Más de un millón de personas necesitaron ayuda para poder cubrir necesidades básicas en 2020. Concretamente, 1,4 millones de personas en España recibieron ayudas económicas de emergencia social durante el año que estalló la pandemia, por el terremoto económico que supuso para las familias.
“Es una ayuda puntual que se da en situaciones de emergencia por las entidades locales”, explica a Newtral.es José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que agrupa a cientos de profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en instituciones públicas de servicios sociales.
Ese es el cálculo realizado por dicha asociación a partir de los datos públicos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Esos datos del Ejecutivo aclaran que las ayudas económicas de emergencia social, en las que se incluyen las otorgadas por la pandemia de la COVID-19, supusieron un gasto total de más de 100 millones de euros en total.
Corresponden al 3% de la población, que recibió durante 2020 estas ayudas económicas ofrecidas por los servicios sociales de las entidades locales. El objetivo era “cubrir las necesidades básicas”, explican los profesionales del sector, tales como comer, vestirse o pagar el alquiler.
La tasa de cobertura deja fuera a muchas personas vulnerables
Sin embargo, este dato es bajo en comparación con el 7% de personas en España que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, sufrían carencia material severa en 2020; o lo que es lo mismo, más de 3 millones de personas.
Es decir, solo recibieron estas ayudas económicas de emergencia el 43,2%,, menos de la mitad de las personas con carencias materiales severas en España.
Los datos muestran también grandes diferencias entre territorios. Por ejemplo, en La Rioja, el número de perceptores es muy superior al de personas con dificultades materiales graves contabilizadas por el INE, por lo que la cobertura sobrepasa el 100%. Pero esto contrasta con otros territorios como Galicia, donde alcanzan tan solo al 2% de su población con dificultades materiales graves.
Son varios los motivos por los que no se llegan a cubrir las necesidades de todas las personas con carencias materiales severas. El primero, el económico. “No hay dinero para darle la ayuda económica a todas las personas con carencias materiales severas. Esta prestación, al no ser un derecho subjetivo de la ciudadanía, está sujeta a disponibilidad presupuestaria”, insiste José Manuel Ramírez Navarro.
Por otro lado, también influye “el entramado burocrático, innecesario y cruel” que dificulta el acceso a las mismas.
Agilizar los procesos para las ayudas
Las ayudas para atender esas necesidades básicas alcanzaron a menos de la mitad de las personas con graves dificultades materiales. Para poder solucionar este problema, los profesionales del sector piden una modificación normativa que elimine trabas.
Estas ayudan económicas deben quedar “exceptuadas de la Ley General de Subvenciones”, lo que permitirá agilizar los procesos, explican.
En estos momentos, el proceso para otorgar una ayuda, por ejemplo de 150 euros para comida o ropa pasa los mismos filtros que el dinero que reciben entidades como ONG o similares.
“Se trata como si fuera una subvención de miles de euros para una entidad. Al otorgarlas los ayuntamientos, tiene que pasar primero por el concejal del ramo, después por la Junta de Gobierno, por la Tesorería, por la secretaría, interventor…”.
“Hemos calculado que una ayuda de 150 euros tarda hasta 2 meses en concederse”, denuncia José Manuel Ramírez Navarro. Es decir, esa modificación normativa permitiría adquirir procedimientos ágiles para que las ayudas se otorguen basadas en la prescripción de los Servicios Sociales municipales, sin que después tuvieran que pasar por más escalones burocráticos.
“Las ayudas económicas de emergencia no tienen que estar sujetas a ese procedimiento, porque no es lo mismo una ayuda de 150 euros para comida para una familia, que una subvención de miles de euros para una entidad sin ánimo de lucro”, insiste.
Sin embargo, “ni el Gobierno ni los grupos han puesto el foco en este tema todavía”, lamenta. Mientras, hay “más de un millón de personas que han recibido con retraso una ayuda que debería ser de emergencia”.
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