Violencia de género vicaria: así se han pronunciado los tribunales españoles e internacionales

Andrea tenía siete años cuando su padre la asesinó. Fue el 24 de abril de 2003, el mismo día en el que su madre, Ángela González, tuvo una audiencia judicial para reclamar el uso de la vivienda habitual a quien había sido su maltratador. A la salida, se acercó a ella y le dijo que le quitaría lo que más quería. Por la tarde, Andrea tenía que quedarse con su padre, tal y como establecía el régimen de visitas sin supervisión. Al no regresar, Ángela avisó a la Policía. Encontraron los cuerpos de ambos: el agresor había cumplido su amenaza y después se había quitado la vida. En 2004, Ángela emprendió una batalla judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado en el asesinato de su hija, que se enmarcaba en lo que se conoce como violencia de género vicaria, es decir, “cuando el agresor causa daño de algún tipo sobre los hijos e hijas con la finalidad de generar sufrimiento a la madre”, como explica a Newtral.es la magistrada Lucía Avilés.

Los datos de menores asesinados en el marco de la violencia de género se contabilizan desde 2013, y desde entonces (y hasta la fecha) son 39 los niños y niñas muertos a manos de la pareja o expareja de la progenitora, tal y como consta en los informes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

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Violencia de género y menores
¿Qué es la violencia vicaria y por qué es violencia machista?

Violencia vicaria: Primera condena a España por un comité internacional

Tras casi una década, y tras haber pasado por la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional, ningún tribunal dio la razón a Ángela: consideraban que el Estado no tenía ninguna responsabilidad en el feminicidio de su hija a pesar de que ella había alertado a los servicios sociales de las amenazas constantes por parte del agresor y había llegado a interponer 30 denuncias desde que se separó del agresor en 1999. 

Decidió llevar su caso ante instancias internacionales. Así, de la mano de la organización feminista Women’s Link, Ángela denunció su caso ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), dependiente de Naciones Unidas (ONU). Y en 2014 llegó el dictamen: el CEDAW consideró que España sí tenía responsabilidad ya que incumplió la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor en España en 1984, así como el Protocolo Facultativo (en vigor desde 2001). 

El Comité señalaba que se deben tomar en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos de determinación de custodia y del régimen de visitas de los niños y niñas para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos sus hijos e hijas. También afirmaba que los estereotipos afectan negativamente al derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial y que las autoridades judiciales españolas aplicaron nociones estereotipadas acerca de la naturaleza y la gravedad de la violencia de género, así como de los derechos de visita de los padres maltratadores con sus hijos e hijas.

La abogada de Women’s Link que representó a Ángela González en este proceso internacional, Gema Fernández, explica en conversación con Newtral.es que “el Comité CEDAW considera que España había ratificado el Convenio, según el cual se debe proteger y garantizar la vida, por lo que supone un incumplimiento del mismo”: “El Estado en su conjunto (Policía, autoridades judiciales…) tiene responsabilidad en tanto que tenía conocimiento de la situación y no puso todas las medidas posibles para evitarlo”, añade Fernández. 

El Supremo reconoce la responsabilidad del Estado respecto a la violencia vicaria

Tras el dictamen del Comité CEDAW, Ángela reinició el proceso judicial: volvió a pasar por varias instancias hasta que llegó al Tribunal Supremo de nuevo, que esta vez sí le dio la razón. En su sentencia de julio de 2018, el Alto Tribunal reconocía el daño que la justicia española le inflingió a Ángela, afirmando que “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”. El Supremo condenó al Estado español a indemnizar a Ángela con 600.000 euros por su responsabilidad patrimonial. 

“Fue una sentencia histórica no solo porque le dio la razón a Ángela sino porque abrió el camino para reconocer la responsabilidad que un Estado puede tener en casos de violencia de género vicaria”, apunta Gema Fernández. De hecho, tal y como explica esta abogada de Women’s Link, el abogado de Itziar Prats, cuya expareja asesinó a sus dos hijas en 2018, está en contacto con ella: “Quieren ir por esta vía de pedir responsabilidad patrimonial”. 

Nerea y Martina fueron asesinadas por su padre durante el régimen de visitas. En una carta difundida a través del Defensor del Pueblo, Itziar Prats recordaba que las amenazas por parte del agresor eran constantes y que llegó a grabar las conversaciones para presentarlas como prueba. 

