Algunos de los cargos públicos con obligaciones que forman parte de la Generalitat Valenciana verán pasar sus declaraciones y demás documentos oficiales bajo lupa. La Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) ha anunciado que verificará la documentación presentada por 40 cargos públicos elegidos aleatoriamente para comprobar el cumplimiento del régimen de compatibilidades. ¿En qué consiste esta medida? En Transparentia te lo explicamos.
Análisis de sus declaraciones y documentación oficial
La incorporación de una persona a un cargo público implica una serie de deberes y responsabilidades como hacer la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales. Esta documentación permite ver, entre otras cuestiones, si este trabajador se encuentra en una situación de compatibilidad respecto al cargo al que accede.
Para evitar que la documentación presentada por sus cargos públicos no sea real, esté desactualizada o incompleta, desde la Conselleria de Transparencia de la Generalitat Valenciana han aprobado por segundo año consecutivo el Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI) para 2021.
En este plan, publicado el pasado martes 27 de abril en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), se establecen las pautas para desarrollar distintas actuaciones de verificación entre las que se encuentra comprobar si los miembros del Gobierno valenciano cumplen con los requisitos de transparencia.
Para llevar a cabo esta acción se analizarán las declaraciones y documentos que las 40 personas seleccionadas han presentado en el Registro de Control de Conflicto de Intereses (RECCI). Con esta información se comprobará la existencia de deficiencias formales en las declaraciones o la falta de actualización de las mismas.
La OCCI ha incrementado el número de personas a verificar, dado que han pasado de las 10 analizadas en 2020 en cumplimiento del plan, a 40 en 2021. En la Generalitat hay cerca de 300 cargos públicos con obligaciones existentes en la actualidad.
No obstante, quedan excluidas aquellas personas que se encuentran en proceso de formalización de las declaraciones a las que están obligadas y aquellas sobre las que ya se han practicado actuaciones de verificación en ejecución del plan de la OCCI del año pasado.
La evaluación de 2020 no encontró irregularidades
En el 2020 se aprobó y ejecutó por primera vez este plan de la OCCI, cuya vigencia se limitó al último cuatrimestre del año. Tal y como recoge el Informe de la Conselleria, en 2020 se realizaron un total de 19 expedientes de verificación: 10 en cumplimiento del Plan de control y verificación, uno por denuncia y ocho por iniciativa de la propia OCCI, lo que puede llevarse a cabo cuando se detecta que puede haber alguna alteración.
De todos estos expedientes, 18 finalizaron en archivo, lo que significa que no se encontró ninguna irregularidad. Tan solo uno de ellos permanecía en tramitación al finalizar el año.
Criterios para la verificación
Para obtener una muestra lo más representativa posible se han determinado una serie de criterios. De este modo, no se verificará más del 30% de personas de la misma consejería. Además, la administración instrumental –empresas públicas, fundamentalmente– tampoco superará el 30% del total y el 15%, como mínimo, se corresponderá con personas que han cesado.
También se ha establecido que al menos el 10% de las personas analizadas serán miembros del Consejo o secretarios autonómicos “para garantizar la verificación del más alto escalafón en la estructura de la Administración de la Generalidad”.
Fuentes:
- Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
- Resolución por la que se ordena la publicación del Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses
- Plan de control y verificación de la Oficina de Control de Conflicto de Intereses (OCCI)
- Registro de Control de Conflicto de Intereses (RECCI)
- Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 65/2018, de 18 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 8/2016
