En Andorra el aborto está totalmente prohibido. No hay ningún supuesto en el que esté permitido, ni siquiera cuando la vida de la gestante está en riesgo. Los artículos 107, 108 y 109 del Código Penal andorrano contemplan penas de cárcel: para quien practique la interrupción con consentimiento de la mujer, la ley establece de tres meses a tres años de prisión, y a la mujer, tanto por consentir que se lo practiquen como por provocarse el aborto ella misma, el castigo es pena de arresto. Esto es lo que denunció a finales de 2019, además de otras vulneraciones de derechos de las mujeres, la psicóloga y activista andorrana Vanessa Mendoza Cortés.
Mendoza Cortés compareció frente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU. En sus manos tenía un informe sombra realizado por la organización que preside, Stop Violències. Es decir, un documento que respondía a otro informe elaborado por el propio Gobierno andorrano y presentado ante el CEDAW en 2018. En el de Stop Violències, la organización ponía de manifiesto las múltiples formas de discriminación por género: desde la imposibilidad de acceder a un aborto hasta la falta de educación sexual en las aulas y la preocupación por cómo se atiende a las víctimas de violencia sexual.
En 2020, unos meses después de la presentación que hizo Vanessa Mendoza Cortés del informe sombra, el Gobierno de Andorra denunció a la activista acusándola de tres delitos: “Dos de calumnias y uno de desprestigio de las instituciones”, tal y como explica a Newtral.es Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link, organización que está prestando su apoyo en el proceso junto a Amnistía Internacional y el Centre for Reproductive Rights. Por uno de los cargos, Mendoza Cortés deberá responder en el juicio que se celebrará el próximo lunes 4 de diciembre.
Amnistía Internacional fue la primera organización en denunciar públicamente y en exigirle a las autoridades andorranas que retirasen su denuncia. La movilización dio sus frutos y la Fiscalía de Andorra retiró dos de los tres cargos a la acusada Vanessa Mendoza Cortés, precisamente los dos que conllevaban penas de prisión. Mantuvo, sin embargo, el referente al artículo 325 del Código Penal, “contra el prestigio de las instituciones”: “Quien, con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario hacia la verdad, realice públicamente imputaciones relativas a la actuación del Consell General, el Gobierno, el Consejo Superior de la Justicia, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal o los comunes que puedan perjudicar su prestigio, será castigado con pena de multa de hasta 30.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cargo público hasta cuatro años”, señala.
“Es un delito que no tiene asociada privación de libertad pero sí una multa, además de que Vanessa ya tendría antecedentes penales. Le piden, en total, 12.000 euros”, explica Gema Fernández.
Vanessa Mendoza Cortés, días antes del juicio: “No soy la primera ni la última a la que quieren callar”
En conversación telefónica, Vanessa Mendoza Cortés explica a Newtral.es que “el Gobierno de Andorra, en el no hay que olvidar que uno de los copríncipes es un obispo, me acusa de mentir”: “Lo han convertido en algo personal, intentando hacer creer que soy una loca que dice barbaridades, en vez de asumir su responsabilidad democrática”, añade.
La activista y presidenta de Stop Violències asegura que las autoridades andorranas quieren quitarle “legitimidad para evitar que siga denunciando la vulneración de derechos”: “Respecto al aborto en Andorra, hemos tenido hasta que pagar de nuestro bolsillo interrupciones a mujeres que habían sufrido una violación. Abortamos en Cataluña o Francia, eso si puedes pagarlo, porque no todas las mujeres tienen posibilidades económicas. Para abortos terapéuticos [en gestaciones avanzadas, por malformación fetal], hay mujeres que tienen hasta que pedir un préstamos. Las españolas venís a casa a comprar ocio, nosotras vamos a la vuestra a comprar derechos”.
Vanessa Mendoza pide que el próximo lunes 4, cuando se celebra su juicio, “las asociaciones feministas convoquen concentraciones en sus ciudades en apoyo al derecho al aborto en Andorra y a favor de la libertad de expresión”: “No soy la primera ni la última a la que quieren callar. Hay que alzar la voz”.
De qué la acusa la Fiscalía andorrana
En su informe sombra, Stop Violències no solo detallaba las consecuencias de la prohibición total del aborto en Andorra, también hace un repaso de otras situaciones de desigualdad —ámbito educativo, sanitario, laboral—.
Mónica Costa, de Amnistía Internacional, ha acompañado a Vanessa Mendoza Cortés en gran parte del proceso. En conversación con Newtral.es reconoce que “el escrito de acusación de la Fiscalía no se centra solo en el aborto”. “Destacan frases del informe sombra relacionadas con otros temas, tales como: ‘Existe un problema grave de violencia sexual nocturna, aumentada por el alcoholismo que el Gobierno se esfuerza en ocultar’, ‘hemos detectado violencia estructural y de género explicita e implícita por parte del Estado hacia mujeres hijas de inmigrantes’ o ‘hay una maternidad impuesta a las niñas, adolescentes y mujeres adultas’”, detalla Costa.
