La Policía Nacional ha adjudicado a comienzos de este mes de agosto un contrato de 11,9 millones de euros para la traducción de escuchas policiales. Según consta en el contrato, publicado en el Portal de Contratación del Sector Público, el servicio lo ejecutarán las empresas de traducción Seprotec y Ofilingua a través de una unión temporal de empresas (UTE) durante 1 año y 2 meses a partir de octubre de 2023. El objetivo es llevar a cabo escuchas telefónicas que han sido interceptadas, así como la transcripción de cintas de audio u otros soportes electrónicos.
Los idiomas a traducir son nueve en total. Aparte del inglés, la Policía Nacional ha pedido traductores también para el serbio, el bambara, el bengalí, el iraní, el persa, el farsi, el armenio y el igbo. Estas lenguas son propias de los territorios de Serbia, oeste de África, Bengala, Irán, Armenia y Nigeria. Entre los requisitos, las empresas deben asegurar que los trabajadores cumplen con la confidencialidad de los servicios prestados. De hecho, el organismo detalla que las empresas deben “mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer con ocasión de la ejecución del contrato”. También piden la titulación y experiencia propia del idioma que se requiere [página 6 del pdf].
Recurren a la subcontratación de empresas privadas por falta de traductores adscritos al servicio policial
La Policía reconoce en la memoria justificativa del contrato que recurren a la subcontratación de empresas privadas para las escuchas policiales por falta de traductores adscritos al servicio policial [página 1 del pdf].
Desde Newtral.es hemos contactado con la Policía Nacional para averiguar el número de traductores que trabajan para el cuerpo, pero hasta el momento de esta publicación no se había obtenido respuesta. No es la primera vez que este servicio se externaliza, pues se lleva licitando desde 2008, tal y como detalla El País. Según detalla, el incremento del precio para las escuchas policiales se encarece conforme pasan los años. Así, el anterior contrato, adjudicado en 2020, para el periódo de un año, el servicio costó más de 1 millón de euros. Para años anteriores como 2019, este servicio de dos años costó más de 3,4 millones de euros.
Sin embargo, desde la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) , encargados de reunir a profesionales de la traducción en interpretación, aseguran a Newtral.es que recurrir a la subcontratación supone una falta de supervisión por parte del Ministerio del Interior cuando las empresas externas se encargan de elegir al personal contratado. Algo que puede suponer un peligro asociado a la confidencialidad exigida y que, según detallan, podría resolverse si se crease un registro oficial que trabaje de forma transversal en la Administración pública.
- En 2015 salió adelante la Ley Orgánica 5/2015, donde se tenía previsto crear el Registro oficial de traductores e intérpretes del ámbito penal, pero no se ha llegado a sacar adelante, según la asociación. Desde la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) aseguran que “esto hubiera permitido a las administraciones (policía, juzgados, guardia civil, etc.) contar con un pool de profesionales al que poder recurrir directamente sin contar con este tipo de licitaciones millonarias”.
Las traducciones de las escuchas policiales: se desconoce el protocolo que sigue Interior para supervisar a quién están contratando
Según detallan desde la APTIJ, las consecuencias de subcontratar los servicios procedentes de empresas externas para traducir escuchas policiales supone la posibilidad de contar con un personal poco cualificado. “El problema que se ha denunciado en algunos medios en el pasado es que para determinados idiomas y variantes lingüísticas se acaba recurriendo a personas cuyo único mérito es decir conocer estas lenguas y a veces no está muy claro cuál es el bagaje previo de estas personas”.
Además, desde la asociación relatan que “se desconoce qué protocolos sigue el ministerio para verificar si ese personal cumple con los requisitos necesarios para cumplir sus funciones de traducción” y denuncian que “se han llegado a dar casos en los que estas personas tenían vinculación con los propios grupos a los que se realizaban las escuchas policiales”.
Desde Newtral.es nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior y aseguran que los contratos celebrados por el ministerio siguen las disposiciones exigidas por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con lo que respecta al proceso de elección de las empresas contratadas. Inciden en que ellas también deben cumplir con la ley y los pliegos del contrato.
En 2020, tal y como recogieron medios como El Confidencial, dos empleados de la empresa Seprotec, la misma que ahora ha recibido la adjudicación, fueron investigados por la Audiencia Nacional de Madrid por extorsionar a las personas investigadas con la información que obtenían de las escuchas policiales que traducían. Se ha contactado con Seprotec para conseguir declaraciones acerca del caso, pero no hemos recibido respuesta.
El Defensor del Pueblo recibió una queja de la APTIJ ante la supuesta falta de protocolos por parte del ministerio
La APTIJ presentó en el año 2016 una queja al Defensor del Pueblo incidiendo en una supuesta falta de protocolos para verificar la cualificación del personal de traducción.
Desde entonces hasta ahora el Defensor del Pueblo no se ha pronunciado, según señalan a Newtral.es desde la APTIJ. Se ha preguntado al Defensor del Pueblo al respecto y la institución ha contestado que el expediente de la queja emitida por la asociación en 2016 sigue abierto a día de hoy. La Administración General del Estado es consciente de dicha queja, pero no hay ninguna resolución desde 2016.
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