Desde que circulase en redes sociales y en distintos medios el vídeo en el que se veía cómo unos ciudadanos aparentemente extranjeros se desplazaban desde Islas Canarias hasta Granada en avión, las críticas y acusaciones dirigidas al gobierno no han parado: Sobre la organización de estos vuelos, sobre si esas personas tenían documentos en regla o si se les había realizado una prueba PCR.
Desde el Ministerio de Interior se emitió un comunicado afirmando que “no organiza, ni gestiona, ni financia traslados de migrantes desde Canarias hacia la Península”. Una versión similar a la ofrecida por la subdelegación del Gobierno en Granada, que aseguró que “en ningún momento ha fletado un avión, ni ha trasladado a nadie a Granada”. Además, el Ministerio de Inclusión también han asegurado a Newtral.es que ellos “no tienen relación” con ese vuelo.
Por otro lado, el vicepresidente de la Junta de Andalucía se quejó de que se hubiese realizado este traslado sin previo aviso. A las quejas también se unió el alcalde de Alicante, que pidió al Gobierno que aportase “información detallada y precisa” sobre estos traslados; y el Sindicato Unificado de Policía, que pidió explicaciones tanto al Ministerio de Inclusión como al de Interior. En el Congreso, la oposición ha pedido explicaciones al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria, aunque no ha podido preguntar al ministro de Interior, porque se encontraba en un acto.
¿Se están trasladando extranjeros desde Canarias a la península?
Sí, pero son traslados “puntuales” de personas que cumplen ciertos criterios de vulnerabilidad. A pesar de que en un primer momento el Ministerio de Inclusión negó estos traslados, este mismo ministerio ha confirmado posteriormente a Newtral.es la realización de los mismos.
Además, el propio ministro, Jose Luis Escrivá, reconoció el traslado de ciudadanos extranjeros vulnerables, o que solicitaban asilo, en su intervención en el Nueva Economía Fórum el pasado 14 de diciembre. Y calculó que éstos suponían entre el 10% y el 15% del total de inmigrantes que llegan a Canarias.
Desde Inclusión señalan que “a priori, las competencias del Ministerio de Inclusión solo incluyen la acogida de personas vulnerables y de personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional”. Sin embargo, explican también que, actualmente “dado el cierre de fronteras por la COVID, se ha hecho una interpretación extensiva de nuestras competencias y estamos dando plaza en nuestro sistema a personas que a priori no cumplen estas condiciones”.
¿Cómo se están haciendo estos traslados?
Pasadas las 72 primeras horas tras la llegada a costas y previa PCR, Inclusión identifica a las personas migrantes de las que se puede hacer cargo según sus competencias. De los extranjeros llegados a Canarias, este ministerio identifica a aquellos que han solicitado protección internacional y que cumplen con los criterios internacionales de vulnerabilidad establecidos en el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Una vez identificadas estas personas, Inclusión se lo comunica a Interior para que se autorice su traslado a un sistema de acogida más adecuado. Por ejemplo, explican desde el ministerio, “es habitual que cuando llega una mujer con un menor sea trasladada a un recurso en el que haya más mujeres con menores”.
¿Quiénes pueden ser trasladados?
En su intervención, Escrivá afirmó que su ministerio se “ocupaba” de los extranjeros con condiciones vulnerables, o que solicitaban asilo, que llegaban a Canarias. Una vez identificadas estas personas “las distribuimos por toda España donde pensamos que pueden estar mejor acogidas”, aseguró el ministro.
Como comentábamos anteriormente, desde este Ministerio han explicado a Newtral.es que “a priori” sus competencias solo incluyen “la acogida de personas vulnerables y de personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional”. Sin embargo, también afirman que actualmente, “dado el cierre de fronteras por la COVID”, se ha hecho una interpretación extensiva de sus competencias “y estamos dando plaza en nuestro sistema a personas que a priori no cumplen estas condiciones”.
Los criterios para establecer qué personas pueden ser consideradas vulnerables están establecidos, según explica el ministerio, en el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), gestionado conjuntamente por la Comisión Europea y los Estados Miembros. Y una vez son detectadas las personas que cumplen estos criterios se solicita al Ministerio de Interior “que autoricen su salida a otro recurso del sistema de acogida más adecuado”.
Así, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que “a las personas que no cumplen esos criterios no los derivamos, están ahora mismo en nuestro sistema de acogida en Canarias”. Por tanto, insisten en que “las derivaciones son puntuales y de personas que cumplen los criterios de vulnerabilidad y/o solicitan protección internacional”.
Desde este ministerio no nos han podido dar una cifra de cuántos ciudadanos extranjeros han sido trasladados. Sin embargo, Escrivá aseguró en la intervención mencionada anteriormente que los ciudadanos extranjeros distribuidos a otros puntos de España “son el 10-15% de los que están llegando” a Canarias.
En el último mes llegaron a Canarias 8.157 inmigrantes por vía marítima, según se puede extraer de la diferencia entre el Informe Quincenal sobre Inmigración Irregular de la última quincena de noviembre y el de la última quincena de octubre.
¿Qué papel tiene el Ministerio de Interior?
Las principales quejas realizadas por diferentes políticos por estos traslados de extranjeros se dirigían al Ministerio de Interior. Sin embargo, desde este ministerio aseguraron en diferentes ocasiones a Newtral.es que “el Ministerio del Interior ni gestiona ni organiza traslados” y que toda su participación se limita a la autorización de los traslados explicados anteriormente.
Desde el ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska explican a Newtral.es que “los únicos traslados que gestiona Interior son los de migrantes devueltos a sus países de origen (repatriaciones)”. Además, aseguran que las repatriaciones de personas que están en Canarias “se producen desde ahí” y que no habría un traslado previo a Centros de Internamiento de Extranjeros peninsulares.
Preguntados por si el Ministerio de Interior ofrece algún tipo de apoyo al Ministerio de Inclusión, desde Interior afirman rotundamente que “no”. Además, sobre el apoyo de miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia para “el control a realizar a la entrada de extranjeros” en los vuelos procedentes de las Islas Canarias, desde este ministerio afirman que “son controles que se realizan habitualmente”.
Contratos para la repatriación de ciudadanos extranjeros
En la Plataforma de Contratación del Sector Público se puede encontrar un contrato vigente para el “transporte aéreo de pasajeros para traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia” emitido por el Ministerio de Interior.
Este contrato, publicado en el BOE el 23 de diciembre de 2019, tiene una validez de 18 meses y fue adjudicado por 9,9 millones de euros. Desde Newtral.es nos hemos puesto en contacto con una de las aerolíneas a las que se adjudicó este contrato, Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A., que afirmó que no puede responder a si se están realizando traslados de ciudadanos extranjeros de Canarias a la península “por la cláusula de confidencialidad del contrato”.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato aparece la opción de que se traslade a ciudadanos extranjeros “para su ingreso en Centros de Internamiento de Extranjeros o que estando ingresados en dichos Centros deben ser trasladados a otros Centros”. Sin embargo, desde el Ministerio de Interior explicaron a Newtral.es que este contrato versa sobre la repatriación de ciudadanos extranjeros y aseguraron que no se están realizando traslados de ciudadanos extranjeros de Canarias a la península amparándose en este contrato.
Este contrato no es una novedad. Buscando en la Plataforma de Contratación del Sector Público se puede encontrar un contrato similar que entró en vigor en 2016 y que fue adjudicado a tres aerolíneas por 10,8 millones de euros.
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