Qué dice la Constitución sobre la transferencia de competencias en inmigración

Con el fin de sacar adelante la primera votación clave de la legislatura, el PSOE ha firmado con Junts el compromiso para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat a través de una ley orgánica. Sin embargo, el encaje de esta demanda en la Constitución es complejo, como indican a Newtral.es los expertos consultados.

El artículo 150.2 de la Constitución permite el pacto entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont ya que abre la vía al Estado para delegar cualquier competencia. En concreto, el 150.2 expone que es posible “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Sin embargo, el artículo 149.1.2 de la carta magna dice que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado.

Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, explica a Newtral.es esta incongruencia. “El problema es que artículo 150.2 indica que hay unas competencias del artículo 149 que se pueden transferir y otras que no, pero emplea una terminología ambigua o indeterminada” al referirse  al término “por su propia naturaleza”. Para el catedrático, “se trata de un artículo nefasto que debería haber sido suprimido hace mucho tiempo para que no diera lugar a tantos problemas”. 

Para este caso concreto, y siempre desde el punto de vista teórico, “las competencias que afectan directamente a la unidad del Estado y a su soberanía, es decir, las que incluye el artículo 150.2, 150.3 y 150.4 (inmigración, relaciones internacionales y ejército, respectivamente) no se pueden transferir”, asegura Tajadura. “Por tanto, si se desarrolla una ley orgánica del 150.2 para ceder la competencia de inmigración, esta sería inconstitucional”. 

Por su parte, María Garrote de Marcos, experta en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, se muestra cauta sobre el encaje en la Constitución en la transferencia de competencias: “Su constitucionalidad dependerá de cómo se concrete la transferencia en esa ley orgánica”. 

No obstante, De Marcos admite que la terminología del 149.1.2 es “muy genérica” y que “no se corresponde con la realidad actual”. “No cabe duda que la materia de inmigración, aún ejercida de manera exclusiva por el Estado, posee unas características que la convierten en transversal: en la inmigración influyen cuestiones sobre educación, asistencia social o sanidad, en las que las comunidades autónomas sí son competentes”, explica la experta. De hecho, como recuerda De Marcos, “hay cuestiones de las que ya se ocupan los diferentes territorios, como es la primera acogida de los inmigrantes”. 

De esta forma, en la opinión de la experta, hay un “núcleo duro” en la materia de inmigración que debería quedar en manos del Estado y que no podría transferirse por ley orgánica so pena de ser declarada inconstitucional. Por ejemplo, los permisos de entrada, de trabajo, de residencia, la expulsión, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes. 

Los ministerios implicados en la gestión de la inmigración cuya competencia negocia Junts y el PSOE

Interior, Inclusión y Migraciones, Asuntos Exteriores y Juventud e Infancia son los cuatro departamentos con competencias en inmigración, campo en el que también colaboran otros como el de Transportes, al que está inscrito Salvamento Marítimo, encargado de los rescates en el mar.

Ministerio del Interior. El control de las fronteras para gestionar la inmigración depende del Ministerio del Interior y tienen la competencia para ejercerlo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El departamento que encabeza  Fernando Grande-Marlaska, dirige también la colaboración policial con las autoridades de los principales países de origen de los migrantes, como Mauritania, Senegal y Marruecos, para frenar las salidas irregulares. Controla asimismo los Centros de Internamiento de Extranjeros, y se encarga de las devoluciones y expulsiones de los migrantes irregulares.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente, es el encargado de elaborar y desarrollar la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración y de políticas de inclusión. Este departamento gestiona la atención humanitaria y el sistema de acogida de protección internacional, ofrece la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de asilo que carecen de recursos y hace un acompañamiento en su proceso de integración, labor que desarrolla en colaboración con las ONG.

Juventud e Infancia. El Ministerio de Juventud e Infancia, de nueva creación en esta legislatura y liderado por Sira Rego, ha entrado a formar parte de la Comisión Interministerial como coordinador de las políticas de infancia, función que ha servido para apoyar financieramente a las comunidades autónomas que se han ofrecido a acoger niños derivados desde Canarias.

Asuntos Exteriores. Como responsable de la política exterior del Gobierno, el Ministerio que dirige José Manuel Albares tiene la competencia de diseñar la estrategia diplomática del Gobierno, que ha situado al continente africano y a los países emisores de inmigrantes entre sus prioridades. África es un área de atención preferente en la Ley de cooperación para el desarrollo y en su primer viaje oficial de la nueva legislatura Albares visitó Marruecos y se desplazó después a Senegal y Mauritania.