El mecanismo de condicionalidad de la Unión Europea o cómo presionar a un país miembro que no cumple con sus valores

Con el anuncio del Parlamento Europeo en el que dejaba de considerar a Hungría una democracia plena, surgen las dudas de qué herramientas tiene la Unión Europea para presionar a los países miembros que no cumplen con los principios de la comunidad, como el mecanismo de condicionalidad.

Este mecanismo de condicionalidad es el que se baraja desde Bruselas para recortar la financiación de Hungría, a la que el Parlamento considera una autocracia electoral. Una fórmula de presión que busca que el país liderado por Víktor Orbán reduzca sus casos de corrupción, restaure los derechos de las minorías y asegure la independencia de los jueces.

Otras formas de presión que tiene la Unión Europea son las multas por no trasponer directivas o el veto del Consejo Europeo, aunque esta es la última que se plantearían con cualquier Estado miembro, según los expertos consultados.

Qué es el mecanismo de condicionalidad

Tras la aprobación de los fondos europeos por la pandemia de la covid, la Unión Europea estableció un mecanismo de protección por si los países miembros dejaban de respetar el principio fundamental de Bruselas: el Estado de Derecho. 

“A partir de 2021, el presupuesto de la Unión tiene un nivel adicional de protección en los casos en que las violaciones de los principios del Estado de Derecho afecten o amenacen con afectar a los intereses financieros de la UE”, recoge la Comisión en su página web. Además, este mecanismo de condicionalidad permite a la Unión Europea suspender pagos o hacer correcciones financieras para proteger el presupuesto común.

Millán Requena, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante explica por qué se crea este mecanismo en un primer momento. “Aquellos estados que no respeten los valores de la Unión Europea, que son el estado de derecho, con la independencia del poder judicial, la democracia plena, el respeto de los derechos humanos y de las minorías, son a los que se les puede aplicar el mecanismo de condicionalidad. En su día tuvo dos candidatos clave, Polonia y Hungría por su deriva autoritaria, y lo denunciaron ante el Tribunal de Justicia de la UE que acabó estando de acuerdo con Bruselas”, asegura Requena.

Para Requena, este mecanismo de condicionalidad es la primera herramienta legal que tiene la Unión Europea para presionar a los países miembros. Algo en lo que coincide José Ángel López, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, que añade que “la Comisión Europea puede amenazar con los fondos, que es algo muy goloso y el efecto es inmediato”.

¿Por qué esta decisión podría servir como forma de presión a otros países de la Unión?

El Parlamento Europeo ha insistido en que la Comisión debe retirarle a Hungría la concesión de 7.500 millones de euros de los fondos de cohesión por sus múltiples casos de corrupción. Si la Comisión termina por hacerlo, sentaría un precedente para el resto de países miembros, no solo por los casos de corrupción, si no también por el respeto de las minorías u otros elementos que vayan en contra del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, como recuerdan los expertos.

Requena explica que Hungría cuenta con un mes para rectificar sus casos de corrupción, pero que la Unión Europea lleva tiempo observando que el país respeta cada vez menos los derechos de las personas LGTBI+, de las mujeres o de las minorías, como la población romaní. “A estos últimos se les excluye incluso de aulas o de servicios públicos”, afirma Requena.

¿Es posible expulsar a un país de la UE al margen del mecanismo de condicionalidad?

José Ángel Sánchez recuerda que la Unión Europea puede reprobar a los países de forma moral, y ya no tanto económicamente, como sería el mecanismo de condicionalidad. “Podrían convertir al gobierno de Orbán en un paria internacional, excluirlo o apartarlo cada vez más del terreno internacional”, asegura.

No solo eso, los expertos recuerdan el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que establece un mecanismo para vetar del derecho de voto a un estado miembro que no respete el artículo 2, el que se refiere a los derechos humanos. Aunque no se haya aplicado nunca, “esto podría hacerse solo por unanimidad y, si saliera adelante, Hungría dejaría de tener derecho a votar en el Consejo Europeo, donde se reúnen todos los líderes de los países”, afirma Requena.

Como tal, no se expulsaría al país, ya que la Unión Europea no contempla un mecanismo para hacerlo, pero “es una forma de forzarle a que se vaya”, como dice Sánchez.