El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que se está tramitando un procedimiento para excluir al centro Vida Nueva del registro de centros de servicios sociales. Cuando sea definitivo implicará que no podrán concurrir a futuras subvenciones en el departamento de este ámbito.
En 2025, este centro evangélico recibió 55.000 euros del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, además de 105.000 euros del Ministerio de Trabajo. Desde Trabajo han indicado que tienen que hacer las averiguaciones correspondientes y revisar la documentación que tienen sobre la subvención otorgada.
- También recibieron 12.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y casi 6.000 del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Esta información llega después de hacerse pública la investigación sobre el centro Vida Nueva en Newtral.es. Aunque el centro Vida Nueva, fundado por Luis Nasarre y Maricarmen Sotés, se presenta como un centro de rehabilitación para problemas de drogadicción y de salud mental, en la práctica es una casa de obediencia y control, como han denunciado varias víctimas con las que ha podido hablar Newtral.es y cuyos testimonios ha podido corroborar a través de pruebas documentales, fuentes independientes y elementos periféricos.
Labores de limpieza y “exorcismos”
Los relatos contrastados de las víctimas apuntan a prácticas de todo tipo: imposición de tareas de limpieza propias del género femenino, castigos por llevar vestimenta que consideran inapropiada en mujeres, posible explotación laboral al llevarlas a limpiar negocios fuera del dentro sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y sin cobrar, e incluso exorcismos para liberarlas del demonio de la rebeldía y de la homosexualidad.
Desde el Gobierno de Navarra han detallado que la revocación del registro de centros de servicios sociales no es por ningún ilícito penal, sino por incumplimiento de una normativa aprobada en 2020 que obliga a tener máximo dos plazas por habitación. El centro tiene más camas por habitación, excediendo así el límite autorizado, como pudieron comprobar en la última inspección.
Pero, además, apuntan desde Derechos Sociales, “se realizaron otros requerimientos en cuanto a modificación de normativa de ingresos y no solicitud de determinados datos e informes médicos”. Desde la Consejería no han querido dar más detalles sobre qué datos e informes médicos pedían a las internas e internos, ya que están elaborando el informe definitivo con el que se revocaría el registro del centro de servicios sociales.
Análisis y requisitos médicos
En una llamada anónima realizada por este medio al centro Vida Nueva durante el transcurso de la investigación, la responsable de Mujeres, Stella Montes, señaló que para ingresar era necesario aportar “analíticas físicas”. “Es por cuidar bien a las personas, no es nada que excluya, no son analíticas para seleccionar a las personas, son analíticas para cuidarlas bien”.
En un documento fechado en 2014 sobre requisitos médicos para el ingreso en Vida Nueva, aportado por dos víctimas diferentes a este medio, se puede ver que el centro evangélico exigía pruebas de embarazo a las mujeres y también un informe en el que constase la existencia o no de enfermedades de transmisión sexual.
Derivación de pacientes a Vida Nueva
Por otro lado, el portavoz del Gobierno de Navarra ha vuelto a insistir en que no hay ningún concierto ni derivación de pacientes. En un correo enviado por Derechos Sociales a este medio en diciembre de 2025, esta consejería constataba que puntualmente sí se orientaba a pacientes a este centro desde Servicios Sociales de Base como aparece en la última memoria justificativa del centro.
La web del centro sigue recogiendo que además de la solicitud directa, las otras tres vías de ingreso son a través del Centro Penitenciario de Pamplona, del Complejo Hospitalario de Navarra y de los Servicios Sociales de Base.
De hecho, según su última memoria, de las 134 personas atendidas en el centro de rehabilitación en 2024, 13 de las solicitudes procedieron de los servicios sociales públicos —10 de Navarra y 3 de otras comunidades autónomas— y 15 de centros sanitarios públicos —12 de Navarra y 3 de otras regiones—. Es decir, casi el 21% de las personas atendidas en este centro evangélico habrían sido enviadas aquí por instituciones públicas.
