Como ya es habitual desde que comenzó la crisis del coronavirus, el miércoles 2 de junio la ministra de Sanidad comparecía en rueda de prensa para dar cuenta de la reunión del Consejo Interterritorial celebrada esa tarde. Carolina Darias anunciaba que se habían acordado una serie de restricciones al ocio nocturno en determinadas situaciones, a pesar del voto en contra de cinco regiones: “Voy a estar siempre con los que suman (…) Ya hemos tenido situaciones precedentes, como el puente de San José y Semana Santa. Y recordarán lo que pasó: fue de obligado cumplimiento”.
Entre las discrepantes, como también es habitual, estaba la Comunidad de Madrid, que decidió recurrir a la Audiencia Nacional la aplicación de estas restricciones por considerar que Sanidad invadía sus competencias (una idea similar a la expuesta por País Vasco y Cataluña). Así, solicitaba como medida cautelarísima que se suspendiera la aplicación de estas medidas en Madrid, algo que el tribunal le ha concedido.
El último choque: las restricciones al ocio nocturno
Tras conocerse la noticia, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señalaba que se buscarían “alternativas lo más consensuadas posible” en caso de que hubiera medidas que no se pudieran implantar. La respuesta de Díaz Ayuso no se hizo esperar y respondió en Twitter con cuatro palabras: “Esa era la idea…”
Tampoco ha tardado mucho en llegar la rectificación del Gobierno. Este miércoles el Ministerio acordaba con las comunidades convertir en recomendaciones lo que antes eran restricciones obligatorias al ocio nocturno y la hostelería, como confirmaba la propia Darias: «Las comunidades, en función de su situación epidemiológica, serán las encargadas de decidir sobre estos sectores”.
No es, ni mucho menos, el primer choque que protagonizan Madrid y el Gobierno central desde que comenzó la crisis del coronavirus. Desde entonces, han discrepado prácticamente en todo, incluso sobre la pervivencia de la democracia y la libertad en la región, como se vio durante la campaña electoral del 4-M convertida en un plebiscito en torno a la figura de Ayuso por parte de ambos lados. Los dos que no pelearían si uno no quisiera.
Mayo de 2020: el pase a la fase 1 que tardó mucho en llegar
Hace poco más de un año comenzaba el choque por el cambio de fases que el Ministerio de Sanidad debía autorizar para cada comunidad autónoma. En el caso de Madrid, el permiso llegó de los últimos porque, a ojos de Salvador Illa, la región no estaba epidemiológicamente preparada para empezar a desescalar por mucho que Isabel Díaz Ayuso asegurara lo contrario: “No hay explicación técnica. Estamos preparados”.
Finalmente, la comunidad accedió el 22 de mayo a la fase uno tras haberlo solicitado en tres ocasiones.
Junio de 2020: Barajas como un “coladero” para frenar al COVID
Una vez decayó el estado de alarma y se reabrieron las fronteras, Isabel Díaz Ayuso reclamó al Gobierno que implantara medidas de control en el aeropuerto de Barajas, de competencia estatal. Exigió una PCR en origen a los viajeros que llegaran por esta vía procedente de países muy afectados por la pandemia, opción que el Ejecutivo negó en su momento y terminó por implantar en noviembre. Un nuevo choque entre el Gobierno y Madrid tomaba forma.
Desde entonces, la presidenta de la comunidad ha convertido los controles del “coladero” de Barajas en uno de sus leit motiv contra el Gobierno. Tal es así que ya ha manifestado su intención de poner en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la gestión del aeropuerto durante la pandemia.
Septiembre de 2020: la ‘cumbre’ de Sánchez y Ayuso que terminó en fiasco
El 21 de septiembre, los líderes de ambos ejecutivos se reunieron en la Puerta del Sol para limar asperezas, evitar futuros choques entre el Gobierno y Madrid y buscar una vía de actuación conjunta que frenara la curva de contagios.
En este encuentro, Sánchez y Ayuso acordaron la creación de un “grupo COVID-19” entre ambas administraciones y dieron por estrenada una nueva etapa de cooperación: “Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica”, aseguraba el líder del Ejecutivo central.
En esta misma línea, Isabel Díaz Ayuso señalaba “el entendimiento” con Sánchez como “clave” en la lucha contra la pandemia.
Octubre de 2020: el choque que terminó en un estado de alarma
Ese periodo, sin embargo, duró muy poco. Apenas tres semanas. El 30 de septiembre, el Consejo Interterritorial acordó un paquete de restricciones para grandes municipios con una incidencia alta de coronavirus. Estas medidas implicaban, de facto, el confinamiento perimetral de la capital y otros municipios madrileños.
