Ley contra la Violencia de Género: ¿se puede juzgar si funciona sólo por el número de asesinatos machistas?

Es un argumento repetido por la extrema derecha: la Ley contra la Violencia de Género es un “fracaso” porque sigue habiendo mujeres asesinadas. Así lo defendió Rocío Monasterio durante una entrevista en Espejo Público el 16 de junio de 2021. Según la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, esta ley “no está consiguiendo proteger a las mujeres porque las cifras [de muertes de mujeres] son terribles”. 

Algo similar criticó Macarena Olona en el Congreso de los Diputados en febrero de 2021, cuando calificó esta ley como “profundamente ineficaz y un absoluto fracaso”. Algo que quedaba constatado, según dijo, por el número de mujeres asesinadas. 

Es un mensaje que transmiten desde hace años, incluso durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como ocurrió el 25 de noviembre de 2019, a través de sus redes sociales.

Se trata de una crítica que llega de un partido político que parte de la base de que la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, no existe. Todos los grupos parlamentarios rechazaron de forma unánime una proposición de ley orgánica de violencia intrafamiliar que presentó Vox y que pretendía revocar la ley contra la violencia de género. Solo obtuvo el ‘sí’ de los 52 miembros de Vox, frente a 291 diputados y diputadas que votaron ‘no’. 

Varias expertas en violencia de género, un miembro del Grupo de Expertos/as del Consejo General del Poder Judicial, una mujer superviviente de violencia machista y fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género reflexionan sobre la ley, si se puede analizar su funcionamiento solo con base en el número de mujeres asesinadas, qué ha supuesto y qué falla. 

El error de acotar la violencia de género a los asesinatos 

Ana es una superviviente de la violencia machista a la que la sometía su marido. Hace 20 años, cuando decidió denunciar y hacerlo varias veces, se encontró con la descoordinación y la falta de preparación de un sistema judicial que aún no conocía la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que llegaría tres años después, en diciembre de 2004. Tenía varios procedimientos abiertos en diferentes juzgados y en una de las actuaciones le dijeron ‘piénsatelo, vas a romper una familia’. Al final, se retiró del camino judicial y su maltratador no tuvo que enfrentarse a juicio por la violencia física que ejerció sobre ella. 

Ahora, es clara en su reflexión. Con el respaldo de una ley específica, su caso hubiera sido diferente, porque trajo dos cambios fundamentales para ella: conocimiento y formación sobre esta violencia en todos los niveles (policía, abogados, miembros de la justicia…) y la creación de unos juzgados específicos que habrían hecho de su proceso algo más llevadero, ágil y sencillo. 

Su nombre completo es Ana Bella y, años después de su caso, creó la Fundación que lleva su nombre, desde la que ayuda a otras mujeres que han pasado o pasan por lo que ella vivió. Su experiencia pone de manifiesto que cuando se habla de violencia de género no solo se trata de la faceta más dura, los asesinatos, sino que hay mucho más allá y reducir el análisis de la ley solo a esa parte es negar también la propia amplitud del problema. Dice Ana Bella que la ley lo que hizo fue “elevarlo de problema a vulneración de derechos humanos y puso de manifiesto que no era algo privado, sino público”. 

De hecho, las primeras líneas del texto de la ley ponen el acento en eso mismo: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”. La ley establece que se trata de “una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

La utilización de las víctimas para menospreciar la ley

Teresa Sansegundo, que es profesora de Derecho Civil de la UNED, llama la atención sobre el hecho de que “solo se hace con esta ley” la crítica de que no funciona porque sigue habiendo mujeres asesinadas. Nadie dice, por ejemplo, que “nuestro Código Penal está mal porque aún hay robos”. Es algo en lo que coincide la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto: “Es como decir que como sigue habiendo criminales, hay que quitar el Código Penal”. Para estas dos expertas, detrás de esta crítica hay algo más, el deseo de no explicar bien y de manera completa lo que supone la existencia de esta ley. 

Al margen de que tampoco se pueden comparar los datos tal y como los conocemos ahora con los que había años antes. El registro oficial es el que realiza la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano, por cierto, que se crea en el año 2006 a raíz de la Ley de 2004. Ofrecen datos desde 2003 (con carácter retroactivo) de los asesinatos cometidos por parejas o exparejas. Hasta esa fecha, se pueden encontrar datos de otras fuentes como el Instituto de la Mujer, pero su recopilación se hacía con criterios diferentes, por lo que no son datos comparables. 

