La mayor parte de las comunidades sigue sin regular el uso de los VTC en zonas urbanas a tres días de que termine el plazo

El 30 de septiembre termina el plazo para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos regulen el uso de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en zonas urbanas. Ese día se cumple la prórroga que estableció el decreto ley 13/2018 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, conocido como ‘decreto Ábalos’, para que los territorios creasen sus propias leyes con el objetivo de permitir que siguiesen operando como hasta ahora.

Las compañías de VTC piden al Gobierno que les dé más tiempo, pero la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya confirmó a mediados de septiembre en un evento de elEconomista que no habría una “prórroga generalizada” del período que ya establecía la norma, aunque aseguró que se resolverían los recursos presentados por las plataformas de VTC “uno a uno”.

La comunidades tienen hasta el 30 de septiembre para regular el uso de VTC en zonas urbanas

En España hay vigentes 17.385 autorizaciones para que los VTC puedan operar, según los datos de septiembre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Tras años de disputa con el sector del taxi, el Gobierno firmó en 2018 el llamado ‘decreto Ábalos’ con el objetivo de profundizar en la regulación del sector. Esta norma limita el uso de VTC al ámbito interurbano, es decir, solo les permite hacer viajes entre municipios. 

Sin embargo, el texto deja en manos de las comunidades autónomas la legislación acerca de los VTC en zonas urbanas. En la práctica, lo que hace es permitir que sean los territorios los que decidan si este tipo de vehículos pueden operar o no dentro de las urbes.

El objetivo del decreto era dar la competencia a las autonomías para que decidiesen qué hacer y así “lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC”, como aclaran en una nota explicativa desde el Ministerio de Transportes.

Para compensar a las compañías de VTC por las pérdidas que esto supondría, la norma estableció una prórroga de cuatro años para que las comunidades tuvieran tiempo para legislar. La intención era dar a las empresas un cierto margen para recuperar parte de la inversión inicial que supone la compra de esta licencia.

Qué pasará a partir del 30 de septiembre: la discusión jurídica que dejará en el limbo la operatividad de los VTC y la solicitud de prórrogas extra

Si vence el plazo de cuatro años que establece el decreto y las comunidades no han regulado aún este tipo de servicio, se abriría una discusión jurídica que “puede suponer un problema” porque dejaría en el limbo la operatividad de estas empresas, como explica Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia.

En ese sentido, hay una “posición jurídica pro-libertad” que dice que “lo que no está expresamente prohibido como actividad económica está autorizado”. Por tanto, esto les permitiría seguir funcionando a pesar de la ausencia de regulación: “Siguiendo ese razonamiento, estas empresas pueden pensar que están cubiertas por la libertad de empresa y que la norma básica de exigencia de una autorización administrativa no se aplicaría en su caso”, según Boix.

Excepcionalmente, el decreto también establece una serie de prórrogas extra para las empresas que demuestren que no han podido amortizar la inversión inicial que supuso la compra de la licencia. Una gestión que deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos. Además, el Gobierno recuerda a las compañías de VTC en su nota explicativa que los efectos de la COVID-19 ya se tuvieron en cuenta en las “medidas de apoyo al sector” que se han ido aprobando desde que empezó la crisis sanitaria.

Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo ha rechazado la mayoría de las peticiones de prórroga que han ido pidiendo las compañías: “La aceptación por parte del Gobierno de estas prórrogas que solicitan las empresas está siendo muy restrictiva y está concediendo muy pocas”, como apunta Boix.

La mayor parte de las comunidades autónomas no han regulado aún el uso de los VTC en zonas urbanas

Aunque han tenido cuatro años para hacerlo, la mayor parte de las comunidades no han regulado aún el uso de estos vehículos en zonas urbanas, como establece el decreto. En parte, las autonomías “prefieren ponerse de perfil y se mantienen expectantes para ver qué pasa con las leyes que ya se han aprobado [si hay o no recurso contra ellas]”, como explica Boix.

“[Los territorios] prefieren no meterse en líos porque los taxistas están intentando influir para impedir que se regule el uso de las VTC. Esto ha ocurrido en otros países, donde las asociaciones del sector del taxi han intentado hacer presión”, aunque la tendencia fuera de España es la apertura a la regulación, como apunta Boix.

De momento, en España solo Madrid y Cataluña han aplicado expresamente algún tipo de regulación y Andalucía ha anunciado que legislará sobre su uso.

La Comunidad de Madrid tramitó una ley en junio para que los VTC pudieran seguir operando en la capital a partir de octubre. La Generalitat de Cataluña también aprobó en julio un decreto ley que permitía a los VTC “seguir prestando servicios urbanos” en la comunidad para “regular la movilidad de estos vehículos en las ciudades”, como explican en una nota de prensa.

La Junta de Andalucía anunció a principios de septiembre que elaborará un decreto ley que “habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre”, pero que esta medida garantizará, aseguran, “la convivencia de VTC y taxis” en la comunidad.

Las asociaciones piden más tiempo para poder compensar los gastos derivados de la pandemia

Para Santiago González, abogado del departamento jurídico de la Asociación de Vehículos de Transporte con Conductor Española (AVTCE), la restricción que impone de facto el decreto limita la capacidad de las compañías de VTC de recuperar la inversión: “El decreto concedía cuatro años más a modo de indemnización, pero solo con los trayectos interurbanos no es suficiente. La mayor parte de los servicios se dan en zonas urbanas”.

Además, el texto es anterior a la pandemia y no tuvo en cuenta sus efectos tras las restricciones a la movilidad y los cierres por el estado de alarma, según González: “En lugar de recuperar la inversión, las empresas han generado más deudas. El gasto se ha incrementado mucho y las compañías necesitan más tiempo para poder amortizar ese dinero”.

En ese sentido, Cabify ha pedido al Gobierno una ampliación del plazo de “un mínimo de dos años” tras analizar las conclusiones de un informe interno sobre el impacto de la pandemia en el sector. El documento, al que ha tenido acceso Newtral.es, estima que “el periodo inicial de cuatro años establecido por el ministerio” habría sido “insuficiente incluso sin pandemia”, ya que la completa recuperación de las inversiones en las licencias VTC estaría en “16 años”, según los cálculos del grupo de expertos de la Universidad de Barcelona que firman el texto.