Las víctimas solo declaran una vez y los plazos se reducen: así es el proceso para denunciar abusos a menores

El camino legal para denunciar un delito de pederastia cambió el año pasado, gracias a la aprobación de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  Hasta este momento, el proceso era largo y escabroso, tanto es así que, según el último informe de Save the Children que recoge datos hasta 2021, solo el 15% de las víctimas de abusos de menores denuncia.

Las cifras de los últimos años son reveladoras. Según un estudio elaborado en 2020 por el Consejo General del Poder Judicial, los menores son las víctimas en siete de cada 10 casos de agresiones sexuales. También inquietan los delitos relacionados con la pornografía infantil, según la última memoria de la Fiscalía. De hecho, el documento reconoce que “el preocupante” repunte de estos delitos durante el confinamiento más severo se redujo de forma considerable con la progresiva vuelta a la normalidad, “pero el efecto perverso persiste y es perceptible el constante incremento de este tipo de conductas”.

La Policía alerta de que la pandemia ha multiplicado un problema que se extiende a otros países. De hecho, la Comisión Europea admite que Europa ostenta el “vergonzante récord” de producción de material pedófilo online, como recoge la Fiscalía en su estudio.

La actual ley de la infancia aborda las deficiencias que tenía el sistema sobre abusos a menores

Los obstáculos anteriores a la ley de la infancia, que cumple un año en vigor, se centraban en la repetición del testimonio de la víctima –una media de cuatro veces– y en la duración de los procesos que, aunque han mejorado y no se extienden durante más de dos años, aún hay algunos casos que superan los cinco, como recoge Save the Children en su informe. 

En cualquier caso, el proceso comienza cuando los tutores o los padres de la víctima detectan una anomalía. “Desde problemas para conciliar el sueño hasta la autolesión, las víctimas de agresiones sexuales presentan shocks postraumáticos que necesitan ser diagnosticados por un profesional”, explica a Newtral.es Sonsoles Bartolomé, responsable del departamento jurídico de Fundación ANAR.

Una vez esté el diagnóstico hecho, los padres deben denunciar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Entonces la maquinaria comienza a funcionar. Un médico forense deberá inspeccionar a la víctima para encontrar pruebas de la agresión. A continuación, se prosigue con su testificación, el elemento decisivo que ha cambiado gracias a la nueva ley: la prueba preconstituida. 

La norma establece que las víctimas menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez “y, siempre, a través de profesionales específicamente formados”. El objetivo es evitar que la víctima tenga que repetir su historia porque su declaración queda grabada en vídeo y se conserva hasta el juicio. 

El resultado es aún mejor si se realiza a través de una cámara Gesell, una sala “amigable” con doble cristal donde el profesional especializado interroga al niño. Al otro lado se encuentra el resto del equipo judicial que puede comunicarse con él, como te contamos en esta entrevista. 

El procedimiento judicial, que puede alargarse entre dos y cinco años [la Ley permite designar un abogado gratuito e inmediato para las víctimas menores de agresión sexual con independencia de los recursos económicos de la familia], continúa sin la participación del menor agredido, por lo que se evita la “victimización secundaria”, es decir, los efectos negativos del paso por el sistema penal. 

“A partir de aquí los caminos de los abusos a menores son infinitos, desde la prisión preventiva, hasta penas de cárcel. Puede quedarse solo en una multa o en una pena de cumplimiento de trabajos para ahondar en la prevención y reinserción social como ocurre en los casos de delitos de posesión de pornografía infantil”, indica Bartolomé de ANAR.

El perfil del agresor sexual de menores en España

Según el estudio de Save the Children de 2021, alrededor del 84% de los agresores son conocidos por sus víctimas. En concreto, suele ser el padre, la pareja de la madre (típicamente masculina), el abuelo o el tío. Este perfil también lo identifican otras organizaciones especializadas, como la asociación Acasi que trabaja contra los abusos a menores en la Comunidad Valenciana desde 2005.

El análisis de ANAR coincide en esto y detalla que alrededor de la mitad (49,2%) de las agresiones son cometidas por un familiar y en un 23,3% de las ocasiones es el padre quien agrede. 

En cuanto a los detenidos por delitos relacionados con la pornografía infantil, un estudio realizado por los investigadores Virginia Soldino y Enrique Carbonell del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia dibuja en detalle el perfil del arrestado en España: hombre de unos 40 años, soltero y sin hijos, de nacionalidad española, con un trabajo cualificado, sin problemas psicológicos o físicos y sin antecedentes penales. Los investigadores del informe llegaron a esta conclusión tras analizar a 347 arrestados entre 2009 y 2013 por este tipo de delitos.

Una de las conclusionesde la investigación es que, aunque los archivos en su poder suelen ser imágenes de niñas desnudas y con poses eróticas, los perfiles de mayor riesgo –aquellos detenidos por pornografía que también han cometido un delito de agresión sexual a menores de forma física– consumían contenido pornográfico de niños varones. “En todo caso, la pornografía viene después, el detenido agrede sexualmente a un menor y luego busca una forma de sustituirlo a través de este contenido online”, añade Soldino. 

Los datos de reincidencia del estudio también son reseñables. Mientras que para los que solo fueron detenidos por cometer un delito relacionado con la pornografía la reincidencia es insignificante (0,2%), para los que también han cometido la agresión física, el porcentaje se dispara hasta el 16,7%. 

La investigadora Soldino insiste a Newtral.es en la importante diferencia entre la pedofilia y la pederastia, ya que en muchos casos el agresor sexual del menor no es pedófilo, es decir, no tiene la condición clínica diagnosticada por lo que “no siente una atracción sexual por los menores”. Una condición que podría servir como atenuante en un juicio.

“El grupo de riesgo, el que más reincide, sobre el que hay que prestar más atención, más recursos y más intervención especializada es el diagnosticado con pedofilia”, incide la criminóloga. Además, matiza: “no todas las personas que cometen delitos sexuales contra menores son pedófilos, y no todos los pedófilos cometen delitos sexuales”. De hecho, según Soldino, muchos detenidos por agresión sexual a un menor no buscaba adrede abusar de un niño, lo hace en realidad como un sustitutivo de una persona adulta. 

La creación de Juzgados especializados en violencia contra la infancia

La Ley también prevé la creación de los Juzgados especializados en violencia contra la infancia. El año pasado arrancó el primero en Las Palmas, un proyecto piloto pionero en el mundo. “El espíritu es el mismo que con el tratamiento de la violencia de género: entender que es un tipo de violencia especial que requiere especialización para poder entenderla y trabajarla”, explicó a Newtral.es Eva Bajo, médica forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y una de las dos forenses que evalúan a los menores que denuncien algún tipo de violencia. 

Además, la ley de la infancia incide en la prevención para evitar abusos a menores. Como indican las expertas consultadas, ha de implantarse una figura en los colegios de protección a los menores especializado en este tipo de violencia. 

“La prevención es formación porque, ¿cómo vas a prevenir algo que no conoces?” se pregunta Bartolomé. “En ese sentido es muy importante formar a los propios niños para que sepan poner nombre y apellido a las agresiones sexuales, para que puedan detectarlas y percibirlas como algo negativo que deben denunciar”, añade.