Interior se ampara en la Ley de Secretos oficiales para no contestar si Urdangarín tiene seguridad pagada por el Gobierno

El Ministerio del Interior se ha negado a facilitar a Newtral.es la información solicitada por transparencia sobre si Iñaki Urdangarín, el hasta ahora marido de la infanta Cristina, tiene seguridad a cargo de los presupuestos generales del Estado

Así lo ha respondido en una respuesta a una solicitud de información presentada por Newtral.es a través de la Plataforma de Transparencia y para la negativa se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales. Este departamento ya se acogió a “motivos de seguridad” cuando Newtral.es preguntó lo mismo a su gabinete de prensa. 

[Derecho a saber: guía práctica sobre cómo ejercerlo y qué se ha conseguido]

Del silencio a la negativa: la respuesta de Interior sobre los escoltas de Urdangarín

En enero, Newtral.es registró la solicitud de información y pasado el tiempo de plazo de respuesta marcado por ley, un mes, se reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) el silencio administrativo de Interior. No responder en el plazo legal implica que se deniega el acceso a la información.

En esta petición se solicitaba conocer si Iñaki Urdangarin dispone de seguridad privada a cargo del Ministerio del Interior o de otro ministerio, cuál es el coste asociado a estos servicios y desde qué fecha se están llevando a cabo.

Dos días después de reclamar al Consejo y por tanto sin una resolución del mismo -la respuesta del CTBG se puede demorar hasta tres meses- sobre si Interior debe o no dar a Newtral.es esta información, el ministerio ha decidido responder. Han concluido que “se restringe el acceso a la información solicitada”, porque su “conocimiento o difusión por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma”.

De manera que menciona por un lado la Ley de Secretos Oficiales por la que se clasifican como reservados ciertos asuntos, y el artículo 14.1.d) de la Ley de transparencia el cual recoge que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública”. 

Ley de Secretos Oficiales como excusa recurrente sobre la Casa Real

Recurrir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 es una norma de la que puede hacer uso la administración para denegar cierta información.

En anteriores consultas realizadas por este medio sobre el coste de la seguridad de miembros de la Familia Real también se han acogido a esta ley. En mayo de 2021, la Casa Real y el Ministerio del Interior se negaron a facilitar el coste de seguridad de la princesa Leonor y el número de agentes involucrados desde que empezó sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales. 

[La seguridad de la princesa Leonor en Gales: información reservada por la Ley de Secretos Oficiales]

Derecho de acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública está regulado en España  desde 2014 por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Así, cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de información al órgano órgano o entidad que posea la información dentro del ámbito estatal y del autonómico. Para ello debe dirigirse al Portal de Transparencia, si se trata de una consulta a la Administración General del Estado o a los portales de comunidades autónomas o entidades locales, si son ellos los receptores.

El dato. A enero de 2022 el Portal de Transparencia ha registrado más de 49.000 solicitudes de acceso a la información. Solo en este mes, un total de 1.129. 

Si el organismo correspondiente no admite la consulta o el solicitante no está de acuerdo con la respuesta que ha dado la institución, puede poner una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), institución que analizará el caso dándole la razón a una de las dos partes –administración o ciudadano– y que emitirá una resolución al respecto.