Las cifras que reflejan esta realidad son insoportables y las expertas reconocen que es “frustrante” y “desesperante” que siga habiendo tantos hombres que asesinan a mujeres (21 asesinadas por violencia de género en este año). Desde la propia Delegación declaran que son indicadores evidentes de que existe una “violencia extrema”, pero consideran que reducir el análisis del funcionamiento de esta ley a las cifras de mujeres asesinadas es equivocado. 

Como indica el nombre de la ley, “es integral y multidisciplinar en el abordaje de la violencia que sufren las mujeres”. Es decir, pretende dar una respuesta global en distintos ámbitos, por eso es un mal planteamiento, como alerta también Sansegundo. 

Comparten que hay que avanzar e introducir cambios que protejan cada vez más. Pero el avance está en que “ahora las mujeres saben que no tienen porqué aguantar”. Es decir, que se ha conseguido que la violencia de género se conozca y se conciencie y se forme a la sociedad sobre ella. Porque antes de ser ley ni se identificaba ni se consideraba algo que hubiera que erradicar ni penar. 

Antes de la ley: la violencia contra la mujer en la justicia estaba en un “punto ciego”

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la Delegación de Gobierno, la formación y aplicación de perspectiva de género en las unidades policiales y miembros de la justicia, la especial protección de las mujeres, el estatuto integral de protección a las víctimas, el endurecimiento de las penas, el teléfono 016 de atención a las víctimas que no deja rastro en la factura surgen de la aprobación de esta ley de 2004, que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y de los planes que se han desarrollado bajo su contexto.    

Reflexionar sobre el cambio que ha supuesto es darse cuenta de que antes la violencia contra las mujeres estaba en “un punto ciego”, dice Marisa Soleto. Y eso, porque no había el conocimiento suficiente y “la impunidad era la regla general”. Que esta lucha sea ley ha potenciado que policía, jueces y fiscales tengan más conocimiento sobre la materia y sepan, sobre todo, qué medidas de protección pueden adoptarse y para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores que también se convierten en víctimas. Es decir, que la atención e intervención con ellas tenga el tratamiento especial que necesita.  

Y para eso es clave poder mirar y actuar con perspectiva de género. Así lo reconocen también desde el Grupo de Expertos/as en Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez es uno de sus miembros y explica en qué sentido la Ley de 2004 ha sido y es útil: “Ha aflorado la propia violencia de género y consigue que se trate de forma específica, que es como tiene que tratarse, con medidas, órganos y formación concreta”. Un paso que marca la diferencia entre no creer que una mujer pudiera estar desprotegida dentro de un matrimonio y por tanto, no podía darse un asesinato, a ponerle nombre concreto a ese tipo de violencia y darle un marco legal para combatirla con medidas específicas. 

La evolución, en datos

Hay distintas estadísticas que muestran cómo se han invertido los recursos que tienen su origen en la ley integral. Por ejemplo, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) destacan las 114.510 altas que ha habido en el Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) desde 2005 hasta abril de 2021. A fecha de abril hay 15.250 usuarias activas. También, el hecho de que se hayan instalado 9.488 dispositivos del Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas de alejamiento entre 2009 y abril de 2021. Poder tener y dar a conocer públicamente datos estadísticos que garantizan la transparencia y el conocimiento de la violencia que sufren las mujeres es, de hecho, uno de los logros de esta ley, para la DGVG.

El propio Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ realiza informes y estadísticas periódicas con datos que reflejan cómo han evolucionado aspectos como las sentencias condenatorias y las denuncias. Además, el último informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer recopila y evalúa otros datos, también a partir de las fuentes del CGPJ. 

• Las mujeres asesinadas

Con respecto a las mujeres asesinadas, que es el argumento que utiliza la extrema derecha, los datos muestran que en lo que va de 2021, hasta junio, han sido asesinadas 21 mujeres por violencia de género. El Grupo de Expertos/as del CGPJ aporta en su último informe anual de 2019 sobre víctimas mortales de VG en el ámbito de la pareja o expareja el análisis del promedio de casos desde 2003. 

Según recogen, el promedio interanual de feminicidios entre 2003 y 2019 es de 60,9 casos al año. Destacan que “puede advertirse una notable diferencia si dividimos la serie temporal en dos periodos”. La media en el primer tramo, que va de 2003 a 2011 es de 67,6 feminicidios al año. Si miramos el siguiente intervalo, de 2012 a 2019, el promedio es menor, de 53,5 casos al año. 