Sin embargo, la experta en incidencia señala que, además del citado informe sombra de Stop Violències, “dos de las pruebas que presenta la Fiscalía son dos entrevistas a Vanessa en las que solo habla del aborto en Andorra, por lo que eso sí tiene un gran peso”.
Costa añade que “Vanessa Mendoza Cortés llevaba años visibilizando esta realidad públicamente, pero cuando lo denunció ante la ONU es cuando el tema crece y cuando el Gobierno de Andorra decide tomar medidas”. Aunque retiraron dos de los cargos, han mantenido el tercero, de desprestigio a las instituciones, algo que para Mónica Costa “lanza el mensaje de que aunque hayan medido mejor sus fuerzas, no es algo que vayan a dejar pasar”.
“Las autoridades han insistido en que algunas de las acusaciones que hace Vanessa Mendoza Cortés son muy graves. No olvidemos que se trata de un informe de una asociación. Por otro lado, si consideran que hay que investigar lo que dice, que lo hagan. Que investiguen los hechos que se relatan, no tiene sentido investigar a quien denuncia”, concluye Costa.
Para Gema Fernández, abogada de Women’s Link, “se trata de un preocupante ataque a la democracia andorrana y a la libertad de expresión”. Es por eso que tanto Women’s Link como Amnistía Internacional y Centre for Reproductive Rights acudirán al juicio contra Vanessa Mendoza Cortés, que será público. Las organizaciones llevarán también a dos expertas independientes.
El Consejo de Europa se pronuncia a favor de Vanessa Mendoza
Además de los pronunciamientos y el acompañamiento de organizaciones internacionales que trabajan por los derechos humanos, este miércoles, días antes del juicio, también se ha pronunciado el Consejo de Europa a través de un comunicado que pide a Andorra “garantizar el derecho a la libertad de expresión de Vanessa Mendoza Cortés, defensora de los derechos de la mujer, y garantizar un entorno propicio para los defensores de los derechos de la mujer”.
#Andorra: authorities should guarantee freedom of expression for #WomenRights defender Vanessa Mendoza Cortés and ensure an enabling environment for women’s rights defenders.
Read my statement ? https://t.co/BsxUrc3ZxN— Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) November 29, 2023Publicidad
“El proceso penal contra Vanessa Mendoza Cortés, defensora de los derechos de las mujeres, menoscaba su libertad de expresión y tiene un efecto amedrentador sobre la labor de las defensores de los derechos humanos, así como sobre otras personas que defienden los derechos de las mujeres y las niñas en Andorra”, ha declarado Dunja Mijatović, comisaria de Derechos Humanos.
“Como indican en los informes anuales del Secretario General de la ONU desde 2020 sobre represalias por cooperar con la ONU, el próximo juicio contra Vanessa Mendoza Cortés está relacionado con su denuncia ante el Comité de la ONU y ante los medios de comunicación en 2019 sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas para disfrutar de sus derechos humanos en Andorra”, ha añadido la comisaria. En este sentido, la abogada Gema Fernández apunta que “Andorra forma parte de la ONU y lo que están haciendo es criminalizar a una persona por usar, precisamente, las herramientas de la ONU, por usar el propio sistema del que forma parte”.
Prohibición de abortar en Andorra: legislación similar a la de Malta
La legislación sobre el aborto en Andorra es muy similar a la de Malta, donde recientemente fue condenada una mujer por abortar después de ser denunciada por su marido. Malta es el único país de la UE que prohíbe las interrupciones en todos los casos —como Andorra, que no forma parte de la UE— y donde también hay penas de cárcel asociadas a este delito.
“Sabemos que muchas mujeres andorranas viajan a Catalunya para abortar, pero el Govern nunca nos ha dado datos a pesar de que los hemos pedido. Las aproximaciones que tenemos son de un centenar de mujeres al año”, explica a Newtral.es Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
Aldavert señala que el trabajo de Vanessa Mendoza Cortés y otras activistas “está dando sus frutos”: “Hay una resistencia grande, pero también estamos recibiendo, cada vez más, llamadas de profesionales sanitarias de Andorra que intentan no dejar solas a sus pacientes, buscando opciones de acompañamiento”.
- Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga, activista y presidenta de Stop Violències
- Informe sombra sobre la desigualdad de género en Andorra, elaborado por Stop Violèncias y presentado ante el CEDAW
- Código Penal de Andorra
- Consejo de Europa
- Amnistía Internacional
- Mónica Costa, responsable de campañas en Amnistía Internacional
- Gema Fernández, abogada en Women’s Link
- Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius
