El Ministerio de Interior gastó 2,8 millones en externalizar sus servicios de traducción para migrantes en 2022 y 2023

El grupo empresarial contratado por la Oficina de Asilo y Refugio para realizar los servicios de traducción de las personas migrantes cobra por ello 2.864.441 euros al año. Se trata de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Seprotec y Ofilingua, encargada también de la traducción de escuchas policiales, como informamos en Newtral.es. Así se desprende de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu.

Interior mantiene 83 traductores e intérpretes como personal laboral en diferentes plantillas de la Dirección General de la Policía para traducciones de alemán, árabe, euskera, francés, inglés, italiano, ruso y chino. Para el resto de idiomas “en los que ha sido necesaria la asistencia de servicios de interpretación de declaraciones orales o escritas de personas migrantes”, el Ministerio adjudicó en 2022 los servicios de traducción a este grupo, el único que se presentó al concurso. 

En 2023 se registró el mayor número de solicitudes de protección a la Oficina de Asilo y Refugio desde su creación

En 2023, la Oficina de Asilo y Refugio recibió 163.218 peticiones de protección internacional, máximo histórico desde su creación. El porcentaje de solicitudes que requirieron un intérprete ese año aún se desconoce, puesto que los datos llegan hasta el 31 de marzo, cuando la cifra era 4.318. El año anterior se requirió un intérprete en 16.989 de las solicitudes, un 14% del total. 

A principios de enero de este año volvió a salir a concurso el contrato para los servicios de traducción de la Oficina de Asilo y Refugio, que se encuentra ahora en fase de evaluación de ofertas tras finalizar el plazo de presentación el pasado 22 de diciembre. El Ministerio del Interior ha rebajado el presupuesto un 21% desde los 2,8 millones de la última licitación hasta los 2,3 millones de la actual. 

El Defensor del Pueblo recibió una queja de la APTIJ ante la supuesta falta de protocolos por parte del Ministerio

Como informamos en Newtral.es, la Asociación profesional de traductores e intérpretes judiciales y jurados (APTIJ) registró en 2016 una queja ante el Defensor del Pueblo por la externalización del servicio de traducción e interpretación en sede judicial y policial. 

Según declaró la APTIJ a este medio, “la subcontratación supone una falta de supervisión por parte del Ministerio del Interior cuando las empresas externas se encargan de elegir al personal contratado, algo que puede suponer un peligro asociado a la confidencialidad exigida”. Desde la asociación indican a Newtral.es que a fecha de hoy aún no han recibido respuesta a la queja presentada. 

Además, en 2020, tal y como recogieron medios como El Confidencial, dos empleados de la empresa Seprotec fueron investigados por la Audiencia Nacional de Madrid por extorsionar a las personas investigadas con la información que obtenían de las escuchas policiales que traducían.