El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por mayoría la ley de la eutanasia tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario Vox en el Congreso.
Como indican en un comunicado, el TC reconoce así el derecho de autodeterminación para decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes. Los dos magistrados que han emitido votos particulares contrarios al resto son los conservadores Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera.
Contexto. Vox presentó en junio de 2021 un recurso al Tribunal Constitucional para solicitar “la suspensión cautelar de la norma dado que es evidente que los daños que se produzcan son de carácter irreparable”, ya que la ley que regula la eutanasia, en su opinión, suponía una “colisión con el derecho fundamental de la vida”. Posteriormente, el PP también presentó un recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución por parte de este organismo.
Entrada en vigor de la ley. El 25 de junio de 2021 entró en vigor en España la ley que regula la eutanasia como un derecho que “toda persona” tiene a “solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”, siempre que se cumplan una serie de requisitos como sufrir una “enfermedad grave e incurable” o “un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”.
Qué dice el Tribunal Constitucional sobre la eutanasia
El TC ahora debe redactar y publicar la sentencia con los argumentos por los que ha desestimado el recurso de inconstitucional presentado por Vox, así como los dos votos particulares. Estas son algunas de las claves que han recogido en el comunicado público con la decisión del pleno del Tribunal Constitucional sobre la ley de la eutanasia.
Este órgano sostiene que la Constitución Española sí da cobertura a este derecho subjetivo como derecho de autodeterminación de la persona para que pueda decidir el modo y el momento de su muerte (artículos 15 y 10.1 de la CE). Y que no se puede aceptar el marco de análisis que propone Vox considerando “única y aisladamente” el derecho fundamental a la vida.
En esta línea, afirman que el respeto a la autonomía de la propia vida “debe ocuparse de las situaciones de sufrimiento extremo objetivo” que la persona considera intolerable porque afectan al derecho a la integridad personal en conexión con la dignidad humana. Esto “demanda a los poderes públicos el deber de habilitar las vías necesarias para permitir la ayuda de terceros en contextos eutanásicos porque de otra forma, podría abocar a la persona a una muerte degradante”.
Qué dice el constitucional sobre la objeción de conciencia
Sobre el artículo 16 que regula la objeción de conciencia del personal sanitario directamente implicado en la eutanasia, el Constitucional está de acuerdo con que se tenga que informar de la objeción de forma anticipada y por escrito, así como la creación de un registro de objetores que permita facilitar a la administración sanitaria la organización y la eficacia del derecho a morir.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional replica a Vox que la ley de la eutanasia contempla que el ofrecimiento de cuidaos paliativos mientras el praciente está en proceso de solicitud de la prestación, pero considera que “el tratamiento paliativo no constituye una alternativa en todas las situaciones de sufrimiento” a las que se refiere la norma que regula la eutanasia.
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Votos en contra. Por su parte, los dos magistrados que han votado en contra entienden que la sentencia excede el alcance y los límites del control que le corresponden al constitucional y objetan que la norma tiene múltiples imprecisiones.
Qué recurrió Vox como inconstitucional
Los diputados de Vox presentaron, como grupo parlamentario, una impugnación al conjunto de la ley de la eutanasia y a trece de sus preceptos ante el Tribunal Constitucional.
La impugnación general se basa en dos motivos, por un lado se sostienen en el procedimiento de elaboración y aprobación parlamentaria de la ley, que lo definen como “un fraude de ley” al elaborar la norma como una proposición de ley orgánica. Y por otro lado, recurren que “el derecho fundamental a la vida tiene naturaleza absoluta, es indisponible y el Estado debe protegerlo incluso contra la voluntad de su titular”. Así, los 52 diputados aseguraban que la eutanasia o derecho a morir no puede ser regulada y que carece de fundamento constitucional.
