Tribunal de Cuentas: el vigilante de los partidos elegido por los partidos

En esta nueva entrega de la serie Tú lo pagas ponemos la lupa en una institución que ha tenido mucho trabajo estos últimos años: el Tribunal de Cuentas. Este organismo somete a examen la gestión económica del Estado, administraciones públicas, empresas e incluso las cuentas de los partidos políticos. En definitiva, es el organismo encargado de controlar y localizar la corrupción pero, ¿quién controla al Tribunal de Cuentas?.

Cómo se elige y cuánto cobra su máximo representante

La presidenta del Tribunal de Cuentas es María José de la Fuente y de la Calle. Fue elegida en 2018 por los Consejeros del Tribunal y mediante votación secreta, para ejercer durante un período de tres años.  Por su cargo cobra 123.267,62 euros al año según los presupuesto de 2021.

[Órganos pendientes de acuerdo entre los partidos para su renovación: CGPJ, Defensor del Pueblo, RTVE…]

Cada nueve años se renueva el Pleno del Tribunal de Cuentas que está integrado por doce consejeros -uno de ellos es el presidente del organismo,- y el fiscal del Tribunal de Cuentas. Estos consejeros son los que posteriormente eligen a su presidente, en este caso presidenta. Pero, ¿quién designa a los miembros del Pleno?

Esta función le corresponde a las Cortes Generales: el Congreso elige seis y el Senado otros seis con una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras entre miembros del Tribunal de Cuentas, profesores de universidad y funcionarios cuyo ingreso exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles. Además, de este requisito profesional deben tener “reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional”, recoge la ley, que también define que éstos “son independientes e inamovibles”.

Ya en 2013, el Tribunal Supremo denunció la politización de este organismo mediante una sentencia donde desestimaba dos nombramientos de cargos y reclamaba más funcionarios de carrera. (El País)

Cómo gestiona la transparencia

El Tribunal de Cuentas tiene un apartado específico en su web para rendir cuentas y hacer publicidad activa tal y como obliga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En él podemos encontrar información económica: esta institución elabora su propio presupuesto que se integra en los Presupuestos Generales del Estado en una sección independiente. Para este 2021 cuenta con un presupuesto de 69.526.410 euros. De los cuales 61,6 millones van dirigidos a cubrir los gastos de personal. 

La Ley de transparencia también obliga a publicar información institucional incluyendo el organigrama actualizado que identifique a los responsables, con su perfil, trayectoria profesional y retribuciones. Así lo encontramos en su web, pero solo aquella relacionada con los altos cargos.

En 2019 el Supremo dio la razón a Civio obligando al Tribunal de Cuentas a identificar a todo su personal eventual, tras una petición de información de la organización, al entender que el interés público por acceder a esa información está por encima de la protección de datos cuando hace referencia a personas que trabajan para organismos públicos.

Además, publican los informes de fiscalización de los partidos políticos tras las elecciones, bien generales o autonómicas, para evaluar si las formaciones políticas que se presentan a un proceso electoral cumplen con la normativa en materia de ingresos y gastos. En definitiva, examina la regularidad de las contabilidades que presentan los partidos, obligados por ley a entregar sus cuentas. En su portal podemos encontrar los informes de los últimos años pero aún no han publicado el de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

Cómo se regula

El régimen jurídico de esta institución está recogido en la Constitución Española, en concreto en el artículo 136, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, regula su composición, organización y funciones. Posteriormente, esta norma fue completada por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Como señala la Constitución, el Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales sin perjuicio de gozar de independencia en el ejercicio de sus funciones. Pero esta institución mantiene una relación permanente con el Congreso y Senado ya que las cámaras pueden solicitar la comparecencia de la Presidenta de la institución para que presente los informes de fiscalización si lo plantean los parlamentarios. 

Desde Newtral.es preguntamos a Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, quién fiscaliza y controla entonces a esta institución y comenta, que «son los propios partidos políticos con representación en el Congreso y Senado quienes pueden fiscalizar al Tribunal de Cuentas», ya que les corresponde la aprobación de su presupuesto. Así lo indica el artículo seis de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Para Blanes, una alternativa sería la proposición que registró Ciudadanos en 2017 para modificar las leyes que regulan el Tribunal de Cuentas. La formación naranja propuso que los consejeros se seleccionaran mediante una convocatoria pública, un examen de los méritos de los candidatos por una comisión independiente y finalmente, una comparecencia de los seleccionados ante la comisión correspondiente del Congreso y del Senado, tal y como recogió eldiario.es.

En cambio, desde el Tribunal de Cuentas aseguran a Newtral.es que «ni los partidos políticos ni el Parlamento fiscalizan al Tribunal». Además, indican que la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Tribunal lee corresponde al Pleno del Tribunal y que disponen de un órgano de control interno en el Tribunal que fiscaliza todas las actuaciones de índole económica.

Qué es y qué funciones tiene

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado, así como del sector público, osea todas las administraciones públicas ya sean estatales, autonómicas o locales. Además, también tiene atribuida la función de control de la contabilidad de los partidos políticos, las aportaciones que reciban de fundaciones y asociaciones vinculadas a aquellas formaciones políticas con representación parlamentaria. Es decir, examina que se esté velando por una adecuada gestión del dinero público.

Algunas Comunidades Autónomas tienen instituciones análogas para sus respectivos ámbitos y en Europa quien vigila las cuentas comunitarias es el Tribunal de Cuentas Europeo. 

Las dos funciones propias de esta institución son las siguientes: 

• Función fiscalizadora: comprobar que la actividad económico-financiera del sector público se somete a los principios de legalidad y de buena gestión financiera. Aunque también orienta su labor a principios como los de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género

Entre la actividad que controla se encuentran también las subvenciones u otras ayudas del sector público a personas físicas o jurídicas y la actividad económica de las formaciones políticas. 

Para ello el Tribunal de Cuentas emite informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales, a las asambleas autonómicas y locales, según a quien afecte. En estos documentos recoge los resultados de fiscalización junto con las infracciones o prácticas irregulares que ha detectado en la entidad que ha evaluado, así como medidas que debe adoptar para mejorar la gestión pública.

• Función jurisdiccional: el enjuiciamiento de la responsabilidad contable a quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, cuando se haya producido un deterioro o perjuicio en los mismos. 

¿Esto que quiere decir?, que el Tribunal de Cuentas funciona como si fuese un tribunal de justicia. Juzga aquellos casos que se refieren a mala gestión de la contabilidad y emite sanciones, como la devolución del dinero en el caso de su menoscabo. No puede dictaminar penas porque no es compatible con la jurisdicción penal. 

Historia de la institución

El origen de esta institución se remonta al siglo XV durante la Edad Media, cuando aparecieron una serie de figuras para controlar los recursos públicos: el Mayor in Domus, el Contador Mayor o el Maestre Racional. A lo largo de los siglos esta institución se ha ido adaptado al régimen político vigente y a las circunstancias sociales y económicas del país. 

Tras la aprobación de la Constitución en 1978, España se dividió en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, tal y como lo conocemos hoy. Así, se estableció que pudieran tener órganos propios de fiscalización externos y así es como se crearon los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX). En la actualidad, doce de las diecisiete comunidades autónomas cuentan con su propio Tribunal de Cuentas como el Tribunal de Cuentas Vasco o la audiencia de cuentas de Canarias. 

Fuentes

• Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
• Página web del Tribunal de Cuentas
• Informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas
• Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
• Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

(*) Este artículo ha sido actualizado para incluir las cifras más recientes del presupuesto.