Las organizaciones reclaman la apertura del Registro Mercantil, pendiente de que se aplique la directiva de la UE

transparencia Registro Mercantil
Fuente: Symbiot | Shutterstock
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial con el que busca reducir trabas para la creación de empresas en España, como por ejemplo, la creación de una compañía con tan solo un euro. También quiere impulsar el crecimiento empresarial y reducir la morosidad.

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Además de este nuevo cambio para facilitar la vida de las empresas, las organizaciones en favor de la transparencia están pendientes de otro cambio que consideran urgente: la apertura del Registro Mercantil.

Desde hace al menos seis años, organizaciones como Access Info Europe piden al Gobierno y a la Comisión Europea que hagan abiertos y de acceso libre estos datos para luchar contra la corrupción.

La Directiva sobre Datos Abiertos de 2019, que considera los datos de propiedad de las empresas como un “conjunto de datos de alto valor”, lleva dos años sobre la mesa sin que los gobiernos hayan facilitado en abierto la información sobre los datos de propiedad y de la estructura corporativa.

Las organizaciones defienden que disponer de esta información es clave, pero la Comisión señala que necesitan esos ingresos para mantener los registros y que además hay problemas de protección de datos.

El retraso en la transparencia del Registro Mercantil en España

Para acceder a los datos de una empresa en España hay que pagar por cada consulta y registrarse con una cuenta para recibir la información y tramitar el pago. 

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La información que ofrecen otros países sobre sus compañías es muy diferente. El ingeniero Jaime Gómez-Obregón hizo el ejercicio de comparar el acceso al Registro Mercantil británico con el español y llegó a la conclusión de que “como español, accedo antes a los datos de la peluquería que un inmigrante iraní ha abierto en Escocia, que a los de cualquier pyme de mi barrio”, como contaba en su cuenta de Twitter

Aunque España también se ha comprometido a la mejora de este mecanismo, el Ministerio de Justicia aún no ha comenzado con los trámites para la transposición de la directiva europea. El 1 de junio debía comenzar el plazo para cumplir este compromiso y con fecha de finalización plazo el 31 de julio, como consta en el Plan de Gobierno Abierto 2020-2024.

El último documento que encontramos en el plan y que habla del registro es el Informe de Revisión del Plan de Acción: España 2020-2024, donde el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) ha emitido una revisión técnica del plan de acción. Así, el IRM destaca que “la apertura del registro mercantil y su gratuidad supondría un avance sustancial”, pues con ellos “removería una barrera económica importante” que permite “identificar intereses privados que pueden tener relación directa con la toma de decisiones, la gestión de dinero público, o en procesos de contratación pública”. 

El debate europeo sobre abrir o no los datos

La Comisión Europea aún está estudiando esta situación, ya que en una evaluación de impacto a la que Access Info ha tenido acceso a través de una solicitud de transparencia indican que hay datos de alto valor que pueden perjudicar a las empresas si se abren de forma gratuita. 

Como apuntan las organizaciones, la Directiva europea (UE) 2019/1151 de junio de 2019 establece que para el 1 de agosto de este año los Registros Mercantiles ya deben ofrecer datos básicos de sociedades y que para 2023 la presentación en línea de documentos y que pueda verificarse electrónicamente el origen y la integridad de los documentos presentados en línea.

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En aras de la transparencia y de la protección de los intereses de los trabajadores,  acreedores y accionistas, la directiva detalla que inversores, accionistas, socios empresariales y autoridades puedan acceder fácilmente a la información societaria,  y para mejorar el acceso a esa información, establece que se facilite más información gratuita en todos los Estados miembros. 

Entre otras, debe figurar la información sobre el estado de una sociedad, datos sobre sus sucursales en otros Estados miembros, así como información relativa a las personas que, como órgano o como miembros del mismo, están autorizadas a representar a la sociedad. 

“Si no conocemos, por ejemplo, quiénes son los beneficiarios últimos de las empresas, nos privan a la sociedad civil de las herramientas necesarias para ejercer nuestro rol de control en la lucha contra la corrupción”, señaló Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.

Thom Townsend, director de Open Ownership, también considera que “es evidente que el costo de la publicación de esta información esencial es mínimo en comparación con los importantes ahorros económicos y los inestimables beneficios sociales que se obtienen al evitar el fraude y la corrupción”, como recoge la organización.

El acceso a la información en el Registro Mercantil 

El Registro Mercantil es una corporación de derecho público dependiente del Ministerio de Justicia que centraliza, ordena y da publicidad informativa de los datos de sociedades y entidades jurídicas. En concreto, es “un instrumento de publicidad para la seguridad del tráfico jurídico mercantil”. 

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Tanto empresas como personas individuales pueden solicitar y acceder a esta información pero requiere el pago de tasas, según los documentos que se reclamen. Información como quiénes son los socios de una compañía, cuál es su capital social, qué deudas tiene, qué personas lo administran, entre otros detalles. Ya que pueden solicitarse certificaciones como los estatutos sociales o las cuentas anuales de la compañía correspondiente. 

Por ejemplo, para acceder al depósito de empresas de una compañía hay que abonar una tasa aproximada de 9,6 euros.

José Miguel Tabares, portavoz de los Registradores de España, explica a Newtral.es que este sistema permite tener cualquier documento en segundos y que es la vía de financiación del registro. De otra manera sería trasladar el coste a las empresas o que el Estado lo asuma a través de los Presupuestos Generales del Estado. Así, comenta que el sistema español les parece correcto.

OpenLux: el coste de conocer la información de las empresas

La investigación sobre las sociedades registradas en Luxemburgo conocida como OpenLux, desarrollada por Le Monde, que ha recopilado los datos y que han sido analizados por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), impulsó el movimiento en favor de la apertura de los registros mercantiles en Europa.

“Reducir costes y facilitar el acceso a la información es siempre beneficioso para la  transparencia”, aseguran desde la Fundación Hay Derecho. 

No se trata de protección de datos, añaden, sino de facilitar información exhaustiva y accesible sobre las sociedades, que para la UE constituye uno de los requisitos previos para “el funcionamiento eficaz, la modernización y la racionalización administrativa de un mercado interior competitivo y para garantizar la competitividad y credibilidad de las  sociedades”, detallan desde la fundación a Newtal.es.

Desde Access Info explican que la protección de datos personales no es un problema ya que los que tienen recursos para pagarlo sí pueden acceder a ello y que esa protección debe existir en todos los casos. 

En su opinión, el Estado debe invertir más en el registro para poder abrirlo y asegurar esa transición, ya que los beneficios que van a resultar de publicar esta información son mayores. “Mejorar la corrupción y la confianza en el mercado económico de España es esencial, el coste de la corrupción ha sido enorme”, sostiene Helen Darbishire, directora de Access Info.