Aunque estas limitaciones se asentaban en un preacuerdo alcanzado en el seno del Grupo COVID-19, el consejero madrileño terminó votando en contra del mismo pero terminó acatando la decisión.
Días después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó el cierre perimetral. Tras varios tira y afloja, el Consejo de Ministros decretó el estado de alarma en la capital y otros nueve municipios para dar “cobertura jurídica inmediata” a las medidas anuladas por la Justicia, según explicó el entonces titular de Sanidad. Ese día se escuchó una de las críticas más duras de Salvador Illa contra Díaz Ayuso: “La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada”.
La lectura de la dirigente autonómica fue bien distinta. Ofreció su versión el 15 de octubre en un pleno de la Asamblea de Madrid: “La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid -cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral- o en hacerlo el Gobierno. Y además a punta de pistola porque, tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación”.
Octubre de 2020: el cierre perimetral en los puentes
Finalizado el estado de alarma en Madrid, el Gobierno decretó uno nuevo en todo el país. Nombró autoridad competente delegada a los presidentes autonómicos y les facultó para adoptar una serie de medidas en función de lo estipulado en el real decreto.
En él, se establecía que las comunidades podían aplicar un cierre perimetral durante un periodo no inferior a “siete días naturales” para tratar de contener al virus. A pesar de ello, Isabel Díaz Ayuso planteó imponerlo únicamente en el puente más cercano en el calendario: el de Todos los Santos.
La reacción del Gobierno, en boca de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no se hizo esperar: “Absolutamente no se va a modificar el decreto. Primero porque estamos en este momento en el debate para su votación. La señora Ayuso hace estas cosas, además, yo creo de manera calculada para crear mucha más confusión”.
Es cierto que el real decreto no se modificó pero, horas después, el Ejecutivo autorizaba a Madrid a cerrar perimetralmente la comunidad en periodos inferiores a una semana.
Abril de 2021: del ‘comunismo o libertad’ a ‘la democracia está en peligro’
Las elecciones de la región acapararon gran parte del debate público en los meses de marzo y abril. La dinámica de choque entre Madrid y el Gobierno polarizó la campaña hasta el punto de convertirla en un plebiscito sobre la continuidad de Díaz Ayuso instigado por ambas partes.
Sabedora del éxito que tenía esta línea en sus potenciales votantes, eligió como lema ‘comunismo o libertad’, en referencia a la candidatura de Pablo Iglesias. En su opinión, el país debía estarle agradecida por haber provocado con la convocatoria del 4-M su salida del Consejo de Ministros.
En paralelo, la dirigente del PP obvió al candidato socialista -Ángel Gabilondo- y señaló como rival al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Le invito a marcharse de la Moncloa cuando obtenga los peores resultados del PSOE en Madrid. Y cuando eso ocurra (…), a lo mejor España me debe tres”.
Los partidos de izquierda no se quedaron atrás. En los últimos compases de la carrera electoral, el PSOE cambió su eslogan y ligó la pervivencia de la democracia en la comunidad a la derrota de Díaz Ayuso, que terminó arrasando en las urnas.
Mayo de 2021: nuevo choque por la segunda dosis de AstraZeneca
Tampoco la vacunación ha quedado exenta de polémica. Uno de los choques con el Gobierno central más recientes en este sentido ha sido a costa de qué vacuna se debía administrar a los menores de 60 años que habían recibido la primera dosis de Astrazeneca. Madrid, en este caso, junto con Andalucía, Murcia y Galicia -todas gobernadas por el PP- eran partidarias de que fuera con el remedio de la misma marca.
De hecho, un mes después de que a propuesta del Ministerio se paralizara la vacunación en estos casos, Isabel Díaz Ayuso amagó con retomar la administración de estas dosis de forma unilateral: “Si el Gobierno de Sánchez no toma una decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca y su administración a menores de 60 años, pondremos la vacuna a disposición de todos los madrileños”, aseguraba el 17 de mayo.
A los pocos días, el Consejo Interterritorial fijaba como criterio que a estas personas se les debía administrar la segunda dosis de Pfizer, si bien se permitiría recibir AstraZeneca a quienes lo pidieran. Sin embargo, ni el consejero de Sanidad ni el viceconsejero de Salud Pública madrileños modificaron su postura: a día de hoy siguen promocionando que este colectivo de 60 años opte por repetir en su segunda dosis con el remedio de Oxford. El contador de choques entre Madrid y el Gobierno sigue en marcha.
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