A partir del 1 de enero de 2024, todos los becarios tienen que cotizar en la Seguridad Social. Sin embargo, desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) denuncian que en el caso de las empresas, el 98% de las que contratan a los alumnos para prácticas curriculares no se están haciendo cargo de sus cotizaciones ante la Seguridad Social y que algunas universidades han tenido que asumir este coste.
Para 2024 estiman que habrá cerca de 400.000 alumnos en prácticas y que el coste de sus cotizaciones generará un agujero de 9 millones de euros en las arcas de las universidades.
- La cifra de los 9 millones de euros corresponde al 5% del coste total de las cotizaciones, ya que la Seguridad Social establece una bonificación del 95% sobre el pago de estas cotizaciones.
Qué dice la normativa. La obligación de la cotización de los becarios viene recogida en la disposición adicional quincuagésima segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. La normativa establece dos escenarios para determinar quién tiene que hacerse cargo abonar las cotizaciones:
- En el caso de las prácticas formativas remuneradas, la responsabilidad recae sobre el organismo que financia el programa de formación.
- Mientras que en las no remuneradas, el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social corresponde a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollan las prácticas.
En un comunicado emitido la semana pasada, la CRUE, que es una asociación formada por 50 universidades públicas y 27 privadas, señala que, a pesar de que la normativa “atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación”.
La CRUE denuncia que algunos ministerios tampoco se hacen responsables de las cotizaciones de las prácticas curriculares
Un portavoz de la CRUE resalta a Newtral.es que les parece “especialmente sorprendente” que incluso algunos ministerios del Gobierno, precursor de la ley, y “muchos organismos autonómicos, estén eludiendo su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones, tal y como establece la Disposición Quincuagésima Segunda”.
Por ejemplo, indican que entre estos casos se hallan el Ministerio de Defensa, el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Apuntan que estos organismos se han dirigido por escrito a las universidades para solicitar el cambio de los convenios regulatorios de las prácticas curriculares para que sean las instituciones universitarias las que asuman toda la gestión y pago dentro de las cotizaciones.
Desde la CRUE señalan que está sucediendo lo contrario con los estudiantes de Formación Profesional, ya que el Gobierno ha asumido la gestión y coste de sus prácticas correspondientes. En el comunicado, la CRUE critica que “en todo este proceso las universidades no han sido consultadas ni informadas por los cauces normales de una relación leal entre instituciones”.
- Comunicado Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE)
- Gabinete de Comunicación CRUE
