En un año y medio de relación, Marcos agredió físicamente a Saray —nombres modificados para preservar la identidad— hasta en tres ocasiones: tortazos, empujones y tirones de pelo. Él era policía nacional, algo que Marcos le recordaba habitualmente a Saray cuando esta amenazaba con denunciarle por maltrato. “En una ocasión llegó a decirme que tuviese cuidado, que tenía pistola y podía usarla conmigo”, recuerda Saray. Esta superviviente de violencia de género por parte de un policía evidencia algunas de las dinámicas específicas de control y poder que pueden llegar a operar cuando es un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el perpetrador de violencia en pareja.
El episodio que provocó que Saray llegase a cambiarse de ciudad por miedo fue cuando descubrió que Marcos había accedido, en calidad de policía, a información personal suya. En concreto, había averiguado la nueva dirección del piso al que se había mudado ella sola para poner fin a la relación. “Me escribió con mi dirección exacta y me dijo que igual un día se pasaba a hacerme una visita. Me dio tanto pánico que me mudé de ciudad. Me planteé denunciarlo, pero pensaba: ¿quién me va a creer? Si iba a la Policía, me daba miedo que sus compañeros le protegiesen”, recuerda.
Lo que relata Saray es muy similar a lo que recoge esta sentencia de 2020 de la Audiencia Provincial de Lugo en la que el tribunal condenó a cuatro años y siete meses de cárcel a un guardia civil por maltratar a su pareja. La resolución recoge no solo los episodios de violencia física y psicológica, sino el uso indebido que hizo de las bases de datos de la Guardia Civil para obtener información de la víctima.
La sentencia recoge como hechos probados que el maltratador miraba dónde se hospedaba su expareja y con quién viajaba. “Ahora mismo miro hospedajes [en referencia a dónde se alojaba en un viaje], tranquila, nos vemos luego”, le escribió. Más tarde le indicó el lugar exacto en el que estaba. Cuando ella le dijo que le iba a denunciar, él respondió: “A mí ya me has jodido, soy guardia civil, puedo mirar lo que quiera, para eso tengo las bases”, tal y como consta en la resolución.
Violencia de género ejercida por agentes y el uso de bases de datos para extorsionar a las víctimas
En 2025, seis agentes de policía de Granada fueron investigados por acceder al sistema VioGén de una víctima que resultó ser la expareja de uno de sus compañeros. Este otro agente, a su vez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por maltrato habitual contra su entonces pareja y su hija, además de romper la orden de alejamiento hasta en diez ocasiones, según recoge aquí El País.
Y en esta sentencia del Supremo (2021), el Alto tribunal condenó a ocho años de prisión a un policía nacional de la Brigada de Información por consultar datos personales de mujeres que conocía a través de internet y que rechazaban tener relaciones sexuales y/o sentimentales con él. El agresor usaba sus credenciales como agente para entrar en diversas bases de datos policiales y consultar, por ejemplo, si estas chicas tenían multas de tráfico, si habían sido denunciadas o incluso el estado de salud de algún familiar. Luego les hacía saber que conocía esos datos personales e, incluso, a una de ellas, con la que mantuvo relaciones sexuales, la amenazó con contarle a su marido, de quien había conseguido los datos personales, que le había sido infiel.
En este sentido, Saulo Fernández, catedrático de Psicología Social en la UNED, explica que “el poder de un policía o de un guardia civil tiene un aspecto muy marcado por el acceso que le da la ley para controlar a una persona”: “Pueden entrar en tu historial, conocer tu dirección o tu número teléfono, y tienen acceso a información judicial, algo que les otorga también capacidad de controlar el flujo de procesos. Esto hace que, desde la perspectiva de la víctima, la sensación de impotencia pueda resultar mayor”, añade.
Fernández también señala que la cultura imperante en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “está muy masculinizada”: “Es una cultura que ya de por sí atrae a determinadas personas y, una vez dentro, el entorno puede acabar por ‘perfeccionar’ esos pensamientos o legitimar ciertas dinámicas”.
121 procedimientos en 2025 por violencia de género en la Policía
De acuerdo con esta publicación científica (Aggression and Violent Behavior, 2016), consistente en una revisión sistemática, habría una vinculación entre ser policía y ejercer violencia en pareja, aunque apuntan que son necesarios más estudios para estimar correctamente la prevalencia.
Ya en 2023, la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, pedía tener en cuenta esta vinculación tras conocerse que tres de los asesinatos machistas cometidos en junio, julio y agosto de ese año fuesen perpetrados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En 2024 trascendió que un policía jubilado había asesinado a su mujer y a su exmujer en un doble crimen machista.
Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre violencia de género, el 20,5% de los asesinatos machistas de 2024 fueron llevados a cabo con armas de fuego, aunque el reporte no especifica cuántas de esas armas corresponden a una tenencia por pertenecer a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Ministerio del Interior cuenta con un protocolo sobre violencia de género en la Policía desde 2021. En el último año, 2025, se iniciaron 121 procedimientos a través de este protocolo, que se activa, según explica Interior a este medio, “cuando se abre un atestado policial o un procedimiento judicial por violencia de género”. “En la estadística de número de casos se recogen tres tipos: casos en los que solo la víctima es policía y el autor no lo es; casos en los que tanto la víctima como el autor son policías; y casos en los que solo el autor es policía”, añaden.
Según Álvaro Rodríguez, psicólogo social de la Universitat de Barcelona, “la tenencia de armas es un elemento que puede activar el uso de la misma llegado a un extremo de no control o de pérdida del rol”.
Con pérdida del rol, Rodríguez apunta a que puede haber una traslación del papel en el ámbito laboral a la vida privada: “Su trabajo como garantes de la seguridad supone una legitimidad en el uso determinado de la violencia que, llegado el caso, puede implicar cruzar determinadas líneas fuera de ese contexto, sobre todo sumado a otros factores específicos que se dan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el acceso a información reservada, capacidad para intervenir o frenar procesos de denuncias, además del hecho de que se trata de un cuerpo para el que el prestigio lo es todo”.
Además, este psicólogo social recuerda que hay un solapamiento de la cultura patriarcal que “legitima la autoridad masculina en el hogar con la cultura del cuerpo de la Policía, que también está basada en ejercer la autoridad a través de la fuerza”.
¿Quieres comentar?