Gabriel Rufián aseguró el miércoles 30 de junio en el Congreso que el Tribunal de Cuentas (TCu), que tiene entre sus funciones fiscalizar las cuentas del Estado, no ha puesto “una sola multa en 40 años a partidos condenados por financiación ilegal”.
En su intervención, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) afirmó lo siguiente sobre el organismo: “Imaginen que esa institución (…), sin sentencia judicial alguna, lleve ya más de 15 millones de euros en multas a casi 40 cargos independentistas catalanes. Una institución que no había puesto una sola multa en 40 años a partidos condenados por financiación ilegal; una institución que, por ejemplo, absolvió de pagar absolutamente nada a Ana Botella tras vender cinco mil pisos de vivienda pública a fondos buitre» (pág. 27).
En Newtral.es hemos preguntado a ERC sobre estas afirmaciones y nos han especificado que se refieren a “PP y PSOE, condenados en Filesa y Gürtel, y a los que el Tribunal de Cuentas no ha multado nunca”.
Varios expertos contactados por Newtral.es nos han explicado que el Tribunal de Cuentas “tiene un ámbito de investigación muy concreto, que es el de la contabilidad, la ley electoral y presupuestaria”. Es decir, se encargan de fiscalizar los informes de contabilidad presentados por los propios partidos y asegurar el buen uso del dinero público, pero “no entra a valorar la procedencia del dinero”.
Explicamos aquí qué investiga exactamente el Tribunal de Cuentas, cuya función es ser el vigilante de los partidos.
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Acusaciones de partidismo y funciones del Tribunal de Cuentas
Como ya explicamos en este artículo, el Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado, así como del sector público. Es decir, todas las Administraciones públicas ya sean estatales, autonómicas o locales.
Además, también tiene atribuida la función de control de la contabilidad de los partidos políticos, las aportaciones que reciban de fundaciones y asociaciones vinculadas a aquellas formaciones políticas con representación parlamentaria. Examina que se esté velando por una adecuada gestión del dinero público.
Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, recuerda a Newtral.es la polémica que ha habido con el Tribunal de Cuentas por las acusaciones de partidismo. “El tribunal se lo reparten entre PP y PSOE”, alega. En varias ocasiones el Tribunal ha sido investigado por presunto nepotismo y “desviación de poder”.
Aun así, la experta explica que “los temas de financiación irregular siempre han ido por vía penal”. “El Tribunal de Cuentas hace un informe de los gastos y, si entienden que no ha sido correcta la actuación, abren un expediente. Si pensaran que hay un delito, lo tendrían que mandar a los tribunales de justicia, y si no, lo pueden hacer ellos”, explica la abogada.
Lo mismo comenta a Newtral.es Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y experto en financiación de partidos, que afirma que “lo que el TCu fiscaliza son los informes de contabilidad presentados por los propios partidos”. “Es una fiscalización que se realiza a posteriori y se basa en la información proporcionada por los propios partidos. Se trata de ver si se cumplen las normas previstas en la Ley orgánica de financiación de los partidos y en la LOREG”, señala.
“Por la propia naturaleza del control que hace el Tribunal de Cuentas es muy difícil que pueda descubrir casos de financiación ilegal”
Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y experto en financiación de partidos
Así, afirma que los casos de corrupción de Filesa y Gürtel “no fueron descubiertos ni investigados por el TCu, sino por la justicia penal”. “Se trata de casos de financiación ilegal y, obviamente, si un partido se financia ilegalmente no lo va a poner en el informe que envía al Tribunal de Cuentas”, aclara Sánchez Muñoz.
“Por la propia naturaleza del control que hace el Tribunal de Cuentas es muy difícil que pueda descubrir casos de financiación ilegal. Obviamente, el TCu no impone sanciones por financiación ilegal, porque su función es fiscalizar la financiación legal”, incide el experto de la Universidad de Valladolid.
