El trabajo en las cárceles se sitúa por debajo del salario mínimo

Las nóminas de los presos que trabajan en las cárceles de España reflejan sueldos de entre 200 y 300 euros al mes, en promedio; y las retribuciones por hora están entre los 3,2 y los 4,5 euros para un operario base, por debajo del salario mínimo interprofesional, fijado en 1.000 euros. Y, sin embargo, hay mucha más demanda que oferta laboral en las prisiones, cuenta Valentín Aguilar, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Para los presos, el trabajo remunerado en las cárceles es un camino hacia la libertad. No solo por el dinero que se puede conseguir, ocupando horas muertas, sino porque en muchas prisiones es visto como un requisito para la libertad condicional. Por eso, una de cada cinco personas presas en las cárceles de España trabaja en actividades remuneradas dentro de las prisiones. 

En junio, por ejemplo, había 11.375 internos empleados en talleres productivos de los 55.097 presos en las cárceles del país, según la respuesta de Instituciones Penitenciarias a varias solicitudes de información vía transparencia. 

La mayoría de los internos que trabajan lo hacen en talleres de servicios o de producción propia, como lavandería, panadería, el economato, mientras que otro grupo colabora con empresas externas, según los propios informes del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE), el departamento de Instituciones Penitenciarias encargado de los trabajos en prisión. 

Estos últimos son los más cuestionados por organizaciones y sindicatos, que durante años han apuntado a los beneficios que estas empresas obtienen por conseguir mano de obra barata y sin tener que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, que corren a cargo de la OATPFE. 

Aunque la ley fija el salario mínimo como parámetro para los sueldos de los internos, rara vez se cumple. “Se les considera mano de obra barata”, resume Aguilar. 

El trabajo en las cárceles: cobrar menos del salario mínimo interprofesional sin todos los derechos laborales 

Hace cinco años, algunas organizaciones lanzaron la campaña #EsclavasEnPrisión, con la que se buscaba lograr mejores condiciones para las reclusas que trabajaban en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a las que consideraban “explotadas por Zara y El Corte Inglés”. En ella, denunciaban que las internas cosían para Zara Home o El Corte Inglés por 0,75 céntimos la hora. 

Poco antes, otro informe de la APDHA cuestionaba las condiciones laborales del trabajo remunerado en las cárceles y las vulneraciones que existen al artículo 25 de la Constitución, que recoge que los presos tienen “derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social”. Ahora, después de que el salario mínimo haya subido cuatro veces en los últimos tres años, “la situación sigue igual”, afirma Aguilar. “​No hay más recursos y se tratan de distribuir entre el mayor número de presos, pero se necesita más financiación”.

En el mes de junio, el suelo medio de los trabajadores penitenciarios era de 300 euros mensuales. Aunque con grandes diferencias entre prisiones como la de Ocaña II, en Toledo, donde las retribuciones medias ascienden a los 464 euros, y la de Brieva, en Ávila, en la que bajan hasta los 179 euros al mes, según los datos de Instituciones Penitenciarias. 

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El Real Decreto 782/2001, que regula la relación laboral de carácter especial de los penados, establece que la retribución “tomará como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento”, pero no exige cumplir con ese mínimo, sino que deja la puerta abierta a que se fije “proporcionalmente al número de horas realmente trabajadas y al rendimiento conseguido”.

“No está nada claro con la jurisprudencia actual que la Administración tenga que cumplir con el salario mínimo. Lo que dice la norma es que se tomará como referencia y eso lo considera cada quien como quiere. Es el único supuesto en el cual no hay un salario mínimo claro, incluso eso podría contrariar normativa de directivas europeas”, señala el abogado de APDHA.

180 empresas colaboran con Instituciones Penitenciarias para emplear a los internos

Instituciones Penitenciarias mantiene acuerdos de colaboración con 181 empresas, aunque la institución adherida al Ministerio del Interior es la única empleadora  de los internos.

Las empresas externas acuerdan los trabajos directamente a la OATPFE, que figura como el empleador, aunque en sus cuentas anuales no aparecen desglosados los ingresos que reciben por parte de estas empresas. “Es una forma también de garantizarse que no van a tener problemas, que en derecho laboral sería una especie de cesión ilegal. La empresa no tiene responsabilidad directa”.  

Tampoco hay sindicatos, una demanda histórica, aunque la ley sí reconoce otros derechos laborales como las vacaciones o el descanso semanal. Además, la norma recoge que los presos tienen derecho a que se valore el trabajo y la laboriosidad para la concesión de beneficios penitenciarios. Eso condiciona que haya muchos que quieran trabajar, pese a que la retribución esté muy por debajo del mínimo.

Aguilar considera que el trabajo penitenciario se sigue viendo como un tratamiento, cuando también es una relación laboral. “Se ve con la participación de empresas externas, en las que se ve clarísimo que hay un interés económico, y lo mismo sucede con la Administración, se sigue utilizando a los presos como mano de obra barata”. 

Cómo se organiza el trabajo remunerado en las cárceles

La mayoría de los presos que trabajan en las cárceles se dedican a labores de mantenimiento o servicios básicos para los propios centros penitenciarios como lavandería, reparto de comidas, peluquería, o limpieza de zonas de uso común en los talleres de servicios. 

En 2020, último año con datos completos, había 11.539 reclusos trabajando en talleres productivos, de media. De ellos, 8.994 lo hacían en talleres de servicios, 2.346 con empresas externas y 199 en talleres de producción propia.