El Gobierno ha presentado un plan para destinar 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a alquiler «asequible», que incluye la venta de 21.000 viviendas a los gobiernos autonómicos y municipales –9.000 ya están disponibles y 12.000 están pendientes de obras de finalización y habitabilidad–, la movilización de suelo urbanizable para la construcción de 15.000 viviendas públicas y la aplicación de planes de alquiler social para 14.000 viviendas que ya se encuentran habitadas.
La Sareb, sociedad creada hace 11 años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, cuenta con 46.540 viviendas. El 48,1% de las viviendas de la Sareb se concentran en dos comunidades autónomas, Cataluña (13.499) y la Comunidad Valenciana (8.897). Le siguen Andalucía y Castilla-La Mancha, donde la entidad dispone de 4.544 y 3.709 viviendas, respectivamente. Por el contrario, la Sareb cuenta con menos de un centenar de viviendas en el País Vasco (53) y en Navarra (43).
De las 20.768 viviendas de la Sareb destinadas a acuerdos de venta con las comunidades autónomas y ayuntamientos, más del 85% se localizan en siete autonomías. Estas son la Comunidad Valenciana (23,8%) y Cataluña (17%). Castilla y León (11%), Murcia (10,1%), Andalucía (9,8%), Castilla-La Mancha (7,4%) y Galicia (6,1%), según recoge la referencia del Consejo de Ministros del 18 de abril.
El 2,5% del parque de viviendas de España es público
Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana muestran que entre enero de 2017 y septiembre de 2022 41.095 viviendas protegidas recibieron la calificación definitiva en España, una cifra diez veces menor al número de viviendas libres terminadas en el mismo periodo de tiempo (411.677).
De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de viviendas principales (2,5%) es seis puntos inferior a la media del club comunitario (9,3%), según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo.
Los países de la UE con mayor proporción de vivienda social en relación a su parque de viviendas son Países Bajos, con un 30% del total; Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un 1,5%; Estonia, con un 1,7% y Croacia, con un 1,8%.
España también es el duodécimo país europeo con menos vivienda pública en relación a su población, al no llegar a una vivienda de este tipo por cada 100 habitantes. Por el contrario, Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido y Francia superan holgadamente la media de la UE (4).
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró en una entrevista en Onda Cero que el Ejecutivo tiene el objetivo de “alcanzar en un plazo aproximado de 20 años el objetivo del 20%” de vivienda pública en España, un fin “ambicioso” y “al que no llegaremos en un par de años”.
Los expertos apoyan la medida pero cuestionan su impacto y ejecución
Para José Ariza, sociólogo urbano y doctorando por la Universidad Complutense de Madrid, la movilización de 50.000 viviendas para alquiler social "es una medida positiva" puesto que "150.000 personas se van a beneficiar de ella desde el punto de vista habitacional" y "supone una ruptura con la política que se ha tenido con la Sareb, que supuso un gasto de dinero público enorme y no se le ha dado hasta ahora la función social que debería".
Pese a ello, Ariza reconoce que se trata de una medida fundamentalmente "simbólica, que no tiene fuerza para modificar el mercado de la vivienda". "El franquismo utilizó la vivienda protegida para la patrimonialización de las familias, en lugar de crear un parque público de viviendas de alquiler. Esta lógica se ha mantenido en democracia, y en términos generales se ha tendido a acabar vendiendo la vivienda protegida", explica.
Alejandro Fuentes-Lojo, abogado especializado en derecho inmobiliario, también aplaude con reservas el plan del Gobierno. "Es una buena noticia siempre y cuando se ejecute. Las políticas de vivienda puestas en marcha en los últimos años no se han preocupado por dedicar recursos a este ámbito", asegura a Newtral.es.
"La construcción de vivienda social depende de la inversión pública, y aunque haya reservas de suelo, la administración suele acabar alegando que no hay suficiente presupuesto para cumplir con los objetivos de vivienda social", apunta. Los datos de Eurostat muestran que España dedicó el 0,2% de su Producto Interior Bruto en el año 2021 al desarrollo de viviendas, frente al 0,4% que alcanzaron países como Bulgaria, Francia y Noruega.
El Gobierno presenta un aluvión de medidas de vivienda pública
La aprobación de la estrategia para la Sareb llega días después del acuerdo alcanzado el 14 de abril por el Gobierno y sus socios parlamentarios para sacar adelante la nueva ley de vivienda, que deberá seguir con su tramitación parlamentaria. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el pleno del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo va a financiar la construcción de 43.000 viviendas adicionales dedicadas al alquiler a precios asequibles, que se financiarán con la ayuda de una línea de crédito del ICO financiada con 4.000 millones de los fondos europeos.