“Interpuse denuncia, relatando todos los hechos y aportando las grabaciones. El Fiscal, en la primera comparecencia ante el juzgado de guardia, no pidió que se adoptara medida alguna es más, se opuso a la solicitud de protección que efectuó mi abogado, tanto respecto a mi como de mis hijas, aunque luego, en la comparecencia ante el Juzgado de Violencia sí pidió que se acordaran medidas de alejamiento y protección respecto a mí y mis hijas. La jueza del Juzgado de Violencia desestimó la orden de protección solicitada, cuestionándose, como fundamento de su resolución, el hecho de que fijé mi domicilio cerca del suyo, y tal circunstancia, según la jueza, no era compatible con que mi miedo fuera real”, relataba Itziar en su comunicado.

Sentencias sobre violencia de género vicaria

En España, la violencia vicaria no está tipificada como delito, pero sí hay dos condenas recientes que reconocen los actos como violencia sobre la mujer. En esta sentencia de octubre de 2018 de la Audiencia Provincial de A Coruña, el tribunal condena al agresor por asesinar a su hijo de 11 años durante el régimen de visitas, pero también le considera responsable del delito de lesiones psíquicas a la mujer. 

Y en esta otra sentencia de octubre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia condena al agresor por un delito de asesinato en grado de tentativa (la menor sobrevivió) y por un delito de lesiones psíquicas “con la circunstancia agravante de haber ejecutado el hecho por razones de género”, apunta el tribunal. 

La violencia vicaria en la legislación española

A día de hoy, la violencia vicaria no está mencionada en la ley de violencia de género de 2004 como tal, pero sí se reformó en 2015, después del dictamen del Comité CEDAW sobre el asesinato de Andrea, para reconocer su existencia y considerarla una forma más de violencia contra la mujer.

Así, en el artículo 1.4 la norma señala: “La violencia de género a que se refiere esta ley también comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero”. 

Por otra parte, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, en su documento refundido de 2019 reconoce como víctimas a las mujeres que han sufrido violencia vicaria que define como “el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/as”. 

María Acale, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz especializada en violencia de género, explica a Newtral.es que el concepto de violencia vicaria “nace en el ámbito de los delitos de tortura referido a cuando, por ejemplo, un funcionario policial, para obtener información, amenaza contra torturar o directamente somete a torturas a alguien muy cercano que esa persona no soporta ver sufrir”. 

“Se traslada al ámbito de la violencia de género para poder reconocer su estatus de víctima aunque ella no haya sufrido una agresión directa. Es importante recalcar que aunque la madre es víctima porque el acto repercute muy negativamente en ella al ser na tortura psicológica, las víctimas principales son los menores asesinados”, añade Acale. 

La catedrática recuerda que a finales de 2020 se modificó la ley de violencia de género catalana que sí hace mención expresa a la violencia vicaria, definiéndola como “cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos e hijas con el fin de provocar daño psicológico a la madre”. “Se entiende que las diversas formas de violencia machista son también violencia contra la mujer cuando se ejerzan con la amenaza o la causación de violencia física o psicológica contra su entorno afectivo, especialmente contra los hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad de afligir a la mujer”, añade la norma autonómica.

Violencia vicaria y juzgados especializados

Actualmente, la ley de violencia de género estatal no indica expresamente que los casos en los que un agresor daña a un menor para ejercer violencia sobre la mujer deban cursar por un juzgado especializado.

La magistrada Lucía Avilés señala que “habitualmente estos casos se instruyen en juzgados normales”: “Para que se instruya en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el operador jurídico tiene que estimar que estamos ante un caso de violencia de género e inhibirse. Es decir, hay que hacer una valoración para determinar que el juzgado especializado sea el competente”. 

En su informe, la fiscala Rosa Guiralt pone el ejemplo de un caso de violencia de género vicaria cuya competencia se atribuyó a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que consistió “en el intento de agresión sexual a la hija de su expareja y el asesinato de su abuelo que intentó evitarlo”. “La Audiencia Provincial entendió, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que todo ello obedeció a la intención del investigado de causar el máximo daño posible a su ex mujer”, añade Guiralt en el análisis. 

La catedrática María Acale apunta que, en estos casos, “cabe apreciar que la violencia sobre los hijos repercute en la mujer”.