Tras la muerte de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III de Inglaterra, una de las primeras decisiones que tomó el nuevo soberano en la ceremonia de proclamación del pasado sábado ante el consejo fue la disposición de continuar con “la tradición” de entregar los ingresos de su herencia, incluido el patrimonio de la corona, “a mi gobierno para el beneficio de todos”. A cambio, afirmaba Carlos III, “de la subvención soberana, que respalda mis deberes oficiales como jefe de estado y jefe de nación”
A pesar de contar con la exención de las leyes relativas a la libertad de información, donde se establecen los límites de acceso a la información pública en Reino Unido, la política de la Casa Real británica es “proporcionar información con la mayor libertad posible en otras áreas y rendir cuentas abiertamente por el uso de dinero público”, según consta en su página oficial. Así, la monarquía británica hace un desglose muy detallado de sus cuentas anuales: desde cuánto gastan en agua y electricidad hasta los distintos tipos de vehículos que tienen o el gasto que realizan en vino y licores.
Uno de los datos más destacados en este sentido es el relativo a la Sovereign Grant o Subvención Soberana que recibe del Estado, que este año se ha situado en 86,3 millones de libras, lo que equivale a 1,29 libras por persona en Reino Unido. Se trata de una cantidad que se utiliza para financiar los deberes oficiales del Monarca y mantener los palacios reales. Asimismo, este presupuesto se destina a la renovación del Palacio de Buckingham y a la revisión de los servicios del edificio, como el cableado eléctrico, las tuberías o las calderas.
Esta cantidad ha aumentado casi un 5% respecto al año pasado, cuando la dotación fue de 82,4 millones. En torno al 60% del importe –51,8 millones de libras– se destina a la financiación de los viajes oficiales y el mantenimiento de la propiedad. De hecho, cada visita oficial también aparece registrada en los gastos que hacen públicos. Por ejemplo, el viaje de la reina Isabel II en junio de 2021 para asistir a la recepción de los líderes del G7 tuvo un coste de 31.796 libras.
Las tres fuentes de financiación de la Casa Real británica
No obstante, la Subvención Soberana es solo una de las fuentes de financiación de la persona que ocupa el trono británico. Junto a esta aportación se encuentra el Privy Purse o Monedero Privado, una serie de ingresos que proceden del Ducado de Lancaster –propiedad de la Casa Real británica desde 1399– que se utilizan principalmente para pagar los gastos oficiales que no cubre la Subvención Soberana, normalmente para otros miembros de la Familia Real. De acuerdo con el informe anual del Ducado, a 31 de marzo de 2022 los pagos realizados al Privy Purse se situaron en 20,8 millones de libras. En 2021, esta cantidad fue de 21,6 millones de euros.
Además, la reina Isabel II contaba con una serie de ingresos derivados de su cartera de inversiones personales y propiedades privadas. En este sentido, tal y como recoge la Casa Real británica, la reina era propietaria de Balmoral (Escocia) y Sandringham Estates (Inglaterra), ambas heredadas de su padre.
“Las estimaciones de la riqueza de la reina a menudo incluyen erróneamente elementos que ella tiene como soberana en nombre de la nación y que no son de su propiedad privada”, señalan. En concreto, hacen referencia a las residencias reales oficiales, la mayoría de los tesoros artísticos de la Colección Real y las joyas de la Corona, un patrimonio que no se puede vender, sino que debe pasar al sucesor, en este caso Carlos III, como soberano.
El patrimonio de la corona británica, 7.300 millones de libras
El Crown Estate es lo que se conoce como el patrimonio de la Casa Real británica, el cual es administrado por el Estado y no es propiedad individual del monarca. De manera que no se permite su venta ni beneficiarse de su explotación en términos económicos.
Como explican en su web, tiene un valor de 7.300 millones de libras esterlinas y es administrado por una organización independiente cuyo fin es mantener y aumentar el valor del patrimonio. Además, los rendimientos que se obtengan de la misma se entregan al Tesoro Público “en beneficio de todos los contribuyentes del Reino Unido”
Algunas de estas propiedades son fincas como granjas de carne de vacuno en el norte de Escocia, el parque real Windsor Great Park, centros comerciales en distintos puntos del país, parques eólicos, espacios históricos en Londres, entre otros activos como se puede consultar en este mapa.
El acceso a la información de la Casa Real, una tarea pendiente
Al igual que ocurre en España con la Ley de Transparencia de 2013, Reino Unido dispone de una normativa propia que regula el acceso a la información de instituciones públicas. Mediante la Ley de libertad de información (conocida como FOI por sus siglas en inglés, Freedom of Information) cualquier persona puede realizar una solicitud para consultar aquellos datos que tengan las autoridades públicas en su poder. Estos, del mismo modo que en la ley española, deberán ser proporcionados salvo que se encuentren dentro de alguna de las excepciones previstas en la legislación.
No obstante, la Casa Real no es una autoridad pública en el sentido que aparece recogido en la ley, por lo que queda fuera del cumplimiento de sus disposiciones. De forma específica, la ley menciona los casos en los que se trata de exempt information o información exenta, es decir, aquella que no tiene la obligación de ser facilitada. Entre ellos hay un apartado específico relativo a los miembros de la Casa Real.
Así, la sección 37 de la Ley de libertad de información proporciona una exención absoluta a la información relacionada con las comunicaciones con el soberano, el heredero al trono y el segundo en la línea de sucesión. Algo similar ocurre en el caso de España, donde la normativa incluye a la Casa Real –organismo público bajo la dependencia del Jefe del Estado– como sujeto obligado, pero no a los integrantes de la Familia Real.
Esto significa que cualquier ciudadano que registre una petición de información que vincule a alguno de los seis integrantes de la Familia Real la vea rechazada, porque no existe la obligación administrativa de responder.
La Familia Real y el “derecho a una vida privada”
“Como todos los demás, la reina y los miembros de la Familia Real tienen derecho a una vida privada”, recoge la página oficial de la monarquía británica. En este sentido, la web señala que las exenciones recogidas en la citada normativa relacionadas con los aspectos privados de la vida de las personas, tales como sus finanzas o las actividades realizadas a título personal, “se aplican por igual a la reina y los miembros de la Familia Real que a cualquier otra persona”.
No ocurre lo mismo con los documentos procedentes de la Casa Real que obran en poder de organismos sujetos a la Ley de Registros Públicos de 1958, por ejemplo, los Archivos Nacionales. En estos casos, las solicitudes de información deben hacerse directamente al organismo público que la posee.
Aún teniendo en cuenta las restricciones en el acceso a la información pública que presenta la legislación británica respecto a cuestiones relacionadas con la Casa Real, las consultas que cualquier ciudadano quiera realizar debe ser dirigida por escrito a los organismos específicos que puedan proporcionarla.
Aplicando la ley de igualdad ya para que todos estemos en la misma línea horizontal sin diferencias de ninguna clase...sólo habrá diferenciación, igual que en el resto de la biodiversidad, y en plena homogeneidad...