El Tribunal de Cuentas detecta impagos en 5.846 créditos ICO de la pandemia que el Gobierno avaló con 267 millones

Fuente: Tribunal de Cuentas
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El Tribunal de Cuentas ha detectado impagos en 5.846 concesiones de créditos ICO por un valor total de 339,14 millones de euros que el Gobierno avaló con 267,15 millones de euros. Estos impagos han sido comunicados por las entidades bancarias y el Gobierno, al avalar estas operaciones, tendrá que hacer frente a estas pérdidas. Así lo determina un informe del Tribunal de Cuentas, donde se analiza la concesión de avales del ICO hasta octubre de 2021. 

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El informe destaca que estas 5.846 concesiones de créditos ICO, pertenecen a 5.082 clientes, siendo los importes totales de la financiación obtenida en estas operaciones de 339 millones de euros y el del aval de 267 millones de euros. El documento apunta que al terminar el estudio, el importe total abonado en concepto de avales ejecutados ascendía a 30 millones de euros. 

Los avales ejecutados ascienden a 30 millones de euros

Sin embargo, advierte que “la mayor parte de las operaciones fiscalizadas se encontraban aún en periodo de carencia”, por lo tanto, apuntan que los datos que obtuvieron sobre los impagos no implican “que el riesgo de impago o la morosidad en las operaciones avaladas vaya a ser bajo, sino que la ampliación y generalización de los plazos de carencia hacen previsible que la relevancia de estas situaciones se pueda empezar a manifestar a partir del año 2022”.

  • ¿Qué es el periodo de carencia? Es una ampliación que se concede a los prestatarios de los créditos ICO para extender sus obligaciones de pago hasta un máximo de 24 meses. Estos créditos se pidieron entre los meses de abril y junio de 2020, por lo que en el segundo trimestre de este año 2022 finaliza el plazo.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas hace referencia al Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España aprobado en otoño de 2021, ya que coincide con su análisis. En él se advierte de “los graves riesgos de las operaciones avaladas por el ICO”, ya que “la elevada presencia de deterioro crediticio en los clientes con estos avales sugiere que el riesgo de las operaciones podría materializarse en mayor medida, una vez el periodo de carencia expire”.

El Tribunal de cuentas detecta “incongruencias” en 5.883 créditos ICO

Durante su fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado “incongruencias” en los datos de las Líneas Liquidez e Inversión. Sobre todo en la clasificación del tipo de cliente (como pyme o no pyme, empresas o autónomos, sociedades anónimas o limitadas, etc.), en la fecha de constitución o inicio de la actividad y en la facturación y activos de las empresas. 

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Sobre estas incongruencias, el organismo fiscalizador pone de manifiesto que hay un total de 3.022 operaciones correspondientes a 1.180 clientes, por unos importes totales de financiación y de aval de 1.839.514.518 euros y 1.466.354.048 euros, respectivamente, que no deberían de haber sido elegidas dentro de la categoría pyme, ya que esas empresas no eran pymes. 

También advierte de que 2.861 operaciones de 1.443 clientes fueron incorrectamente asignadas, ya que eran pymes, pero se les financió como si no lo fueran. El importe de financiación de estas operaciones ascendió a 1.575.893.298 euros y el del aval a 1.050.544.299 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia que en estas 5.883 operaciones “no deberían haber sido elegibles en el subtramo en el que se formalizaron y debieron haberlo sido en el subtramo correspondiente si reunían las condiciones para ello”. 

Se concedieron 8 millones en créditos ICO y 6 millones en avales a 12 empresas que no cumplían los requisitos

En esta verificación, el Tribunal de Cuentas ha advertido que se concedieron 8 millones de euros en crédito y 6.845.200 euros en avales correspondientes al tramo turismo de la línea ‘Liquidez’ a 12 empresas que no tenían derecho para ello al no ser pymes, la condición para poder acceder a ese módulo.

Este tramo se aprobó exclusivamente para pyme, por lo que señala el Tribunal de Cuentas que, en este caso, estas empresas no solo estarían mal clasificadas como pyme, sino que, además, no deberían haberse concedido esos avales.

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Fuentes
  • Informe Tribunal de Cuentas