido admitida. 

Si tras este proceso no se está de acuerdo con la respuesta del Consejo, el caso puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

Una vez presentada la reclamación y estudiado el caso por parte del Consejo, se emite una resolución. Estas aparecen clasificadas en diferentes categorías según la respuesta que da el organismo: estimada, desestimada, inadmitida, archivada o suspendida.

Una resolución estimada es aquella en la que el Consejo insta a la administración a facilitar la información solicitada. Al contrario, cuando da la razón a la administración en cuestión, pasan al grupo de desestimadas. Si la petición de información no ha sido aceptada se trataría de una inadmitida, mientras que si hay pendiente un procedimiento judicial en una reclamación de idénticas características, la solicitud queda suspendida hasta que haya una sentencia en firme. Por último, si el solicitante renuncia a seguir con la reclamación, esta pasa a ser archivada

Callar como respuesta  

Hemos analizado cuales son las respuestas más comunes que reciben por parte de las administraciones a sus peticiones y hay una que destaca por encima del resto: el silencio. Esto pasa cuando no ha habido contestación alguna por parte de la administración, es decir, no se le ha comunicado al solicitante de información si puede tener acceso o no a eso que pide. Entre junio y octubre de este año, el CTBG resolvió como estimadas 83 de las 184 reclamaciones en las que la administración había callado.

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La protección de datos también es una respuesta muy recurrente para no dar acceso a los datos solicitados. Otros de los motivos por lo que la ciudadanía acude a esta institución es porque se les ha dado información parcial y se les ha restringido el acceso a parte de ella. En concreto, 47 de las 110 reclamaciones que llegaron al Consejo por este motivo, fueron dadas por estimadas.

En Newtral.es hemos realizado diversas peticiones de información a la administración general del Estado. Algunas con respuesta favorable, como en el caso del nombre y el sueldo de los asesores de la ministra de Igualdad, información que habían negado al Partido Popular tras una petición parlamentaria; o cómo es la flota de Parque Móvil del Estado: vehículos, conductores y quién tiene derecho a coche oficial

En cambio, no siempre ocurre así. El Gobierno rechazó la petición de Newtral.es sobre quién paga los gastos del rey Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos, por no encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la ley. Y en otra ocasión, que el Gobierno no facilitó el contrato de la aplicación Radar Covid con Indra para “garantizar la confidencialidad y no comprometer los intereses de la compañía”.

Migraciones y COVID-19: los asuntos más reclamados

Desde el pasado mes de junio las reclamaciones que han llegado al CTBG han sido de temas muy variados, aunque algunos como la COVID-19 han sido más recurrentes. Entre ellas, se encuentran algunas sobre los casos notificados, la falta de adopción de medidas de seguridad al respecto o documentación relativa a la crisis sanitaria. El motivo de la denegación para muchas de ellas ha sido el silencio administrativo.

Las migraciones ha sido otro de los asuntos que destaca entre las reclamaciones: las expulsiones y devoluciones de migrantes, los datos estadísticos sobre su entrada o las tramitaciones de protección internacional de migrantes rescatados por buques son algunos de ellos. 

Entre las peticiones también se encuentran varias relacionadas con el presidente del Gobierno. Las consultas realizadas al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática plantean cuestiones como los viajes en avión del presidente, el contrato de publicación de su libro o los gastos del Palacio de las Marismillas. 

Aunque estos temas han sido reclamados con más frecuencia, hay otros que solo aparecen recogidos en una reclamación, los cuales presentan temáticas de lo más variado. Desde los informes de expertos sobre la manifestación del 8-M a los temarios de asignaturas de primaria o los en capellanes y actos militares, entre otros. 

Metodología

Para la elaboración de este artículo hemos consultado en el portal web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno las resoluciones emitidas entre los meses de junio y octubre de 2020.

Incluimos las resoluciones emitidas a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en Presidencia del Gobierno, que también se encarga de tramitar las peticiones de información dirigidas a la Casa Real.

Respecto a los estados de las resoluciones, estas son las propias definiciones que dan a Newtral.es desde el CTBG:

– Estimadas: se acepta la pretensión del/ de la ciudadana de conocer la información.

– Desestimadas: no se acepta la pretensión de conocer la información.

– Suspendidas: hay pendiente un procedimiento judicial en una reclamación de idénticas características.

– Archivadas: el procedimiento termina normalmente porque la persona que ha reclamado renuncia a seguir con la reclamación. Algunos casos son porque en período de alegaciones el Ministerio le da una contestación).

– Inadmitidas: aquellas que no se procede a tramitar

Fuentes

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