Violencia obstétrica en España: qué dice el Comité de derechos de las mujeres de la ONU sobre el maltrato sanitario a embarazadas

N. sufre “un trauma físico y psicológico duradero como consecuencia de su experiencia durante el parto”. Es una de las conclusiones del dictamen emitido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dependiente de la ONU, después de que N. denunciase ante el organismo internacional su caso. El CEDAW señala que fue víctima de violencia obstétrica en España e incide en que no es el único caso. En 2020, el mismo comité ya advirtió, a través de un primer dictamen a raíz de otro caso, que España debe tomar medidas para combatir esta violencia específica asociada al proceso reproductivo. 

El caso de N. se remonta a 2012, cuando, según el dictamen del CEDAW, la embarazada, en la semana 38 de gestación, acudió a un hospital público de Donostia por haber roto aguas. “El hospital ignoró el período protocolario de espera de 24 horas y, sin proporcionarle información sobre las alternativas existentes, le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento. Fue sometida a múltiples tactos vaginales y no se le permitió comer. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, operación durante la cual tuvo los brazos atados y a la cual no pudo asistir su esposo”, expone el documento. Una cesárea, además, que fue practicada sin el consentimiento previo de N. 

Además, prosigue el informe de este comité de la ONU, “cuando nació su bebé, no pudo tocarlo porque aún tenía los brazos atados”. La víctima de violencia obstétrica en España tuvo “que acudir a su médico de atención primaria por síntomas de ansiedad relacionados con su experiencia de parto” y “fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto”, corrobora dicho organismo internacional. 

Qué es la violencia obstétrica

No hay una definición consensuada sobre qué es la violencia obstétrica, tal y como exponen las autoras de un estudio sobre el maltrato sanitario vinculado a los procesos reproductivos. El paper, publicado en 2020 en la International Journal of Environmental Research and Public Health y llevado a cabo por enfermeras y obstetras de la Universitat Jaume I y del Hospital do Salnés, recoge la conceptualización que realiza el Observatorio de Violencia Obstétrica en España: “El acto de desconocer la autoridad y autonomía que tienen las mujeres sobre su sexualidad, sus cuerpos, sus bebés y sus experiencias de embarazo/parto”. Un acto que también incluiría “ignorar las necesidades emocionales” tanto de las personas gestantes como del bebé “en cualquier momento del embarazo”.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento en 2014 alertando de que “muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto” en los centros sanitarios. La OMS no empleó el término violencia obstétrica como tal, pero apuntaba que numerosos informes constataban, ya entonces, “el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto”, así como la “profunda humillación y maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la esterilización), falta de confidencialidad o incumplimiento con la obtención del consentimiento informado completo”.

Además, la OMS señalaba que “es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo”. Precisamente de esto también alertan las autoras de una reciente publicación en The Lancet (2022) sobre la violencia obstétrica al señalar cómo “las disparidades raciales, geográficas y de clase” interseccionan con esta violencia estructural. 

Francisca Fernández, abogada especializada en derechos reproductivos y socia fundadora de la organización El parto es nuestro, explica a Newtral.es que “la violencia obstétrica en España no se produce solo en el parto, sino antes y después, o en otras situaciones como, por ejemplo, en una consulta rutinaria ginecológica o durante un aborto voluntario o espontáneo”.

“Se inflige un daño moral y, en muchas ocasiones, físico al eliminar la autonomía de la paciente. Un ejemplo muy común es hacer inducciones de un parto por conveniencia, para que el médico no tenga que asistir un parto durante el fin de semana”, añade Fernández. 

El caso de N. y el dictamen de la CEDAW, el segundo emitido sobre violencia obstétrica en España

Francisca Fernández ha sido también la abogada defensora en el caso de N., que presentó, primero, una reclamación administrativa ante Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) que no prosperó. Después recurrió a los tribunales, pasando por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por el Constitucional, pero ninguno de ellos falló a favor de N. Así, con la vía judicial agotada, Fernández presentó un escrito ante el CEDAW. 

Ahora, el Comité de la ONU, tras analizar el caso y todas las pruebas aportadas, concluye que N. sí fue víctima de violencia obstétrica en España: “Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”, apuntan desde el comité.

Este organismo internacional establece que España debe indemnizar a N., es decir, ha de recibir “una reparación adecuada por los daños de salud física y psicológica sufridos”. 

La abogada Emilia de Sousa, especializada en derechos reproductivos, explica a Newtral.es que “todas las resoluciones que vengan de órganos externos, internacionales, a los que España está vinculada, han de ser acatadas por el Estado”. “Cada pronunciamiento a favor de las víctimas que reconoce la existencia de esta violencia machista sistémica, estructural e institucional presiona a nuestro Estado para hacer lo que debe: legislar en consecuencia”, añade De Sousa.

Así lo señala el propio comité de la ONU cuando solicita a España que “respete la autonomía y la capacidad de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, brindándoles información completa en cada etapa del parto y exigiendo que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado para cualquier tratamiento invasivo durante la atención del parto”. 

También demandan que España proporcione al personal sanitario del ámbito de la ginecología y la obstetricia “una formación profesional en materia de derechos de salud reproductiva”. 

Ausencia de legislación específica

Emilia de Sousa recuerda que “no hay una regulación interna en relación con la violencia obstétrica” en España, por lo que las víctimas cursan sus denuncias como si se tratase de una mala praxis médica, “aunque no es lo mismo”, recuerda esta abogada. 

“Uno de los cauces es la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración si hablamos de sanidad pública. Un procedimiento contencioso-administrativo que, digamos, está para otras cuestiones, no para luchar contra una violencia estructural. Este fue uno de los argumentos del Estado en el caso de N., que no se usa la vía adecuada. Pero ¿cuál es la vía adecuada para reclamar algo que no está legislado?”, apunta De Sousa. 

Sin embargo, para acudir al CEDAW se deben haber agotado todas las vías posibles dentro del Estado, como sí hizo N. “El comité, así lo refleja en su resolución, es sabedor de las limitaciones que tenemos las mujeres para luchar contra este tipo de violencias en un contexto jurídico que no las contempla”, destaca Emilia de Sousa.