El desplome de la vivienda protegida en España: en 2022 se entregaron nueve veces menos viviendas que en 1997

El acceso a la vivienda está siendo uno de los principales ejes de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. La reciente aprobación de la ley de vivienda y de una batería de medidas para ampliar el parque de vivienda protegida en España han situado esta materia en el centro del debate público, siendo objeto de afirmaciones falsas o engañosas durante los debates celebrados en comunidades como Aragón o la Comunidad Valenciana.

Pese a ello, la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) revela que en 2022 apenas 9.221 viviendas protegidas de planes estatales y autonómicos obtuvieron la calificación definitiva en España, es decir, 19 por cada 100.000 habitantes.

Se trata de un 86,7% más que en 2017, cuando recibieron esta certificación 4.938 viviendas protegidas, la cifra más baja de la serie histórica. Aun así, el número de calificaciones de 2022 siguió siendo nueve y siete veces inferior al registrado en 1997 y 2008, cuando se entregaron 85.028 y 68.587 viviendas protegidas, respectivamente.

El impacto de la crisis financiera en la vivienda protegida

"Desde que estalló la crisis financiera (2007-2008), se ha vivido un período de retroceso en política de vivienda que ha conducido a España a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como este", explica la separata del informe anual del Defensor del Pueblo del año 2018 sobre vivienda protegida y alquiler social en España.

De hecho, en 2022 hubo cinco comunidades –Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia y La Rioja– en las que ninguna vivienda protegida recibió la calificación definitiva a lo largo del año, al igual que en Ceuta y Melilla. 

El País Vasco y la Comunidad de Madrid fueron las autonomías con mayor proporción de calificaciones de vivienda protegida en relación a su población en 2022, con 71,89 y 51,2 por 100.000 habitantes, respectivamente.

"En el País Vasco se decidió en 2008 que las viviendas financiadas con subvenciones públicas no se podían vender, y en 2015, que cada nueva vivienda de protección pública sería de alquiler. Gracias a estas dos medidas y a su continuidad en el tiempo, el País Vasco cuenta con un parque de vivienda pública maravilloso", asegura José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, en declaraciones a Newtral.es.

Una de cada cuatro viviendas en España se han construido con apoyo público, pero han pasado a ser viviendas libres

El estudio El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo, elaborado por la economista Carme Trilla y el politólogo Jordi Bosch en 2018, afirma que "entre los años 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas", lo que supone que "un 26,6% del total de las viviendas de España ha sido construido con apoyo público".

Pese a ello, el informe del Defensor del Pueblo explica que "durante décadas, (en España) se prefirió proceder a vender viviendas en propiedad en lugar de apostar por el alquiler social", de manera que "las casi siete millones de viviendas de protección oficial (VPO) construidas en más de medio siglo no se han transformado en viviendas sociales, lo han hecho en viviendas libres".

"Este fenómeno tiene varias causas. Por un lado, la desaparición de la protección en muchas de las viviendas que se habían subvencionado propició su paso del ámbito público al privado", recuerda García Montalvo. 

"Además, muchas comunidades autónomas optaron por venderlas, ya que gestionarlas es muy complejo. Lo ideal es que el parque de vivienda protegida se dedique al alquiler, ya que así las familias con bajos recursos no tienen que entrar en una hipoteca", añade.

La falta de inversión pública, otra de las claves

El informe del Defensor del Pueblo también señala la "falta de dotación presupuestaria de los planes de vivienda" tras el estallido de la crisis financiera como otra de las claves de su hundimiento. "Durante el periodo 2019-2016 el gasto público del Gobierno central en materia de acceso a la vivienda y fomento de la edificación disminuyó alrededor de un 65% en términos corrientes", apunta el documento, pasando de suponer "el 0,3% del PIB en 2009 al 0,15% en 2016".

"Desde la crisis inmobiliaria, todos los Gobiernos han hablado de la importancia de la vivienda, pero luego esto no se ve reflejado en los presupuestos públicos", apostilla el catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. El Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido por el Gobierno a Bruselas plantea que el gasto anual de España en "vivienda y servicios comunitarios" se situará en el 0,5% hasta 2026, la misma proporción que en los años 2021 y 2022.

España, el décimo país de la UE con menos vivienda social 

Esta política ha convertido a España en uno de los países de la Unión Europea donde hay menos vivienda protegida construida. El Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo muestra que el parque de vivienda social en España apenas representa el 2,5% de las viviendas principales del país –el décimo registro más bajo de los Veintisiete–, frente al 9,3% de media en la Unión Europea.

El informe estima que el parque de vivienda social de España en 2020 alcanzaba las 290.000 viviendas, de las que 180.000 serían de las comunidades autónomas y otras 110.000 de los ayuntamientos y sus entes asociados. De esta manera, el parque de vivienda social apenas daría cobertura "al 1,6% de los hogares españoles", lo que refleja “un claro déficit” en comparación con países europeos como Holanda, Austria o Dinamarca.