Pese a las críticas de la oposición, el Parlamento de Turquía aprobó el 13 de octubre una ley contra la “desinformación” que permite al Gobierno perseguir la difusión de “noticias falsas” en Internet. La enmienda aprobada, presentada por la formación islamista AKP, liderada por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, y apoyada por sus socios de coalición, MHP, de corte ultranacionalista, incluye distintos cambios en la Ley de Prensa turca. Uno de los aspectos más polémicos que incluye uno de los artículos es la pena de cárcel de entre uno y tres años para quienes difundan información considerada falsa por las autoridades turcas: el artículo 29.
Durante la sesión parlamentaria, los diputados del grupo opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP por sus siglas en turco) gritaron “no al 29” en numerosas ocasiones, como ha compartido la propia formación en Twitter. De hecho, uno de ellos mostró su rechazo a este artículo rompiendo un teléfono móvil con un martillo. “La única libertad de nuestros jóvenes son los teléfonos que tienen en sus bolsillos (…) ahí te comunicas. Si esta ley es aprobada, podrán romperlos y tirarlos”, denunció el diputado en un tuit en el que compartió su intervención.
Algunos organismos y entidades internacionales como la Unión Europea o Naciones Unidas también han manifestado su preocupación por la nueva ley contra la “desinformación” de Turquía, ya que consideran que “deja la puerta abierta a juicios arbitrarios”.
Penas de hasta tres años para quien difunda información falsa
La nueva ley de “desinformación” aprobada por el Parlamento de Turquía aplica nuevas normas al periodismo digital e incluye nuevas definiciones, como considerar a los sitios web que comparten noticias como publicaciones periódicas y, por tanto, permitir que sus empleados sean considerados “miembros de la prensa”.
Sin embargo, el artículo 29 de la enmienda ha sido el principal protagonista de la polémica. A través de este artículo se establece en el Código Penal turco una pena de cárcel de entre uno y tres años para quienes difundan de forma pública información falsa “sobre la seguridad interior y exterior, el orden público y la salud pública del país con el único motivo de crear ansiedad, miedo o pánico entre el público”. Además, si la publicación se comparte de forma anónima, “la pena impuesta (…) se incrementará el doble”.
El artículo aparece bajo el título de “Difusión pública de información engañosa”, sin embargo, la ley no especifica este concepto ni qué características debe tener un contenido para considerarse falso. Serán los tribunales los que decidan qué se considera desinformación.
En declaraciones a Newtral.es, Charo Sádaba, doctora en Comunicación y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, considera que “es un peligro dejar en manos del Gobierno esta distinción (qué es desinformación y qué no)”. La experta ve positivo que las instancias gubernamentales orienten a la ciudadanía para saber cómo diferenciar información cierta de la que no lo es, pero “los riesgos de que los intereses políticos se mezclen en esta responsabilidad son muchos”.
De esta manera, Turquía sigue la línea de Rusia, donde los manifestantes se enfrentan a una pena de hasta 15 años de cárcel. El Kremlin aprobó esta medida en marzo para castigar tanto la “desinformación” como el apoyo a las sanciones de Occidente impuestas contra Rusia.
La falta de precisión en los términos, una de las preocupaciones de la UE
Un día después de la aprobación de la ley contra la “desinformación” en Turquía, el Parlamento Europeo compartió un comunicado por el que los eurodiputados denunciaban los aspectos más controvertidos de la norma. “Tras las persecuciones de los medios impresos independientes, esta ley impone más restricciones a los sitios de noticias online y a las plataformas de redes sociales”, expusieron.
Desde Bruselas muestran su preocupación por “la introducción de penas de prisión severas y otras sanciones por la supuesta difusión de ‘desinformación’”. Pero, al igual que la oposición turca, la UE encuentra “particularmente preocupante” que la nueva norma emplee una “redacción claramente vaga y conceptos no definidos” como desinformación u orden público. “Deja la puerta abierta a enjuiciamientos arbitrarios”.
En esto coinciden desde la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La representante para la libertad de prensa de la OSCE, Teresa Ribeiro, pidió a Turquía revisar la ley antes de su aprobación, como recoge en un comunicado la organización, ya que “las vagas definiciones y el amplio alcance de la nueva legislación propuesta pueden conducir a acciones arbitrarias y políticamente motivadas a expensas de la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación”.
Si bien Ribeiro reconoce a la desinformación como un gran desafío actual, señaló que “el medio más eficaz para contrarrestar la desinformación es garantizar el acceso oportuno a la información en Internet”, “la alfabetización mediática» o “la comprobación de los hechos”.
Sádaba también apuesta por una alfabetización informacional y mediática, que puede venir de la mano de políticas públicas. La profesora de la Universidad de Navarra señala que los Gobiernos podrían desmentir bulos si les afecta de manera directa “con datos y argumentos”, ayudando a la ciudadanía a comprender la información.
Sobre una posible ley contra la “desinformación” como la de Turquía en países de la UE, Sádaba descarta algo así a corto plazo. “Que Rusia y Turquía lo hayan hecho, ayuda a que ningún país de la UE se lo plantee”, matiza la experta, que añade que en voluntad de controlar la desinformación, no se deberían descartar otras medidas.
La ONU también cuestiona la nueva ley de “desinformación” de Turquía
Las reacciones tras la decisión del Parlamento turco también han llegado desde fuera del continente europeo. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo público un documento en el que expresaba su preocupación “por la aprobación (…) de un paquete de enmiendas a varias leyes que corren el riesgo de recortar sustancialmente la libertad de expresión en el país”.
La ONU señala que, según el derecho internacional, “la libertad de expresión no se limita a la información veraz, sino que se aplica a informaciones e ideas de todo tipo” y solo se podrá restringir por motivos “legítimos y necesarios”.
“La libertad de expresión y el acceso a la información son necesarios para la participación efectiva de las personas en la vida pública y política y son esenciales en cualquier democracia”, concluye el comunicado.
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