Así de desigual tributa la riqueza en las diferentes comunidades autónomas en el impuesto de patrimonio

En España la riqueza tributa de manera desigual dependiendo de la comunidad autónoma donde se resida debido a la competencia en impuestos que tiene cada territorio. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha analizado estas diferencias, centrándose en tres impuestos: patrimonio, sucesiones y donaciones y en el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Tras analizar los problemas que presenta tanta variedad normativa, proponen reformas para no penalizar a unos ciudadanos respecto a otros.

Las comunidades que más y menos pagan en el impuesto sobre el patrimonio 

El impuesto sobre el patrimonio grava la riqueza, en concreto el valor de los bienes de las personas físicas a partir de 700.000 euros, según la norma estatal. Sin embargo, al estar cedido a las comunidades autónomas, estas pueden alterar el mínimo exento, la escala de gravamen, las deducciones y las bonificaciones. 

Desde REAF calculan que un contribuyente con un patrimonio de 15 millones de euros, en 2023 no pagaría nada por este impuesto en Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid (al tener una bonificación del 100%), mientras que en la Comunidad Valenciana pagaría 401.234 euros. Aunque esta situación se mitiga en parte por la aplicación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

Galicia también tiene una bonificación, pero del 50% en patrimonio (por lo que se pagarían 136.885 euros). Además, los gobiernos de la Región de Murcia y de Cantabria también han anunciado que bonificarán el impuesto de patrimonio al 100%.

Los economistas de REAF creen que la cesión de la capacidad normativa a los territorios en el impuesto sobre el patrimonio, y la utilización que éstas han hecho de la misma, producen unas diferencias en la tributación de la riqueza entre comunidades muy elevadas. “No se trata de competir fiscalmente a la baja, sino de que los tributos, por lo menos, no penalicen que determinados contribuyentes puedan residir aquí o allá”, apuntan. 

¿Qué se puede cambiar en el impuesto de patrimonio para evitar la desigual tributación de la riqueza por comunidades? 

Desde REAF recomiendan “la supresión del impuesto de patrimonio (o por lo menos impedir que lo puedan regular las haciendas autonómicas)”. En caso de que se optara por mantener el impuesto, ven necesarios algunos cambios como homogeneizar en todos los territorios la base imponible y el mínimo exento o limitar la capacidad normativa de las comunidades autónomas a la tarifa, deducciones y bonificaciones pero dentro de unos límites para evitar grandes diferencias.

Precisamente para eliminar estas desigualdades el Gobierno creó con carácter temporal el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas como complemento al impuesto sobre el patrimonio para personas con más de tres millones de euros, anulando así las bonificaciones de algunas comunidades. Ahora falta concretar si este impuesto se queda definitivo o desaparece después de 2024.

Desigualdad en el impuesto de sucesiones y donaciones según el territorio

Otro de los impuestos que gravan la riqueza es el de sucesiones y donaciones. Desde REAF destacan que los hijos herederos menores de 21 años prácticamente no pagan por sucesiones en ninguna comunidad. Y que solo si quien sucede es el cónyuge, descendiente o ascendiente (de más de 21 años) "se paga poco" en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra. 

En el caso del impuesto de donaciones para cónyuges, descendientes y ascendientes, las comunidades que "prácticamente liberan a los contribuyentes de pagar", según  REAF, son Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

Precisamente para no atentar contra el principio de equidad ni penalizar el esfuerzo y el ahorro, los economistas de REAF abogan por reformar estos impuestos y “fijar dos tipos impositivos, uno relativamente bajo para parentescos cercanos y, otro, más elevado, aplicable a parentescos más distantes” a nivel general. “Establecer unos márgenes mínimos y máximos en los que las comunidades autónomas puedan desplegar su capacidad normativa”, añaden.