En 2020 se han publicado más de 2.500 resoluciones de transparencia a las reclamaciones presentadas a las comunidades autónomas, de las cuales más de 1.300 han sido estimadas. Es decir, en un 52% de los casos se ha dado la razón al ciudadano instando a la entidad correspondiente a facilitar la información solicitada.
Pero esta decisión no recae en un único organismo, a diferencia de lo que ocurre con las reclamaciones de la Administración General del Estado, las cuales están centralizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Cómo es la gestión de la transparencia a nivel autonómico? ¿Qué comunidades son menos transparentes? Te lo explicamos.
[El Gobierno no respondió a 386 solicitudes de información
a las que estaba obligado]
El 52% de las resoluciones dan la razón al ciudadano
Cataluña es la comunidad autónoma que más resoluciones ha publicado a través de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, con un total de 706. De estas, 488 han sido estimadas, por lo que cerca del 70% de las veces la entidad a la que se ha solicitado la información no la ha dado cuando estaba obligada a hacerlo.
En el siguiente gráfico se puede observar el número total de reclamaciones resueltas por cada autonomía en 2020, y cuántas de estas han sido estimadas (en todas sus variantes). Se recogen tanto los datos de las comunidades y ciudades autónomas que tienen un convenio con el Consejo de Transparencia como las que lo publican de manera independiente en sus portales.
En segundo lugar, Andalucía ha sido la comunidad que más reclamaciones ha resuelto en 2020. Aunque en este caso, su Consejo de Transparencia ha dado la razón en menos ocasiones al ciudadano: de sus 383 resoluciones publicadas, solo 113 han sido estimadas (30%). En Castilla y León este porcentaje aumenta, ya que hasta el 52,6% de sus resoluciones dan la razón a los ciudadanos.
En cuarto lugar se encuentra Madrid. De las ciudades que tienen firmado un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es la que más reclamaciones recibe. Así, de las 221 resueltas, 119 han sido estimadas.
De todas las comunidades autónomas, las que más resoluciones tienen estimadas respecto al total de las reclamaciones presentadas han sido Galicia y Ceuta, con unos porcentajes del 80% y el 92% respectivamente. Por su parte, las comunidades que en sus resoluciones menos han dado la razón a los ciudadanos han sido Murcia, con el 21% de sus resoluciones estimadas; y Baleares, con el 22%.
La transparencia, competencia autonómica
Cuando un ciudadano presenta una reclamación porque su solicitud de acceso a la información ha sido denegada, no ha recibido respuesta o es incompleta, son las comunidades autónomas las que asumen esta competencia.
Sin embargo, la disposición adicional cuarta de la Ley de Transparencia señala que las comunidades autónomas podrán designar sus propios órganos independientes para desempeñar estas funciones, o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) mediante la firma de un convenio.
El hecho de que este servicio no esté centralizado en un único organismo no tiene por qué implicar una complicación en cuanto a su gestión. “No debería suponer un problema siempre que los órganos autonómicos independientes traten de evitar tener criterios interpretativos distintos y más restrictivos sobre una misma materia. Ello perjudicaría a los ciudadanos, al generar una gran inseguridad jurídica”, señala a Newtral.es Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia.
En la actualidad, son ocho las comunidades y ciudades autónomas que tienen firmado un convenio con el Consejo, siendo este órgano el que se encarga de la resolución de sus reclamaciones. Estas son: Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Tal y como informan a Newtral.es desde la institución, si llega alguna reclamación de otra comunidad autónoma tienen que denegarla o redirigirla a la entidad correspondiente, ya que no tiene la competencia para resolverla.
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