A finales de diciembre, Gabriel Rufián subía a la tribuna de oradores para espetarle al Gobierno que mientras miembros de su Ejecutivo y líderes de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular estaban en una fiesta «se producía un desahucio en Carabanchel (Madrid) de una mujer con cuatro niños«. A reglón seguido denunciaba que de enero a junio se han producido más 11.000 desahucios en España pese a la pandemia, de los cuales el 70% son de alquiler.
La mujer de la que hablaba el portavoz de los republicanos en el Congreso es Adoración, cuya imagen sentada en un sofá en la calle junto a sus cuatro nietos de entre uno y cuatro años después ser desahuciada había copado los telediarios durante el último fin de semana de octubre.
Lo más importante
Un decreto para frenar los desahucios. Es la intención inmediata del Gobierno tras las presiones recibidas por la enmienda antidesahucios a la que uno de los socios del Ejecutivo se adhirió.
- Unidas Podemos, partido socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se unía 15 días después de estas palabras en el Congreso de Rufián a ERC y Bildu para presentar una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 para suspender los desahucios de vivienda y los cortes de suministros básicos a las familias en situación de vulnerabilidad social hasta 2023.
- Este lunes los tres partidos retiraron la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el 2022, al considerar que se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través de un real decreto.
¿Cuál es el contexto?
El Ejecutivo ya aprobó al comienzo de la pandemia un decreto que frenaba los desahucios en aquellas situaciones generadas como consecuencia directa de la crisis sanitaria y económica. “Pero este decreto no tiene capacidad de paralizar todos los lanzamientos”, ha apuntado Iglesias.
- Al principio del primer estado de alarma se prohibió el desahucio de aquellas personas que “paguen un alquiler / una renta y se encuentren desempleados debido a la crisis del COVID-19, a quienes haya sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos”
Tras el anuncio del vicepresidente segundo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado que su departamento está trabajando ya en la elaboración de ese decreto. Ábalos ha dicho que se trata de “extender” la actual moratoria de desahucios, vigente hasta el 31 de enero, con un plazo de tiempo mayor y también para que permita acogerse a ella a personas “en situación de vulnerabilidad social anterior al COVID-19”.
¿Qué hay que tener en cuenta?
Se trata de una medida insistentemente reclamada por Unidas Podemos, una exigencia con la que incluso amenazó con desentenderse de la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2021 y que le llevó a firmar una enmienda conjunta con ERC y Bildu a las cuentas del Estado, y hacerlo a espaldas del socio mayoritario del Gobierno.
- Según ha explicado Iglesias, las negociaciones entre su departamento y el de Transportes, con competencias en materia de vivienda, que dirige José Luis Ábalos, continúa con el objetivo de sacar adelante esta medida «en los próximos días, no más de dos semanas». «Estamos trabajando para tenerla lista cuanto antes», ha abundado.
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