• Las condenas por asesinato en el marco de la violencia de género

• Las llamadas al 016

• Número de denuncias recibidas por violencia de género

• Número de víctimas con Órdenes de Protección atendidas por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV), gestor y psicólogo

Lo que todavía falla: no es tanto la ley, sino la aplicación de las medidas 

Sin embargo, Rodríguez también es claro cuando alerta de que esta ley, que en su momento fue pionera y consiguió abrir un camino muy importante, ahora está obsoleta. Hay dos cambios fundamentales que proponen desde este Grupo de Expertos/as del CGPJ. Uno de ellos tiene que ver con el concepto demasiado restrictivo de violencia de género que tiene el texto actual y se ciñe al ámbito de la pareja. Poder ampliarlo supondría, por ejemplo, que casos como el de ‘La Manada’ fueran considerados de manera oficial como violencia de género. 

Y por otra parte, desligarla de “un catálogo específico de delitos, lo que haría que la trata de seres humanos con fines de violencia sexual” también se tratara como lo que es, violencia contra las mujeres.  

Todas las expertas consultadas señalan aspectos que deben mejorar y critican que no se aplique de forma más amplia algunas medidas. 

La ciudadanía también reclama que se deben “hacer más cosas” para enfrentarse a “este problema”. Así lo reflejaron las respuestas de la encuesta que hizo el CIS en febrero de 2020, que incluyó en el barómetro varias preguntas concretas sobre violencia de género y la ley. Un 76,4% respondió que la ley era insuficiente, que había que ir más allá, y la respuesta mayoritaria apuntaba a endurecer las leyes y penas (40,2%). Donde hubo mayor consenso fue a la hora de señalar la violencia de género como un “problema preocupante para la sociedad española”. Así lo dijo un 93,3%.

Desde la Delegación contra la Violencia de Género recalcan que es un logro de la ley haber roto el silencio generalizado y conseguir que en la sociedad “la tolerancia hacia las actitudes violentas sea cada vez menor”.

Qué hay que mejorar 

Confianza en las mujeres. Algo clave sobre lo que llama la atención Marisa Soleto: la confianza en las mujeres, porque uno de los principales problemas sigue siendo que muchas víctimas no denuncian. Soleto es contundente: “Hasta que los mecanismos de la ley no den un contexto de confianza plena en las mujeres” seguirá siendo muy difícil. 

Ampliar la prevención. El experto del CGPJ, Ricardo Rodríguez, también coincide en ampliar la mirada y poner el acento en mejorar la parte administrativa y las ayudas económicas que reciben las mujeres. Tener en cuenta todas las alertas previas y mejorar todo el proceso para prevenir y poner solución antes. 

Mayor coordinación entre administraciones. Para evitar “el peregrinaje o revictimización” de las víctimas y lograr que se hagan efectivos los derechos que la propia ley les reconoce, según dice la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Mejorar el cumplimiento de las órdenes de protección. Ana Bella recoge la queja de multitud de víctimas de la VG, que se haga un seguimiento más efectivo de las órdenes de protección para que no se incumplan y si el maltratador se la salta, que se intervenga cuanto antes y se endurezcan las medidas contra el agresor. 

Dotar la ley de recursos. Dar más recursos económicos y humanos para que la protección que establece la ley pueda hacerse realidad de manera más efectiva, dice la profesora de derecho civil Teresa Sansegundo. 

Más formación y sensibilización. En todos los campos, insiste Sansegundo, en los medios, en los colegios, institutos y universidades, en la justicia. Y una formación seria.”No un curso de ocho horas”, añade. Eso facilitaría una mejor aplicación de la ley.

Adaptar esos recursos a las necesidades de las mujeres. Ana Bella pide que la atención que se preste y los horarios en los que se hace tengan en cuenta la situación de las mujeres y hagan el proceso mucho más fácil.

El recuerdo de un centro de acogida

Cuando Ana Bella habla de la atención más cercana y humana con las supervivientes de violencia machista, lo hace con conocimiento. Como cuando recuerda cómo olía el centro de acogida de Sevilla en el que estuvo por culpa del maltrato que ejercía sobre ella su marido. Como cuando se emociona al visitarlo 20 años después porque siguen allí las mismas trabajadoras que la atendieron. Se trata de eso, dice, de poner los recursos necesarios, que en muchas ocasiones son personas, y cuidarlos. Eso también es combatir la violencia de género, una lucha respaldada desde hace 17 años por una ley que identifica el problema y refuerza la importancia de combatirlo, aunque quede patente, con base en el conocimiento y las alertas de diferentes expertas y expertos, que debe mejorar y actualizarse para ser más eficiente. 

Fuentes:

-Ana Bella, Presidenta Fundación Ana Bella
-Teresa Sansegundo, Profesora de Derecho Civil y Directora del Máster Malos Tratos de la UNED
-Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujeres
-Ricardo Rodríguez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Miembro del Grupo de Expertos/as en Violencia de Género del CGPJ
-Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG)

*Se ha actualizado el texto para incluir la intervención de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG)