Casa Real ha aplicado todas las recomendaciones que le había hecho el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en materia de publicidad activa en la evaluación de 2022 para cumplir con la ley. En concreto son siete recomendaciones las que ha implementado en su portal web. Esto supone un aumento del 21,4% respecto a las sugerencias aplicadas el año anterior.
Pese a esta nota que el Consejo “valora muy positivamente”, la normativa actual no permite conocer detalles de los propios integrantes de la Familia Real como el coste de la seguridad privada que acompaña al rey emérito en Emiratos Árabes o cuánto dinero tiene la reina Leticia.
Te contamos los detalles.
La transparencia de la Casa Real, a examen
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) evalúa si los órganos constitucionales como la Casa del Rey, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, entre otros, están cumpliendo con las obligaciones que les exige la Ley de Transparencia. No solo respecto a lo que publican en sus portales sino a cómo lo publican.
De esta manera, les da una serie de recomendaciones para mejorar y, posteriormente, juzga su grado de implementación. Así, en el periodo de evaluación de enero a febrero de 2022, Casa Real había aplicado en su portal de transparencia el 100% de lo que le pedía el CTBG. Algunos ejemplos son publicar la ejecución presupuestaria se publique con una periodicidad inferior a un año o difundir las indemnizaciones percibidas por altos cargos por abandono del puesto.
En cambio, cuando esta entidad fue evaluada en enero de 2021, el Consejo le asignó un 78,6% respecto al índice de cumplimiento de sus deberes de transparencia.
Así,sacó a relucir varias carencias en materia de publicidad activa como que gran parte de la información se publicaba sobre la web, por lo que no cumplía con el requisito de reutilización, o que no era posible conocer cuándo fueron actualizados algunos datos al no indicarse la fecha de subida.
Además, el último dato correspondiente a retribuciones y autorizaciones para pasarse a la actividad privada de altos cargos era el de 2019, es decir, llevaba dos años de retraso. Estas cuestiones fueron subsanadas en 2022 según el informe del Consejo.
La Familia Real, fuera del control de la transparencia
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incluye a la Casa Real como sujeto obligado, pero no a los integrantes de la Familia Real.
En este sentido, la Familia Real la componen seis miembros: el rey Felipe VI, la reina consorte Leticia Ortiz, las dos hijas de ambos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Mientras que la Casa Real es el organismo público bajo la dependencia del Jefe del Estado es la Casa del Rey o Casa Real.
Esto significa que, si registramos una petición de información por transparencia que vincule a alguno de los seis integrantes de la Familia Real, es muy probable que sea rechazada porque no existe la obligación administrativa de responder.
En 2020, el Consejo de Transparencia le dio la razón al Gobierno cuando no quiso facilitar a Newtral.es la información sobre los gastos del viaje y la estancia del rey emérito en los Emiratos Árabes Unidos.
Su respuesta fue que el objeto de la solicitud de información no se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Ley de transparencia, dado que no se refiere a las actividades de la Casa Real sujetas a Derecho Administrativo, que son a las que se aplican en la ley. En esta línea, consideraba que la información solicitada se trataba de actividades privadas de un miembro de la Familia Real, pero no de algo relativo a la Casa Real.
Este martes 26 de abril, el Consejo de Ministros ha presentado la reforma del real decreto sobre la estructura y funcionamiento de la Casa del Rey y al que han introducido novedades respecto a la transparencia. Como que el Tribunal de cuentas fiscalice su presupuesto.
Pero, el Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños ha recordado las declaraciones de bienes que están obligados a publicar al inicio y fin de sus cargos se refieren a los altos directivos de la Casa Real, a los altos cargos, a los puestos de alta dirección. Y por lo tanto no a los bienes que puedan tener el rey Felipe VI o la Reina Leticia.
