Cada vez son más las empresas estadounidenses que están imponiendo la vacunación obligatoria contra la COVID-19. Microsoft, Google y Facebook son algunas de las compañías que optan por esta medida para garantizar un retorno al trabajo presencial seguro. Sin embargo, en España el debate genera muchas dudas.
La vuelta a las oficinas está otra vez en el punto de mira tras la quinta ola de la pandemia y el auge de la variante Delta. Las medidas de seguridad contra los contagios y la implantación del teletrabajo fueron decisiones difíciles de implantar en algunas empresas.
Desde la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Oscar Bayón admite que los delegados del sindicato llevan trabajando desde el principio de la pandemia para establecer los protocolos contra la COVID-19 que aconsejaban las autoridades sanitarias. “Es cierto que estamos en un estado avanzado de la pandemia, pero aún se dan casos en los que las empresas por ejemplo, no quieren plantear el teletrabajo. Son esporádicos, pero se siguen dando”.
Bayón argumenta que estos protocolos deberían servir para frenar los contagios en el entorno laboral, y que no habría que plantear la vacunación obligatoria en empresas. “En primer lugar, porque la Constitución en su artículo 43.2 indica que compete a los poderes públicos tutelar la salud pública”. Es decir, las empresas no tendrían las competencias para un mandato de vacunación.
Los juristas también tienen dudas sobre cómo se aplicaría una medida para la que no hay antecedentes en España. “Es algo que está en discusión, pero es una medida muy controvertida”, dice Pablo Urbanos, profesor de Derecho al Trabajo en la Universidad a Distancia de Madrid . De acuerdo con la legislación actual, las empresas no pueden acreditar que sus empleados están vacunados, ni contra la COVID-19, ni contra ninguna otra enfermedad.
Uno de los problemas que plantea el debate es convertir la vacunación como la única manera de garantizar la seguridad. “La empresa tiene la obligación de cuidar la salud de sus trabajadores, pero hay métodos más proporcionales, más ideales, que consiguen el efecto de la vacuna, como la mascarilla o la distancia de seguridad, que no son tan íntimos”, argumenta Urbanos.
Los escollos legales para la vacunación en empresas
Parte de la problemática de que las empresas discriminen según la vacunación es que pueden violar varios derechos individuales reconocidos en la Constitución. El derecho a la intimidad, recogido en el artículo 18, es un ejemplo de derecho fundamental que podría estar en entredicho con una medida como esta.
Despedir a un trabajador por negarse a vacunarse también plantearía varios problemas y probablemente, “no sería ajustado al derecho”, según Urbanos. Coinciden también desde los sindicatos. “Las empresas no pueden hoy en día exigir la vacunación obligatoria para continuar en sus puestos de trabajo”, insiste Bayona. En estos casos, el despido podría ser calificado como nulo o improcedente, dependiendo de si un magistrado considera que se han violado los derechos fundamentales o no.
Promoción y facilidad al acceso: esto pueden hacer las empresas para animar a vacunarse
Puede haber otras formas de animar o fomentar la vacunación dentro del entorno laboral. “Se puede premiar al trabajador que decida vacunarse, con días libres después de la vacuna, por ejemplo”, dice Urbanos. La discriminación positiva a los vacunados sería en este caso razonable. El argumento parte de un hecho objetivo: que los empleados tienen derecho a descansar o asegurarse que no sufren efectos secundarios ocasionados por la vacuna.
En países como Estados Unidos, los programas de incentivos a la vacunación incluyen acuerdos con empresas. A través de premios, sorteos o promociones, las instituciones públicas tratan de animar a la población a protegerse contra la COVID-19, como escribimos aquí. En España, Cabify por ejemplo ofrece descuentos de hasta 30 euros para viajes a centros de vacunación.
Facilitar la vacunación en los centros de trabajo también podría ser otra solución. Patronales como la CEOE ya han llegado a acuerdos con el Gobierno para ampliar la capacidad de vacunación de las comunidades autónomas. En la Comunitat Valenciana, empresas como Iberdrola o el Corte Inglés, ya han vacunado a sus empleados con la ayuda de la Consellería de Sanidad.
El Gobierno, en contra de la vacunación obligatoria en empresas
El paso más cercano a la vacunación obligatoria en España ha sido la Ley de Salud gallega. Esta legislación plantea una serie de sanciones hasta los 3.000 euros para personas que rechacen sin motivo la vacuna de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Sin embargo, este artículo de la ley ya ha sido recurrido por el Gobierno y suspendido por el Tribunal Constitucional.
Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que el Gobierno no se plantea un mandato de vacunación. En declaraciones el pasado 28 de julio, la ministra Carolina Darias insistió en que en España la vacunación no es obligatoria y que “no estamos teniendo problemas de vacunación en la población”. En Newtral.es, ya hemos escrito sobre la poca presencia de antivacunas en nuestro país y la poca reticencia a vacunarse entre la población joven.
Sin embargo, cada vez son más los presidentes autonómicos y los profesionales de residencias que piden la vacunación obligatoria para los que trabajan en entornos vulnerables. En Canarias, Ángel Víctor Torres ha admitido que se está estudiando un mandato para ciertos funcionarios. Desde las patronales, Cinta Pascual, del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEASP), ha estado entre las voces que piden acciones al Gobierno similares a las de países como Francia.
Fuentes
- Pablo Urbanos, profesor del Derecho al Trabajo en la Universidad a Distancia de Madrid
- Óscar Bayón, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras
- Ley 08/2021, ley de Salud de Galicia
- Plan Sumamos. Salud y Economía
- Ministerio de Sanidad
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