“La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”, especifica la ley de violencia de género aprobada en España en 2004.
Sin embargo, el Convenio de Estambul, o Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, incluye en la definición de violencia de género no solo la violencia física y la psicológica, sino también la sexual y la económica. Un Convenio que España ratificó en 2014.
En ese marco, la magistrada del Juzgado de lo Penal nº2 de Mataró (Barcelona), Lucía Avilés, ha pedido al Gobierno que tipifique la violencia económica como una modalidad o forma de violencia de género. Y lo ha hecho acogiéndose al artículo 4 del Código Penal, que prevé un mecanismo para pedir al Gobierno, exponiendo las razones, que una acción concreta sea objeto de sanción penal.
La propia magistrada que ha emprendido esta iniciativa legislativa lo explica así a Newtral.es: “Cuando estás enjuiciando un hecho, si consideras, como magistrada, que este debe regularse, expones las razones al Gobierno”. En su caso, el hecho que estaba enjuiciando era un impago de pensión alimenticia en un procedimiento de divorcio, un hecho enmarcado en lo que se podría denominar violencia económica, como ya expuso recientemente el Tribunal Supremo.
En marzo de 2021, el Alto Tribunal condenó a un hombre a seis meses de prisión por dejar de abonar las pensiones alimenticias a su familia. “Este delito puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio”, apuntaba el Supremo.
Así, la violencia económica se ha venido considerando una forma de ejercer violencia de género. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 (Ministerio de Igualdad, 2020) indicaba que el 12% de mujeres de 16 años o más que tienen o han tenido pareja habrían sufrido violencia económica.
¿Qué es la violencia económica?
El proyecto de investigación ECOVIO, adscrito a la Universidad de Extremadura y financiado por la Unión Europea, define la violencia económica, dentro del contexto de la violencia de género, como una forma de “controlar el acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo la capacidad económica de las mujeres”, algo que, como explica la magistrada Lucía Avilés, “las hace depender del agresor, obstaculizando romper el ciclo de violencia”.
La forma más común de ejercer violencia de género es el impago de pensiones, pero hay otras como “el uso trabajo de mujeres sin intercambio prestacional”, apunta Avilés: “Por ejemplo, que el marido te diga: ‘Trabajas en el negocio familiar, pero no te pago’. Esto la desprovee de capacidad económica para tener independencia e, incluso, para tener un trabajo remunerado en otro sitio”, añade la magistrada.
La Macroencuesta de 2019 incluía algunas variables como “Se niega/negaba a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja”, “Le impide/impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar compras de forma independiente” o “No le deja/dejaba trabajar o estudiar fuera del hogar”.
Además, el proyecto ECOVIO incluye otros indicios de violencia económica: que tu pareja te exija saber cuánto dinero has gastado, que tome decisiones económicas importantes sin consultarte, que te obligue a pedirle dinero, o que te exija que dejes tu trabajo.
Una propuesta a raíz de una sentencia
El problema, apunta Lucía Avilés, es que la violencia económica puede ser una forma de violencia de género en sí misma: “En la ley de violencia de género de 2004 no está regulada la violencia económica. El impago de pensiones sí está regulada en el Código Penal. Entonces, cuando este impago forma parte de un caso de violencia de género, si se queda en un Juzgado de Violencia contra la Mujer y se puede tratar como tal. Pero en otros casos, por ejemplo, que un marido deje de pagar la pensión para ejercer violencia tras un divorcio, no”.
La sentencia que ha emitido Lucía Avilés, y que aún no es firme porque puede ser recurrida, “condena a 11 meses de prisión por un delito de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, además de una indemnización de 7.375 euros”, tal y como explica el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en un comunicado.
“Se trata de un caso donde el demandado ha sido condenado hasta dos veces por delitos relacionados con el procedimiento de violencia sobre la mujer”, añade el TSJ.
Por ello, Avilés ha elevado al Gobierno la propuesta de regulación dentro del Código Penal de la violencia económica como una modalidad dentro de la violencia de género, solicitando, además, el establecimiento de cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas.
Fuentes consultadas
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- Código Penal
- Comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): El Tribunal Supremo señala que el impago de pensiones alimenticias es una forma de violencia económica
- Comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica
- Proyecto ECOVIO sobre violencia económica en el marco de la violencia de género
- Sentencia condenatoria sobre impago de pensiones (Juzgado de lo Penal nº2 de Mataró, julio de 2021)
- Lucía Avilés, titular del Juzgado nº2 de lo Penal de Mataró y la magistrada que ha pedido al Gobierno la tipificación de la violencia económica como forma de violencia de género
Bueno, es difícil de creer todo eso. En ocasiones, digamos que un procedimiento judicial puede no salir como nosotros queremos, o puede desvirtuarse un poco de la realidad, puesto que quien emite autos y stcs, no nos conoce de nada, y bastante hacen con intentar ser justos y ajustarse todo lo que la documentación les permite a la realidad, pero ya de ahí a hacer este tipo de acusaciones, mi opinión es que es desvirtuar muchísimo la justicia y a los profesionales que a ella se dedican en este país, que lo hacen lo mejor que las circunstancias en el mejor de los casos le permiten.
