Claves de los planes conocidos del Gobierno sobre la subida de impuestos

gobierno subida impuestos — Flickr Moncloa

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Pese a que se prevé una subida de los impuestos por parte del Ejecutivo para poder hacer frente a la pandemia y a las medidas sociales que se han aprobado, el Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que “no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora”. Aunque también han hablado de la importancia de reducir la brecha fiscal con Europa.

Sin embargo, en el Plan de Recuperación y Resiliencia que el Ejecutivo ha mandado a la Unión Europea para poder optar a los fondos europeos introduce medidas que potencialmente pueden afectar a este conjunto de la población.

En concreto, se habla de la analizar la eliminación de beneficios fiscales y subir el IVA reducido y superreducido. También se propone poner peajes en las carreteras estatales, entre otras medidas. Lo explicamos.

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Nueva ruta fiscal en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Ejecutivo

En la sesión de control al Gobierno del 12 de mayo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que “el Gobierno tiene una hoja de ruta fiscal que está establecida en el componente 28 enviado al plan de recuperación”.

En ella se explica que “los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español son hacerlo más equitativo, progresivo y justo”. Y añade: “Ello pasa necesariamente por acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando así la sostenibilidad a medio plazo del Estado del Bienestar”.

En la actualidad, hay una brecha fiscal de siete puntos entre España y la media europea. Es decir, España ingresa el 38,7% del PIB, frente al 46,4% de la media de la zona euro entre 2011 y 2020.

Aunque el Ejecutivo no concreta cifras, lo que sí recoge en el documento es que “se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse”. “Asimismo, deben analizarse en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al contexto económico, y avanzar en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes”, se explica.

El Ejecutivo prevé que el grueso de las modificaciones tributarias se pongan en marcha a partir de 2023, una vez que el PIB haya recuperado el nivel prepandemia.“Si la recuperación se viera frenada hablaríamos con Bruselas para revisar el cronograma”, dijo este lunes 10 de mayo la ministra María Jesús Montero en una rueda de prensa en la que ha presentado la hoja de ruta en materia fiscal incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a las autoridades comunitarias.

Estudiar la eliminación de algunos beneficios fiscales

Entre las medidas que está estudiando el Gobierno que suponen cambios fiscales y subidas de impuestos está la eliminación de ciertos incentivos. De hecho, según explica en el plan van a realizar un “análisis de beneficios fiscales y evaluar si logran los objetivos o deben revisarse”.

“La reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que ayudan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes”, recoge el documento.

De este modo, se plantea la realización de “una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha evaluado 13 beneficios fiscales de varios impuestos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. De hecho, el Ejecutivo ha encargado a un grupo de trabajo interno analizar diferentes incentivos fiscales.

“En España, una parte importante de las políticas de gasto se instrumentan a través de beneficios fiscales. El conjunto de ellos supone una cuantía próxima a los 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB)”, recoge el Plan enviado a Europa.

Eliminación de las deducciones por la declaración conjunta

Una de las medidas más polémicas que recoge el Plan de Recuperación español es la posible eliminación de la reducción fiscal de la declaración conjunta del IRPF. Esta consiste en 3.400 euros que elevan el mínimo exento del impuesto sobre la renta, beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos Presupuestos, a unos 1.000 millones al año.

“Se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la

participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”, explican en el documento.

No obstante, el Ejecutivo ha aclarado que “esperarán al dictamen de los expertos para la reforma fiscal” y que lo que harán será “evaluar la medida sin incrementar la carga fiscal de las familias”.

Posible subida del IVA reducido y superreducido

Por su parte, María Jesús Montero ha adelantado que el Gobierno “está estudiando” la posible elevación de los tipos especiales del IVA porque, asegura, “Europa solicita de forma recurrente que España revise este sistema ya que entienden que hacemos un uso abusivo del IVA reducido y superreducido”.

En España el IVA reducido tiene un tipo del 10% frente al 21% general y se aplica actualmente a la mayoría de los alimentos y al agua, a la hostelería y los restaurantes. El superreducido es del 4% y se utiliza para alimentos básicos, libros, periódicos, la vivienda protegida, etc.

Elevación de la base máxima de cotización

Otras de las medidas que propone el Gobierno es la “adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”, se explica en el documento mandado a la Comisión.

Las bases de cotización son las aportaciones mensuales a la Seguridad Social que se utilizan para financiar las prestaciones por desempleo o las pensiones de jubilación. Para los trabajadores por cuenta ajena, la empresa retiene un porcentaje del salario mensual que ingresa como cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora la base máxima de cotización está topada en los 4.070 euros mensuales.

Esta modificación, según recoge el apartado sobre pensiones del Plan, se acompañará de un periodo transitorio “en los próximos 30 años” e irá acompasado de una adaptación de la pensión máxima. De este modo, también se incrementará la presión fiscal del trabajo sobre aquellos salarios más elevados. Esta cotización se usa para calcular cuánto cobra un trabajador durante una baja laboral o la pensión de jubilación.

Peajes en las autopistas

En el Plan de Recuperación mandado a la Comisión Europea, el Gobierno también recoge que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. Es decir, peajes para autovías y autopistas.

Se estudiará que esta medida sea “escalable y progresiva (por ejemplo, tarificando inicialmente únicamente la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes de forma progresiva)”.

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Este sistema se prevé implementar en 2024. “De acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional”, explica el documento mandado a la UE.

El Gobierno recoge en el documento que “es esperable cierto rechazo inicial de la población en general” y que se trataría de unas tarifas «asumibles» para garantizar la financiación de las redes de carreteras”.

Aun así, el Gobierno ha descartado introducir peajes en las autovías si no cuenta con el apoyo del resto de partidos políticos. «Como es una reforma estructural e importante, cuando haya una propuesta real el Gobierno vendrá a las Cortes para debatirlo entre todos los grupos parlamentarios para ver qué se hace, pero si no hay consenso, la propuesta no saldrá adelante», ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Gobierno: subida del diésel e impuestos sobre el transporte aéreo

María Jesús Montero ha reconocido que algunas de las alzas afectará a la clase media «porque persiguen un cambio de conducta de salud y medioambiental» de los ciudadanos.

En este sentido, en el Plan el Gobierno recoge que «se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante». La idea de esta medida es la equiparación fiscal del diésel con la gasolina.

De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 el Ejecutivo ya contemplaba esta medida sobre los hidrocarburos que afectaría a los vehículos diésel (se anunció que podría rondar los 2,3 euros por depósito), pero no se aplicó finalmente, retirándose durante su tramitación.

En la parte de fiscalidad medioambiental, el Ejecutivo recoge un posible impuesto al transporte aéreo, aunque no detalla más al respecto: “Siendo el de la aviación uno de los sectores en que más se están incrementando estas emisiones, se considera preciso adoptar los oportunos instrumentos económicos para internalizar las externalidades negativas provenientes de esta modalidad de transporte”.

Impuestos ya aprobados

Hay otros impuestos, no siempre implicando subidas, que el Ejecutivo ya ha aprobado en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Entre ellos están el IVA de las bebidas azucaradas que pasa del tipo reducido del 10% al tipo general. Es decir, el 21%.

También se aplica este 2021 la “fiscalidad verde”, en la que se incluyen los plásticos no reutilizables, a los que se les aplicará una tasa. El Ejecutivo estima que el impacto en caja en 2021 de esta medida sea de 491 millones de euros. Esta se recoge en el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyo objetivo es transponer varias directivas comunitarias que tienen como límite julio de ese año.

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También entran otros como una menor desgravación por los planes de pensiones privados y el aumento de las primas del seguro, que pasa del 6% al 8%.