El Tribunal de Cuentas halla defectos en contratos de emergencia aprobados durante la pandemia

El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el jueves 27 de enero de 2022 el segundo informe de fiscalización de contratos para gestionar la pandemia celebrados en 2020. En este,sostiene que en la mayoría “no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa”, es decir, que se han realizado sin concurso. En total, audita 134 contratos tramitados con procedimiento de emergencia por un importe aproximado de 11 millones de euros.

El órgano fiscalizador tiene en cuenta “la situación de emergencia” vivida, pero cree que “esta omisión no debería ir más allá de los supuestos en que la emergencia sea tal que impida realizar el más mínimo trámite”.

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La tramitación de emergencia es un sistema excepcional que permite adjudicar contratos rápido, sin abrir expediente y con poca transparencia. Está limitado a tres supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. La Fundación Civio ya publicó una investigación en la que desveló que cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados de emergencia en 2020 utilizando este sistema de la Ley de Contratos. 

Por ahora, el Tribunal de Cuentas ha adelantado información al respecto de este informe, pero no lo ha publicado en su totalidad. Los informes íntegros estarán disponibles en unos días, indica a Newtral.es.

Las deficiencias encontradas en los contratistas

Aunque reconoce que las entidades y organismos fiscalizados actuaron dentro de la legalidad, también critica que en muchos de ellos no se hayan comprobado la capacidad de los adjudicatarios para llevar a cabo el objetivo de acuerdo con la administración pública. 

Entre los aspectos que quedaron sin analizar el Tribunal de Cuentas destaca la solvencia económica, financiera y técnica de los contratistas. Según señala, “en un número significativo de casos” tampoco se tuvo en cuenta si las prestaciones del contrato eran a las que se dedica la empresa adjudicada, su objeto social.

Contratos de 13 entidades, entre ellas el Banco de España o la CNMV

En este segundo informe, el primero fue publicado en octubre de 2021, el Tribunal ha fiscalizado los contratos realizados por 13 entidades, estas son: la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear, la Corporación RTVE, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la Imprenta de Billetes, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional del Prado y la UNED.

El órgano fiscalizador realiza este análisis por iniciativa propia dentro de un programa de control más amplio, indica. Así, para 134 contratos, sostiene que las entidades debieron comprobar la solvencia de las empresas, salvo que este análisis fuera incompatible con la urgencia del contrato, aunque si eso ocurre debería quedar acreditado.

En cuanto al hecho de que no consten las solicitudes de varias empresas en las ofertas, lo que en opinión de órgano “habría constituido una buena práctica”, también recomienda que se “soliciten ofertas de diferentes licitadores, y, en su caso, negocien los términos del contrato susceptibles de ello”.

Otros incumplimientos en el informe anual de 2019 de las CCAA

Además del informe de fiscalización de contratos de emergencia celebrados en 2020, el pleno del 27 de enero también aprobó los informes anuales de fiscalización de 2019 de cinco comunidades (Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia, La Rioja y Extremadura) y Ceuta y Melilla. 

De este informe se extrae que ha habido “incumplimientos del principio de anualidad presupuestaria debido a la falta de imputación de gastos de naturaleza sanitaria y farmacéutica”, es decir, que no se han incluido esos gastos en sus presupuestos. Esto ha ocurrido, especialmente, en Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Según el análisis del Tribunal de Cuentas, todas las regiones presentaron inexactitudes en su estado financiero en 2019. Las más relevantes fueron las de Murcia, cuyo saldo después de este estudio pasaría a ser negativo por un importe de 1.227 millones de euros.

Además, todos los Gobiernos autonómicos han incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados en 2019 y todos, excepto el de La Rioja, han incumplido la regla de gasto, es decir, la cifra que fija el límite de gasto no financiero que pueden hacer el conjunto de las administraciones.