Esto hace que “no pueda llevar a cabo una auténtica labor investigadora”. “Pueden recabar información de los bancos y de las empresas que contratan con los partidos, pero el TCu nunca puede llegar a descubrir, por ejemplo, que un tercero ajeno a un partido (un empresario) realiza pagos para sufragar gastos electorales (para un acto electoral, por ejemplo). Este era el modus operandi de la trama Gürtel”, explica Sánchez Muñóz.
Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, incide en esta idea “su función es ver si las normas del presupuesto, de cómo se debe llevar la contabilidad, se han cumplido y no entra a valorar la procedencia de ese dinero. Tiene un ámbito de investigación muy concreto, que es el de la contabilidad, la ley electoral y presupuestaria”.
Sin multas del Tribunal de Cuentas a partidos condenados por financiación ilegal
Por su parte, De la Nuez explica a Newtral.es que “es verdad que el tribunal de cuentas no ha puesto una multa en 40 años a PP y PSOE”.
Sánchez Muñoz advierte que “es probable que PP y PSOE no hayan sido multados porque son los partidos que tienen más medios y, por tanto, los informes que presentan al TCu están mejor hechos. Los partidos pequeños a veces no tienen un buen departamento de contabilidad”.
En Newtral.es nos hemos intentado poner en contacto en varias ocasiones con el Tribunal de Cuentas, pero no hemos obtenido respuesta al respecto.
Más de 14 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas a cargos independentistas
En su afirmación, Rufián también señala que este organismo “lleva ya más de 15 millones de euros en multas a casi 40 cargos independentistas catalanes”. Según publica elDiario.es, “en los últimos tres años el organismo ha impuesto 14,4 millones de euros de multas y fianzas a medio centenar de funcionarios y ex dirigentes soberanistas en tres causas relacionadas con el procés”.
Así, han solicitado “4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y 5,4 millones de euros por los siete años de actividad exterior de la Generalitat para promocionar el procés”.
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La absolución de Ana Botella
En otra parte de la afirmación, Rufián recuerda que el Tribunal de Cuentas “absolvió de pagar absolutamente nada a Ana botella tras vender 5.000 pisos de vivienda pública a fondos buitres”.
El Tribunal consideró a finales de 2018 que la venta en 2013 de 18 promociones de vivienda pública a fondos de inversiones incurrió en «diversas irregularidades” y que se hizo por debajo del precio contable y de mercado, cifrando en casi 25,8 millones de euros el perjuicio de esta operación.
Sin embargo, en 2019 el organismo consideró que la exalcaldesa y su equipo “no intervinieron directamente en las operaciones” que desembocaron en las ventas y revocó la condena a Botella y a otros siete miembros de su equipo.
Fuentes
- Fuentes de Esquerra Republicana (ERC)
- Las multas y fianzas del Tribunal de Cuentas por el procés superan los 14 millones de euros en tres años de elDiario.es
- Funciones del Tribunal de Cuentas: Rendición de cuentas de los partidos políticos
- Óscar Sánchez Muñoz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y experto en financiación de partidos
- Elisa de la Nuez, abogada del Estado y Secretaria general de la Fundación Hay Derecho
- Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia
- Sentencia nº 13 del año 2019 del Tribunal de Cuentas
Deberían documentarse mejor, las condenas por responsabilidad contable no son multas, no tienen carácter sancionador, si no que se trata de una indemnización por el dinero público menoscabado a la Administración de la que procedan.
Porqué no indagan con más profundidad, en la afirmación de Rufian, a qué personas se les ha reclamado dicho dinero, y en función de qué trabajo realizaba al respecto, ya que no es lo mismo un funcionario público que debe velar por el control del dinero, que empresarios que entregan cantidades de dinero a un partido politico.
En cuanto a la labor de Newtral, decir que para crear opinión se debe ser mucho más transparente.
Dice el autor del artículo respecto a las funciones del TC que tiene que "asegurar el buen uso del dinero público".
Tengo la impresión que asegurar "el buen uso" de algo tiene que referirse a una regla ética y poco sabemos que significa la expresión anterior si antes no nos concretan que el significado de buen uso