Cinco años del acuerdo de paz en Colombia en cinco datos

Cumplir el acuerdo de paz en Colombia sigue siendo un desafío cinco años después de que se pusiera fin a un conflicto que duró más de 50 años y que se selló con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc el 24 de noviembre de 2016. 

Ahora, en este quinto aniversario, el máximo responsable de la ONU ha puesto el acento sobre la violencia, que ha seguido generando desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales. Solo entre junio y septiembre de este año fallecieron 14 excombatientes de las Farc-EP. 

El aniversario del acuerdo de paz en Colombia se produce en un año marcado por la agenda electoral de las presidenciales y legislativas de 2022, y antes de que se produzca, el secretario general de la ONU, António Guterres, advierte de que es necesario cumplir con los acuerdos alcanzados en el proceso de paz. «La sociedad colombiana y la comunidad internacional no deben ignorar los enormes desafíos y factores de riesgo que aún enfrenta su consolidación a largo plazo. El principal de ellos es la violencia», recoge en su último informe.

Repasamos los avances y las tareas pendientes de estos cinco años tras la firma de los acuerdos de paz en cinco datos.

Los desplazamientos de personas no han cesado: 102 solo en el primer semestre

Este año los desplazamientos por situaciones de violencia se han duplicado, como alertaba el defensor del pueblo de Colombia en un comunicado a mediados de año. “Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado, pertenecientes a 15.340 familias, que tuvieron que dejar sus hogares”, señala la institución.

El territorio con más personas afectadas es Buenaventura, en Valle del Cauca, con más de 9.000 personas movilizadas, como recogen los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha documentado cómo las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos han disuelto algunas iniciativas de reincorporación de excombatientes de las Farc a la vida civil, como por ejemplo, a través de proyectos productivos y de emprendimiento que se pactaron en los acuerdos.

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, una lacra que arrastra al país

La historia de Willington Hernández aúna varias de las estadísticas que retratan el proceso de paz. Hernández era presidente de la Junta de Acción Comunal de la Unión Peneya, un corregimiento en el departamento de Caquetá que en el 2004 quedó atrapada en las luchas entre el ejército y la guerrilla, que dominaba los cultivos de coca en la zona, y tuvo que abandonar las tierras, como recogía el diario El Tiempo.

En octubre de este año, Hernández ayudó a un equipo forense a recuperar 46 cuerpos no identificados del cementerio de esa localidad que podrían corresponder a personas desaparecidas y algunos a niños reclutados de manera ilícita. Unas semanas después, el 9 de noviembre, Hernández apareció muerto.

Se trata del asesinato 152 de un líder social en 2021 y del 1.267 desde la firma del acuerdo de paz, según el recuento de Indepaz. La cifra total es mucho mayor: desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 1.267 líderes y defensores de derechos humanos.

Solo el 28% de lo pactado en el acuerdo de paz en Colombia se han implementado

Naciones Unidas también recoge cómo se han intensificado las acciones armadas y disputas entre grupos armados ilegales que incluyen a disidentes de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia), “por el control territorial y las rutas estratégicas de tráfico ilícito, lo que ha agravado la violencia, en particular en las zonas afectadas por el conflicto”.

Parte de este conflicto que todavía sigue latente es el responsable de que no se haya logrado un mayor porcentaje de implementación. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz cifra en un 28% el porcentaje de aspectos implementados del acuerdo de Paz en Colombia, pero la cifra baja hasta el 4% en algunos puntos concretos, como la reforma rural. 

292 excombatientes asesinados, en su mayoría vinculados a proyectos productivos

"Ser firmante del Acuerdo de Paz es vivir 298 lutos", dijo Victoria Sandino, senadora del Partido Comunes (el partido de las Farc), tras el asesinato de Hugo Gilberto Córdoba el 9 de noviembre de este año, casi al mismo tiempo que el del líder social Willington Hernández. 

Córdoba fue asesinado mientras arreglaba su moto. Era el excombatiente número 43 asesinado en lo que va de año y el número 292 desde que se firmó la paz en el país latinoamericano, según el recuento de Naciones Unidas y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), aunque algunas organizaciones contabilizan más, aunque hay distintos recuentos, como el que cita la senadora.

Indepaz identificó que la mayoría de los asesinatos a excombatientes están relacionados con su liderazgo en proyectos productivos, como se conoce a los emprendimientos de exguerrilleros para sostenerse en su tránsito a la legalidad, o en organizaciones políticas. Más de la mitad de los excombatientes acreditados (54%) participan en estos proyectos.

30.318 hectáreas de tierra entregadas de los 3 millones que Colombia se comprometió a entregar en 2027 dentro del acuerdo de paz

Los conflictos por la posesión de la tierra están en la raíz del conflicto armado que ha vivido Colombia durante más de 50 años y los datos evidencian que todavía queda un largo camino por recorrer para atajar este problema. 

A inicios del 2021, la Procuraduría General de la Nación hizo público que se habían entregado 30.318 hectáreas del Fondo de Tierras desde el inicio de la implementación del acuerdo de paz en Colombia hasta junio 30 de 2020. Pero esto solo representa el 1% del total de los tres millones de hectáreas que incluye el compromiso del Fondo para que sean adjudicadas antes de 2027.

Por ahora, “del millón de hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras, la mayoría presentan ocupaciones previas y el 55% de los casos de formalización de predios ya avanzados corresponde a procesos previos a la firma del acuerdo de paz”, según recoge la JEP.