He sido victima de una sentencia totalmente machista, tanto promovida por mi ex como por los abogados que "supuestamente me defendian", y con la colaboración de todos/as los profesionales de las instituciones que no sólo han obviado las ilegalidades que me han hecho en la liquidación de gananciales, sino que además han admitido la imposición de unas costas en el juzgado de familia, que son inadmisibles y que aún a sabiendas de las ilegalidades perpetradas sobre mi persona, siguen ejerciendo una violencia de genero que estando todo expuesto sobre la mesa no reconocen su error y me mantienen en un atropello psicológico, mantenido en el tiempo, que sólo buscan mi asfixia económica con un abuso de derecho que ha sido admitido por los propios jueces, que dictan una sentencia firme, que viene viciada desde la propia sentencia de divorcio en donde admiten el maltrato economico de un señor que oculta bienes, el dinero que realmente cobra y que para rematar quiere embargarme los bienes privativos, sin ni siquiera reconocer el dinero que recibió de parte de mis padres a los que me obligó a pedir para pagar las deudas de la rehabilitación de la vivienda adquirida para vivienda habitual, todo esto se produce mediante una deslealtad de mis abogados, en connivencia con los jueces y los letrados de la administración que no me dan ninguna prueba para que no pueda defenderme, asi como una denuncia penal presentada por uno de mis abogados, que denuncia a mi ex por falso testimonio para que todo lo denunciado sea archivado, y me explica que es por nuevas jurisprudencias y por lo que me cobran en B, me ocultan la sentencia en primera instancia, las costas que me imponen la apelación que hacen sin mi permiso hasta querer cobrar todos en costas, es decir, todo ello en connivencia de todos los abogados, perito tasador que ha falseado toda la peritación de inmuebles para beneficiar a mi ex.
En mi caso y tras 80 denuncias por impago. Y en servicios sociales del menor por maltrato infantil. No le ha pasado nada, suplantación de identidad. 8 años condenada y totalmente desprotegidas. Al final pagamos nosotras porque hay cosas que nos superan y no ves amparo por ningún sitio.
Me gustaría saber si alguien del foro ha demandado por violencia económica y que me puede aportar al respecto.
Muchas gracias
Me costó años denunciar el maltrato sicólogo por no creía...y aún teniendo pruebas de audios..anularon el juicio por estar los mensajes el en móvil de mi hijo...lo cual creo q es más grave aún..desde marzo de 2021 ni ve a los hijo ni a aportado nada económicamente...no os imagináis las que pasó para pasar el mes?
13 años sin pagar la pensión, solo hizo travajo social. Alquilamos una casa y el dejo de pagar el alquiler sin yo saberlo. De los 5000 euros que dejó de pagar tengo que pagar oros 4000 de intereses, lo tengo que pagar yo xq el contrato me obligo a ponerlo a mi nombre diciendo que el no podía x su contrato laboral.. necesitamos ayuda urgente.
Es una violencia sibilina y que prácticamente ningún juez quiere considerar. En mi caso ha sido la "justicia" la que la ha bendecido y nos ha dejado a mí y a mis hijos en la calle con lo puesto y con una deuda astronómica por las costas. Nadie lo entiende.
Soy Víctima de Violencia de Género desde enero.
Mi problema es que no sé cómo demostrar que me obligaba a fuerza bruta a no pagar la hipoteca de mi casa.
La hipoteca está a mi nombre como avalista y él como subsidiario. O sea al 50 %
Todo ello para rehipotecar y quedarse el 90% de la rehipoteca,para pagar una casa de propiedad de él.
Mi abogado no sabe bien cómo hacer esta reclamación.
Agradezco cualquier ayuda.
Estamos desprotegidas totalmente. Yo firmé el convenio de divorcio sin consultar con un abogado por miedo a su reacción y a consecuencia él se quedó con la casa y la empresa. Acordamos vender la casa y que con ese dinero él me pagaría mi parte de la empresa y la casa, pero ahora se niega y no hay manera de obligarlo. Llevo más de tres años divorciada y gastando más de lo que gano entre pagar alquiler y los gastos de los tres hijos.
Si lo denuncio en la policía me dice el abogado de oficio que si no me ha pegado ni insultado no hay violencia.
He gastado ya mucho dinero en abogados para nada.
Mucho ánimo Inma, espero que alguien nos pueda explicar el camino.