Circulan por redes sociales varias publicaciones que aseguran que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 habría anunciado que las víctimas de violencia de género van a ser consideradas como personas con discapacidad y que, por ende, tendrán “sueldo vitalicio” y “vivienda a cuenta del Estado”. Sin embargo, es falso que el ministerio dirigido por Ione Belarra haya anunciado una medida así. Además, también es falso que las personas con discapacidad tengan sueldo vitalicio o viviendas pagadas.
“El Gobierno anuncia que las víctimas de violencia de género serán personas clasificadas como discapacitadas”, recoge uno de los mensajes virales en redes como Twitter y Facebook, y en plataformas de mensajería como WhatsApp. La afirmación viene acompañada de una foto de Belarra junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, el decreto al que se refiere el bulo lo que pretende es agilizar el reconocimiento de la discapacidad a mujeres víctimas de violencia de género que, como consecuencia del maltrato sufrido, hayan adquirido esta condición. Asimismo, el Ejecutivo ha desmentido, en declaraciones a Newtral.es, que se vaya a considerar a todas las víctimas de violencia machista como personas con discapacidad.
Como se observa en la referencia del Consejo de Ministros del martes 18 de octubre, la medida que han anunciado tiene relación con las mujeres víctimas de violencia de género que, como consecuencia de las agresiones machistas que hayan sufrido, puedan haber desencadenado una discapacidad: “El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social (…) se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género”. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% de las víctimas de violencia machista tienen una discapacidad ocasionada por las agresiones sufridas.
Según la información facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales, el nuevo baremo para determinar el grado de discapacidad va a incluir un trámite de urgencia para reconocer la discapacidad “por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud o de esperanza de vida”. Entre estas causas figuran enfermedades degenerativas como la ELA o ser víctima de zonas de guerra, se tendrá en cuenta a las víctimas de violencia machista.
La publicación viral también añade que las víctimas, al reconocerse su discapacidad, “tendrán ayudas, sueldo vitalicio y podrán tener una vivienda a cuenta del Estado”. Pero las personas con discapacidad no tienen un salario o una vivienda por el hecho de serlo. La Fundación Cermi Mujeres opina en declaraciones a Newtral.es que es de “mala fe” insinuar que las personas con discapacidad tienen un sistema de privilegio, mientras que el director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, considera que se trata de una “inexactitud malintencionada que destila absoluto machismo y desprecio a las mujeres víctimas de violencia de género”.
El Gobierno no ha anunciado que vayan a considerar personas con discapacidad a todas las víctimas de violencia de género
Desde Newtral.es hemos contactado con el Ministerio de Derechos Sociales, que ha calificado de “totalmente falso” que el Ejecutivo haya anunciado que incluirá a las víctimas de violencia de género dentro de la clasificación de la discapacidad. En realidad, la medida solo tiene relación con las mujeres víctimas de violencia machista que estén esperando a que se les reconozca una discapacidad tras sufrir maltrato.
El ministerio dirigido por Ione Belarra ha llevado el martes 18 de octubre al Consejo de Ministros un nuevo baremo de discapacidad que, según un comunicado facilitado a este medio, “establece unos criterios objetivos para la valoración y clasificación del grado de discapacidad en nuestro país”.
Este baremo, que establece unos criterios objetivos para valorar el grado de discapacidad de una persona, sustituirá al que estaba en vigor desde 1999. En el nuevo texto, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se han incluido novedades como flexibilizar el proceso a través de medios telemáticos, una valoración “más certera” de las realidades que causan algunos tipos de discapacidad como el autismo, las discapacidades psicosociales o las enfermedades raras, o garantizar que los menores con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, “recibiendo asistencia y apoyo adaptado a sus circunstancias”.
En relación al bulo viral, lo que se ha anunciado es el establecimiento de un trámite de urgencia “por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud o de esperanza de vida”, que incluye ejemplos como personas con enfermedades como la ELA u otras enfermedades degenerativas. Aquí es donde entrarían las víctimas de violencia de género, que podrán acogerse al trámite “ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia”, detalla la referencia del Consejo de Ministros.
“Lo único que se hace es que puedan acortar los plazos para entrar en el proceso de valoración. Pero este proceso lo tienen que hacer, y es posible que el equipo de valoración determine que algunas víctimas de violencia de género no tienen la discapacidad”, insiste el director general de Discapacidad del ministerio.
El Estado no proporciona un “sueldo vitalicio” o una vivienda a las personas con discapacidad
Además de la afirmación falsa sobre todas las víctimas de violencia de género, las publicaciones virales también aseguran que las personas con discapacidad tienen derecho a un sueldo vitalicio o a una vivienda solo por contar con una discapacidad. Sin embargo, esto también es falso.
El Estado español no cuenta con ningún salario dirigido a las personas con discapacidad. Como ha aclarado la Dirección General de Discapacidad, lo que reconoce esta condición es “más facilidad de acceso al empleo público u ordinario”, al existir una cuota de reserva en las empresas para las personas con discapacidad. “Son medidas de acción positiva, ya que una discapacidad no te da acceso a una prestación per sé, sino que tienes que tener otros condicionantes como la renta para recibir algún tipo de pensión”, añaden desde este organismo.
Por ejemplo, en este sentido, existen prestaciones económicas y servicios a las personas que, debido a su discapacidad, tengan reconocido algún grado de dependencia, como recoge la ley de dependencia. También, las personas con discapacidad o personas cercanas a la misma (cónyuge, padres o hijos) tienen reconocidas deducciones del IRPF, como se puede consultar en la Agencia Tributaria.
[Se agrava la diferencia de salario entre las personas con discapacidad y la media española]
El director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales ha lamentado que, con este bulo sobre las víctimas de violencia de género, se haga un “flaco favor a la protección social que necesitan los colectivos en situación de vulnerabilidad”. “Una persona con discapacidad tiene menos oportunidad para el acceso a la educación o al empleo. Hacer una carrera universitaria, lo que puede dar acceso a un empleo de buenas condiciones, es muy difícil para ellas. Con lo cual hay que buscar elementos de acción positiva, para que participemos de una manera más ágil en todos los procesos de la sociedad. Igual dentro de 20 años ya no son necesarias estas medidas, pero hoy siguen siéndolo para que las personas con discapacidad no estemos en los márgenes”, opina Martín Blanco.
Por otro lado, el Comité Español de Representantes de la Personas con Discapacidad (Cermi) también ha valorado estos mensajes en declaraciones a Newtral.es, afirmando que es de “mala fe” insinuar que alguien cuenta con un “sistema de privilegio” por el hecho de contar con una discapacidad.
